La Justicia define si frena el desmantelamiento del Gobierno a programas de ayuda a víctimas de violencia de género

La Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza con miras a resolver en los próximos días si mantiene o no la medida cautelar contra el Gobierno de Javier Milei, que busca desguazar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia a través del recorte de recursos humanos e infraestructura institucional. 

Se trata de una acción judicial inédita contra la actual administración impulsada por el equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres por Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer quienes además reclamaron la renovación de los contratos vencidos al 30 de junio de 2024.

Si bien el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, negó el cierre de la Subsecretaría, según consta en la resolución, la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona no aportó pruebas para acreditar el cumplimiento de los derechos para mujeres, niñas y adolescentes con la nueva organización. 

En esa línea, tampoco informaron “en qué consiste la reorganización a la que alude ni de qué manera esa nueva estructuración permitiría cumplir el deber de garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad”.

La causa data de julio del año pasado. Sin embargo, el 30 de diciembre el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Alonso Regueira hizo lugar parcialmente a una medida cautelar y le prohibió al Ministerio de Justicia avanzar en la reorganización de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. La decisión judicial implicó un paso clave en la protección de los derechos de las mujeres, ninñaas y adolescentes.

Ese mismo día, el Ministerio de Justicia apeló la decisión del juez Regueira al sostener que carece de fundamentos suficientes que justifiquen la decisión, que no se evaluó “el marco fáctico y jurídico que rodea la controversia” y que la cautelar resulta ser de cumplimiento imposible y objeto abstracto, pues se dispone “no innovar en el ámbito de una Subsecretaría que en la actualidad no existe”.

Finalmente, el magistrado Enrique Lavié Pico habilitó la feria judicial para el tratamiento de dicha apelación y serán los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Moran y Rogelio Vincenti quienes tengan la última palabra.

Además de la reducción de personal en la línea 144, la decisión del Gobierno también afecta al Programa Acompañar cuyo acceso, según las organizaciones denunciantes, se volvió más restrictivo al solicitar la denuncia penal como requisito previo para acreditar la situación de violencia cosa que puede desalentar a la mujeres a solicitarlo.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM