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La lupa sobre la Hidrovía

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El domingo a las 20.35, la Aduana lanzó un comunicado de prensa que retumbó en la agroexportación. En un largo mensaje de Whatsapp informaba sobre una investigación a seis cerealeras por presunta sobrefacturación de importaciones de soja en 2022. Se leyó como un dedo en la llaga para el sector agroexportador santafesino que, junto a la discusión sobre el futuro de la Hidrovía, tomó centralidad política durante la transición presidencial.

Desde ese domingo a la tardecita todo fue sospechas y suspicacias. La poderosa Cámara Aceitera (Ciara) que nuclea a las señaladas Bunge, Cargill, Cofco, Aceitera General Deheza, Dreyfus, Molinos Agro y Viterra (parte de Vicentin), puso a trabajar su capacidad de lobby para demostrar que era algo inventado. “Fue sospechoso comunicar un domingo a la noche que abría una investigación, pero no abrió nada”, sostuvo una fuente al tanto a este medio.

La maniobra, según la agencia del Estado, consistía en importar mercadería desde Paraguay con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países. El valor de la operación documentada en Paraguay era 30% más bajo que el registrado en Argentina. La AFIP presume que el verdadero objetivo de la maniobra era fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial.

En la agroexportación dicen que no tiene contenido y es extemporáneo. Cuando comenzaron a rascar y hablar con Aduana le dijeron que no habría infracciones en Argentina, sino en Paraguay. Días después, la Aduana informó que consiguió dos facturas del año 2019.
El massista Guillermo Michel, titular de la agencia estatal, apuntó directo contra la cámara aceitera: “Esto descarta lo que dijo Ciara. La Aduana es un ente profesional que actúa conforme a la normativa vigente y al intercambio de información internacional”. En el sector dicen con sarcasmo: “Hablan a diario con Paraguay, ¿van a tardar cuatro años en conseguir dos facturas?”.
El Estado jura que hay más de 3.000 operaciones bajo análisis, pero por ahora sólo hubo un comunicado. A Cofco lo multaron por violación del Código Aduanero por $52.278.729. “Se trajo soja por 3.500 millones de dólares y es una multa de 50 millones de pesos, una décima parte de una barcaza de soja”, contó un operador de granos para desacreditar la tesis del gobierno.

La Hidrovía
Quizás sea una cuestión política de fin de ciclo de cubrirse y hasta condicionar al gobierno que viene. Lo que se está discutiendo de fondo es dinero y divisas para el gobierno que salen del corazón agroexportador. Es la torta, el oxígeno de la economía y en tiempo de crisis y cambios se le da otra trascendencia.

Por eso la política santafesina, con el gobernador electo Maximiliano Pullaro a la cabeza, se movió esta semana para lograr más injerencia en la futura Hidrovía que tendrá un nuevo enfoque con el libertario en el poder. “Santa Fe debe tener una incidencia muy importante en el nuevo contrato de concesión y no solo discutir el dragado y el balizamiento, sino además tiene que discutir un verdadero proyecto de desarrollo productivo", afirmó.

La Cámara de Diputados invitó a dirigentes políticos, sindicales y privados con intereses para hablar en audiencia pública. El que fue al hueso fue Leonardo Raimundo, intendente de San Lorenzo a pocos kilómetros de Rosario, polo agroexportador por excelencia. “Es vergonzoso el sistema de acceso de puertos del Gran Rosario, ningún gobierno invierte pero, eso sí, se la llevan toda”, bramó. Ahí está la cuestión de fondo: cuánta recauda el gobierno central y cuánta invierte.

“Por la provincia de Santa Fe sale el 70 % del cereal de la Argentina, y nuestras rutas terminan teniendo tránsito interprovincial e internacional, y nadie le paga eso a la provincia de Santa Fe”, dijo Pullaro después de reunirse con el futuro ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro

Le puso énfasis a la necesidad de infraestructura portuaria, pero se chocó con que no habrá obra pública en la gestión Milei sino a través de privados. Que sea como sea, pero que se haga, dicen. Incluso, las cerealeras se ofrecieron más de una vez a financiar las obras y tener algunos beneficios a cambio.

Quizás en este nuevo esquema terminen estando en el negocio. Habrá que preguntárselo a Mauricio Basso, nuevo secretario de Infraestructura Productiva dentro del ministerio de Producción, un área creada por el radical que seduce al círculo rojo agroexportador. Oriundo de Rafaela, de la familia reconocida por ser dueña de la fábrica de válvulas de motor requeridas en mercados mundiales, ya estuvo en política durante el macrismo.

El abogado fue referente dentro del ministerio de Modernización de la Planificación Estratégica y Coordinación territorial en la Región Centro para País Digital. El puente político lo tiene la vicegobernadora Gisela Scaglia, además de la cercanía que tiene con el gobernador electo.

Con informacion de Letra P.

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