El hito de los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei coincide con el inicio de la segunda fase de un ajuste fiscal sin precedentes en décadas.
Al uso de la motosierra para cortar gastos –incluso prioritarios en alimentación, salud, universidades y ciencia– y al de la licuadora –que hizo papilla jubilaciones y salarios– se sumará ahora el de la maza con la que se desguazará el empleo en el sector público.
El INDEC anunciará este miércoles el dato de desocupación correspondiente al cuarto trimestre del año pasado. Será una foto vieja, descriptiva todavía de la Argentina con creación de empleos mal remunerados que, expresada en el índice anterior de 5,7%, acaso sea el legado más rescatable de la pálida administración de Alberto Fernández.
Las cosas han cambiado mucho desde el 10 de diciembre. La megarrecesión pega fuerte, sobre todo en el mundo pyme, en los medios y en la construcción, sector que, castigado por el freno casi total de la obra pública, perdió nada menos que 80.000 puestos –18% del total– en apenas un trimestre.
Ahora le llega el turno al empleo en el Estado.
Tiempo nuevo
El "Estado presente" mudó de aspiración virtuosa a simple mueca entre el kirchnerismo naciente y el cristinismo crepuscular, como lo prueba la llegada al poder de un hombre que nunca ocultó que lo suyo era más demolición que reciclado. Así, cabe la reflexión sobre el tamaño del empleo público en la Argentina, aunque todo indica que los mazazos que vienen serán poco ponderados.
La Semana Santa parece destinada a dejar más via crucis que resurrección en el mundo del trabajo. Sindicatos potentes del sector estatal como ATE y UPCN temen que entre el martes 26 y el miércoles 27 el gobierno de ultraderecha deje un tendal de despidos.
En concreto se habla de la posible destrucción de una parte de un total de 70.000 puestos de trabajo, cifra que dependerá de los contratos que cada organismo decida no renovar –tras el período de revisión abierto en enero– a su vencimiento este fin de mes. El temor –fundado– es que el Gobierno exija objetivos de recorte con independencia de funciones y grados de importancia.
Insólitamente, en el Estado hay numeroso personal que trabaja de modo precario desde hace cinco, diez o incluso 20 años en dependencias de lo más diversas. Todo ese universo se siente en peligro.
Las muestras gratis de la segunda fase del Caputazo, la del achicamiento de las estructuras del Estado, han sido abundantes. Entre ellas cabe mencionar los fuertes recortes en el PAMI, los 700 puestos en suspenso en la defenestrada agencia de noticias Télam, los 200 despidos en AySA, los 170 del INCAA y los 50 del Enacom, entre otros.
Este martes mismo, el vocero Manuel Adorni anunció sendos mandobles en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y en el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, decisiones que involucran 900 puestos y un supuesto ahorro de 9.000 millones de pesos.
Sobre ese caldo espeso llegarían los anuncios masivos de Semana Santa.
Riesgo calculado
¿Cómo caería en la opinión pública semejante razzia?
Sin dudas, la eventual pérdida de miles o incluso decenas de miles de puestos de trabajo de un plumazo golpearía con dureza a esa misma cantidad de familias, especialmente en el contexto de una economía gélida que dificulta la reinserción laboral. Sin embargo, como la ciudadanía argentina ya ha visto varios capítulos de esta serie, sabe que es probable que la narrativa de "los ñoquis" y "el kirchnerismo" que esquilman a la sociedad cautive a millones de espectadores.
De Carlos Menem en adelante, se sabe que el desempleo es un drama de los desocupados, pero que aun cuando el índice pueda dispararse a dos dígitos cómodos, eso no impide la formación de mayorías electoralmente ganadoras dentro del campo amplio de los incluidos.
El partido de la política en torno al mileísmo no se jugaría en ese terreno, aunque acaso sí en una de sus consecuencias: con más gente sin trabajo, una recuperación tangible de los ingresos entra en la dimensión de lo imposible.
Voces de alerta
Para probar que las palabras cálidas que se prodigaron en El Vaticano el Presidente y el papa Francisco no significan gran cosa, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo del Episcopado, lanzó ayer una dramática voz de alerta sobre la situación social.
Tras repasar las estadísticas de la Argentina de Javier Milei, dicha comisión –formada por laicos– advirtió sobre "un clima de altísima fractura social" y sobre la prevalencia de " un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado".
"Mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados", denunció.
Esto último constituyó el golpe más severo dado hasta el momento al relato del propio jefe de Estado. Este, por caso, pasó de justificar su tolerancia hacia el régimen que beneficia a las empresas ensambladoras de electrónicos de Tierra del Fuego en base a la idea de los "derechos adquiridos" a alegar, advirtiendo acaso que su gestión es una máquina de triturarlos entre jubilados y trabajadores, que pagar menos impuestos es genial. Falló otra vez: el problema con esa industria no son tanto sus ventajas impositivas respecto de la producción en el continente, sino más bien la elevada protección arancelaria de la que goza, cosa que al fin y al cabo son impuestos que paga toda la sociedad.
Hay que destacar que la crítica más articulada y profunda a la trama de intereses que rodea al mileísmo provenga de la Iglesia y no de la política. Tal vez los mecanismos de financiamiento de una y otra expliquen esa diferencia, así como la selectividad oficial para hacer llamamientos a rebeliones fiscales.
El silencio de los inocentes
La palabra de la Iglesia no debería minimizarse dada la capilaridad que conserva en la Argentina más sumergida.
La propia comisión reconoce en su texto que "además de los expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas", el oficialismo conserva respaldo "de sectores de bajos ingresos o incluso los afectados en forma directa por la inflación y recesión".
Otra vez: el clero conoce ese terreno. La percepción, además, se confirma con encuestas como la de Equipo Mide, publicada por Clarín. La misma muestra una sociedad partida en mitades en torno al Gobierno, más allá de que la evaluación de la gestión ya muestre un predominio del debe. La explicación radica en las expectativas que, pese a todo, eligen mantener no pocos humildes, las mayores víctimas del Caputazo.
CON INFORMACION DE MDZOL.COM