El radicalismo reaviva la llama y propone cláusula de garantía para los docentes

El radicalismo presentó ayer, en la Unicameral, un proyecto que busca atar la evolución de los salarios docentes a la inflación, recomponer la caída real de esos ingresos durante diciembre de 2023 y el primer semestre de 2024, y facultar al Poder Ejecutivo a readecuar las partidas presupuestarias necesarias para poder hacer frente a las erogaciones que demandaría cumplir con estas disposiciones.

La intención de la bancada boina blanca es enfrentar al oficialismo provincial con lo que sus propios diputados votaron el último miércoles en la Cámara Baja, cuando el bloque Encuentro Federal ayudó a dar media sanción al proyecto de ley que establece que los salarios docentes (y no docentes) del sistema universitario nacional deberán actualizarse, a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de su sanción, en base a la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período, para quedar luego blindados con una cláusula gatillo mensual que equipare los reajustes al IPC.

De hecho, el proyecto de Brenda Austin replica, en aquel pasaje, de manera casi textual el votado en Diputados, para encerrar al oficialismo en una evidente contradicción si no consigue construir una coartada sólida para votar en contra.

Junto a la firma de Austin, los legisladores radicales Mauricio Jaimes, Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Matias Gvozdenovich, Alfredo Nigro, Daniela Gudiño, Miguel Nicolás, Fernando Luna, Carlos Briner y Víctor Molina pusieron la propia. También lo hizo la legisladora PRO Patricia Botta.

La expectativa del radicalismo es seguir cosechando avales del interbloque hoy, cuando se reúnan las comisiones. Descartan que el Frente Cívico apoyará, y avisan que otros legisladores radicales pedirán adherirse al proyecto en la sesión de esta semana. De conseguir estos respaldos, es posible que la oposición pida el tratamiento sobre tablas.

Además de una suerte de blindaje contra la inflación futura y de recupero del poder adquisitivo perdido entre diciembre del año pasado y el momento de su sanción, el proyecto propone  intangibilidad de las remuneraciones, “a fin de evitar que el salario del personal docente de la Provincia de Córdoba se vea afectado por nuevos descuentos, disminuciones en los cálculos de las remuneraciones, aumento de alícuotas, u otras decisiones administrativas discrecionales que disminuyan el salario neto que perciben los agentes”.

Finalmente, la iniciativa facultaría al Ejecutivo a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para recomponer el salario docente en los términos de la ley, y establece que la Provincia deberá seguir el mismo criterio al momento de formular el presupuesto del año 2025 y subsiguientes, “con especial atención al cumplimiento efectivo de la garantía presupuestaria establecida en el artículo 109 de la ley 9.870”, es decir, destinando como mínimo el 35 por ciento del presupuesto al financiamiento del sistema educativo.

Desde la oposición destacan que, durante los últimos años, el oficialismo ha incumplido sistemáticamente esta disposición, ya que en el mejor de los casos se ha acercado al 30 por ciento, y según la última cuenta de balance solo ejecutó el 25 por ciento.

Al momento de fundar su iniciativa, Austín, vicepresidente de la Comisión de Educación, destacó que el propósito que persigue es  “evitar que futuros conflictos se extiendan tanto en el tiempo y terminen deteriorando aún más el salario docente y, a la vez, contar con una herramienta para recomponer progresivamente la pérdida salarial provocada por la inflación de los primeros meses del año”, y advirtió "los diputados que responden al gobernador Llaryora acompañaron con su voto la iniciativa impulsada por el radicalismo junto a otros bloques en la Cámara de Diputados. Sería contradictorio no hacer lo propio en Córdoba y no seguir el ejemplo de este avance a nivel nacional”.

El proyecto, vale aclarar, operaría fijando un piso para los reajustes salariales, pero no los limitaría, en tanto que todo lo negociado entre el Gobierno y el sindicato por encima de la garantía legal resultaría válido

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.