Juicio político a Javier Milei: la radiografía de los votos en la comisión clave

"¡La Argentina liberal crece!", así dio inicio el mensaje de Javier Milei antes de promocionar la criptomoneda $LIBRA, sin saber que él y su entorno recibirían una denuncia penal, así como también el resonado pedido de juicio político. Qué debe ocurrir para que este procedimiento avance contra el presidente y cuántas probabilidades hay de que prospere. 

Las oposiciones más dialoguistas, es decir, el PRO y el sector de la UCR contrario a Martín Lousteau, no están de acuerdo con esta "loca aventura del juicio político", según dijeron MDZ. Sin embargo, tampoco pretenden quitarle gravedad ni dramatismo a lo ocurrido: el propio mandatario promocionó una cripto que generó un boom financiero y luego explotó en los bolsillos de 40.000 inversores de diferentes partes del mundo.

Esto vino como anillo al dedo para Unión por la Patria, que busca impulsar este proceso de destitución a partir del pedido del diputado socialista Esteban Paulón; quien además denunció al mandatario por presuntas violaciones a la Ley de Ética Pública y la de Entidades Financieras. A su vez, el legislador Nicolás del Caño exige que brinde explicaciones en cadena nacional, mientras el presidente graba un video que saldrá esta noche; y Lousteau con su bloque planteó la necesidad de una Comisión Investigadora.  

Para realizar un juicio político, se debe comprobar que el acusado -en este caso el presidente- tuvo un mal desempeño de las funciones, consumó un delito en el ejercicio de sus funciones y/o realizó crímenes comunes. Desde su entorno insisten en que no se violó la Ley de Ética Pública, y que "se sueña con destituir a Milei desde antes de que asumiera"; aún así, no se oponen a que se investigue legalmente lo ocurrido, con la tranquilidad de que no se habría tratado de una estafa sino la promoción de una cripto sin respaldo.

El primer paso es convocar a la Comisión de Juicio Político en Diputados, que aún no se conformó oficialmente. Siendo  31 diputados, el poroteo clave se articula así: Unión por la Patria tiene 13 legisladores, y el radical Fernando Carbajal los acompañaría. Le faltan dos votos, y uno de ellos podría estar en manos de Emilio Monzó, de Encuentro Federal, quien se mantiene indeciso y en el resto de los bloques crece la esperanza de que se abstenga. 

Paralelo a ello, miembros de Encuentro Republicano Federal insisten en que el presidente dé explicaciones concretas y le brindó una lista de 23 preguntas. El escrito fue firmado por Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, el propio Monzó, Mónica Fein, Esteban Paulón (quien exige Juicio Político) y Natalia de la Sota.

Por el lado del oficialismo, La Libertad Avanza cuenta solo con 4 diputados, a los que se sumarían los 5 del PRO, 2 de la Unión Cívica Radical y uno del MID. Son 12. Los que quedan en el medio son otro diputado de Encuentro Federal (el cordobés Juan Brügge), otro de Democracia para Siempre (Mariela Coletta, cercana a Martín Lousteau), una de la Coalición Cívica (Paula Oliveto) y un misionero de Innovación Federal (Alberto Arrúa).

El proceso de un juicio político
El procedimiento de juicio político en Argentina es, en rigor, un mecanismo constitucional que le permite al Congreso destituir a las máximas autoridades del país, que en este caso sería al presidente, pero también podría recaer en el vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros nacionales y también jueces de la Corte Suprema. 

Dicho proceso da comienzo en la Cámara de Diputados, donde ya parece no tener el apoyo necesario para que prospere. Cualquier legislador, funcionario o particular puede presentar esta denuncia y, acto seguido, se crea la Comisión de Juicio Político, la cual debe analizar la admisibilidad del caso. De considerarlo así, abre un sumario con pruebas testimoniales y documentales.

Un dictamen favorable se conseguirá sólo con una mayoría simple, es decir, más de la mitad de los votos. La primera y gran dificultad para los enemigos del Gobierno se presentaría, a priori, al llegar esta etapa. Diputados del macrismo, radicalismo y oficialismo insisten en que UP no tiene dos votos clave para que avance. 

Si hipotéticamente la Comisión aprueba este procedimiento, asciende a los recintos de la Cámara Baja. En este nivel, la acusación necesitará una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, otro eslabón difícil de conseguir.

El proceso luego pasa al Senado, que con esta mayoría agravada de dos tercios de los presentes lograría la destitución o absolución del acusado. Cuando esto apunta al presidente, el Senado pasa a ser presidido por el titular de la Corte Suprema, que hoy es Horacio Rosatti. 

La Constitución Nacional refiere a este procedimiento de destitución en el artículo 53, que explayándose sobre la Cámara de Diputados, establece: "Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes"

Acerca del Senado, en el artículo 60 se indica: "Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios".

Se especula con que este procedimiento quedará cajoneado en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Muy pocas veces se ha sometido a funcionarios a este juicio y, de hecho, la última destitución ocurrió en 2005, cuando se removió al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, encontrado culpable por todos los cargos de la denominada causa Meller. Hubo un apoyo de 44 senadores, sobre los 56 que estaban presentes.

Se necesitaría que Milei pierda a sus aliados, lo cual por ahora no parece estar cerca de ocurrir. El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, fue uno de los que rechazó esta petición y disparó a través de X: "Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza". 

Los radicales "peluca" y el resto de sus compañeros del bloque liderado por Rodrigo de Loredo en Diputados también anticiparon que no acompañará esta iniciativa contra el presidente. De todos modos, insisten en que la promoción que hizo el libertario de $LIBRA tiene su propia gravedad y no debe ser pasada por alto con liviandad.  

CON INFORMACION DE MDZOL.COM