qué capítulos del acuerdo con el FMI enviará el Gobierno al Congreso

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será enviado al Congreso para que sea aprobado por ley. En lo posible, antes que culmine abril, unos días después de que el propio organismo financiero lo presente en sociedad durante la tercera semana de ese mes, mientras se desarrolle la Asamblea de Primavera conjunta entre el Fondo y el Banco Mundial.

La discusión dentro del gabinete en estos días es si el proyecto que se enviará al Legislativo incluye todos los capítulos del nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas o si únicamente se debatirá en el Congreso el capítulo referido al endeudamiento. Y, como anticipó el presidente Javier Milei el sábado en la Asamblea Legislativa, se discute el traspaso de la deuda del Tesoro (Ejecutivo) al Banco Central, el único capítulo referido puntualmente al pasivo de la Nación.

Teóricamente, el temario que obligatoriamente el Poder Ejecutivo tiene que elevar a consulta al Congreso Nacional. En concreto, la idea que sobrevuela la Casa Rosada es que sólo sea enviado al Congreso Nacional el capítulo donde se habla del dinero que el FMI enviará al país, y que Argentina asumirá como deuda, sea ésta la continuidad del pasivo ya existente con el organismo o nuevos dólares que incrementarían esa obligación en divisas.

Por lo contrario, las nuevas metas de emisión monetaria, superávit fiscal y aumento de las reservas del Banco Central, junto con los compromisos de política cambiaria, no estarían dentro del proyecto de ley que se enviará al Congreso. Para el Gobierno, no está obligado, siguiendo los lineamientos de la legislación vigente. Esta es, la aprobada en marzo de 2021 denominada "Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública", también conocida como la "Ley Guzmán".

Esta ley establece que el Gobierno necesita la autorización del Congreso para emitir o renovar deuda en moneda extranjera que supere el porcentaje máximo previsto en el presupuesto anual. Incluye cualquier programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional también requiere la aprobación del Congreso.

Como esa ley, pese al intento del oficialismo, aún no se derogó (especialmente en el capítulo FMI), debe recurrirse al Congreso. Lo único que hoy podría hacer el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, es apelar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado a mediados del año pasado, por el cual se le autorizó al Ejecutivo la emisión de deuda por unos US$35 billones de pesos. Nada habla de un manejo de deuda externa en dólares, mucho menos de un acuerdo estructural con el FMI.

Este paraguas de legalidad responde más a un reclamo del equipo técnico del FMI que a una voluntad del oficialismo argentino. Es la gente del venezolano Luis Cubeddu, a cargo de la negociación con la Argentina, la que reclamó que en Buenos Aires el nuevo acuerdo sea ratificado por ley, para darle un aval de institucionalidad a la vigencia del programa de Facilidades Extendidas, para no vivir los desagradables momentos del Stand By firmado con Mauricio Macri y sus consecuencias en los años posteriores.

Ese acuerdo prescindió de la intervención del Congreso, y derivó en la pérdida del empleo del entonces director Gerente para el Hemisferio Occidental del FMI, el mexicano- argentino Alejandro Werner. Cubeddu y su gente, incluyendo al sucesor de Werner, el chileno Rodrigo Valdes (afuera de las negociaciones con Argentina), no quieren pasar por lo mismo.

Por lo que se sabe del acuerdo, el organismo que conduce Kristalina Georgieva, debería liberar los fondos ya pagados el año pasado en el marco de programa de Facilidades Extendidas vigente y sumarle el dinero que este 2025 habría que girarle al FMI por la liquidación de los intereses. En total sumarían aproximadamente unos US$11.000 millones (siempre como piso, para el acuerdo), el dinero que necesitan Javier Milei y Luis Caputo para poder levantar una pared de aproximadamente 20.000 millones y comenzar a desmantelar el cepo cambiario hacia el segundo semestre del año.

Sabe Milei que Georgieva lo apoya. Y conoce además la letra fina del acuerdo que está trabado, a partir de la presencia en Buenos Aires de Cubeddu y su gente. También conoce que es necesario un apoyo político de la economista búlgara y la presión del board del organismo para que la nueva versión del acuerdo de Facilidades Extendidas se aplique.

Precisamente esto será lo que el presidente argentino buscará en Washington en las próximas horas. Un hecho que además le servirá para cambiar definitivamente la muy complicada agenda económica de las últimas horas, derivada del evento $LIBRA, para algunos un hecho en el borde de ser una estafa en la que pudiera estar involucrado el propio presidente Javier Milei.

Abultada factura
Esos U$S11.000 millones no son un monto caprichoso. Es el dinero de los vencimientos que el país le debe liquidar al FMI, lo que Argentina ya le pagó el año pasado sin que se hayan concretado los reembolsos comprometidos desde el Fondo, más los pagos que se le deben hacer este año a organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por el primer ítem, en 2025 se le deben liquidar al FMI unos 2.520 millones de dólares en vencimientos de intereses. Por el 2024 Argentina le giró al Fondo unos 2.242 millones. Esto implican unos US$4.762 millones. Si se suman los 3.000 millones que este año se le deben liquidar al Banco Mundial, más otros 2.000 millones al BID, se llega a unos US$10.000 millones de vencimientos durante este año más la herencia del 2024.

En principio, ése es el dinero que se negocia en estos días. Y que, según palabras del propio Javier Milei del sábado pasado “sólo le falta el moño”. Lo que no es una carencia menor. El “moño” es ponerse de acuerdo sobre la política cambiaria, un conflicto que se solucionaría con un acuerdo más corto.

El programa de Facilidades Extendidas, es el tipo de acuerdo que hoy rige las relaciones entre las partes por la deuda vigente de unos US$44.800 millones, y que fue firmado por y Georgieva en enero pasado. Y que tuvo su origen en marzo del 2022 con Alberto Fernández y Martín Guzmán como ministro (que derivó en la crisis terminal entre ambos y el kirchnerismo), acuerdo reversionado en junio del 2023 con Sergio Massa comMilei o ministro plenipotenciario.

Un nuevo programa de Facilidades Extendidas tiene la característica del largo plazo y metas trimestrales, con lo que la decisión de alterar el tipo de cambio a un nivel de mejor competencia que el actual podría no ser urgente. Argentina podría comprometerse al cumplimiento de metas trimestrales como las actuales (emisión monetaria cero, incremento en las reservas del Banco Central y superávit fiscal constante durante años), con objetivos a lograr en el tiempo, en lugar de aplicar un ajuste extremo de manera inmediata, como devaluar.

Un programa de Facilidades Extendidas le permitiría al Gobierno mantener las metas actuales, y dejar que el tiempo le vaya dando la razón al oficialismo libertario, en el sentido de que no es necesario aplicar una liberación del tipo de cambio vía decisión directa o flotación del dólar, bajo la promesa de ir mejorando la relación de la balanza de pagos con el mecanismo de trabajar sobre la competitividad.

El problema de un esquema de este tipo es que el Gobierno no tendría el desembolso de los 11.000 millones de dólares de manera inmediata; sino que sería un esquema de giros por cada aprobación de metas trimestrales y durante un tiempo predeterminado que nunca sería menor a dos o tres años.

Esto implicaría que el dinero no estaría disponible, al menos en su totalidad, de manera inmediata y al comienzo del acuerdo, sino durante diferentes períodos del acuerdo y luego del cumplimiento de metas pactadas. Habría sin embargo un primer desembolso que sumaría todo lo que el país vino pagando desde marzo del año pasado más los intereses de 670 millones de dólares girados el lunes de la semana que terminó; menos los giros que desde el organismo se concretaron en el 2024. En total el año pasado Argentina le pagó en capital e intereses al FMI unos 7.695 millones; y recibió unos 5.453 millones.

Hay que recordar que el acuerdo original firmado por Martín Guzmán en 2022, incluía como compromiso del Fondo, la obligación de liquidarle a la Argentina hasta diciembre de 2024, todo lo que el país debiera pagarle. siempre que desde Buenos Aires se cumplieran las metas pactadas. Como esto sucedió (en líneas generales) en el ejercicio pasado y según las posiciones más duras firmadas por Javier Milei en enero del 2024, el FMI le adeuda a la Argentina unos 2.242 millones en fondos no girados por los cumplimientos de los últimos tres trimestres del ejercicio pasado.

Cronograma de vencimientos
Este dinero debería ser girado a la Argentina de manera inmediata, una vez cerrado el acuerdo. Este dinero iría directamente a las reservas del Banco Central. Como todo acuerdo del tipo Facilidades Extendidas también implica un primer desembolso de fondos frescos, aunque no tan fuerte como un Stand By, igualmente importante, el país podría negociar además del dinero que se debe girar por el 2024, los vencimientos de este ejercicio.

Eran U$S3.330 millones, pero hubo una disminución fuerte por la reducción de las sobretasas que cobra el organismo multilateral. Los otros vencimientos del año caen el 1 de mayo, cuando habrá que pagar unos US$611 millones (US$190 millones menos que antes de la reducción de los sobrecargos); otro en agosto por unos US$632 millones (una baja de US$197 millones tras la modificación de las tasas); y finalmente otros 632 millones el primero de noviembre, con una reducción contra los 830 millones originales sin la quita de intereses.

Como se explicó la idea del Gobierno es que, en la negociación por la primera liquidación del programa de Facilidades Extendidas, se incluya el dinero no pagado por el FMI en el 2024, más todas las obligaciones del 2024. En total sumarían unos US$4.760 millones. Redondeando, 5.000 millones de dólares. Si se habla de un nuevo acuerdo por un piso de 11.000 millones de dólares bajo el esquema Facilidades Extendidas, esos US$5.000 millones serían un monto más que importante dentro del nuevo préstamo en general. Ni hablar para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

Lo mejor para el esquema de Javier Milei es que no implica ningún compromiso de alteración de la política cambiaria, sino el cumplimiento de metas de reservas, emisión y superávit fiscal que los libertarios ya saben que se sobre cumplirán. A valores de cierre de semana, el BCRA muestra reservas por menos de US$29.000 millones, cuando para comenzar con una seria posibilidad de apertura del cepo deberían ubicarse por arriba de los US$35.000 millones. Y de una manera lenta y pausada.

Esos US$5.000 millones del FMI, con el compromiso de más dinero si el país cumple metas (sin exigencias sobre la política cambiaria), es que casi se acercaría el gobierno de Javier Milei y el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo al umbral de semblanza seria de salir de las restricciones cambiarias, vulgarmente conocidas como cepo. Si a ese dinero se le sumaran unos US$5.000 millones más de incremento de reservas vía mejora en las exportaciones y algún que otro prestamos internacional, la posición mejoraría sustancialmente.

Hay un problema para este esquema. Este año habrá que pagarle a acreedores privados varios, unos US$14.000 millones, incluyendo un mega vencimiento de casi US$5.000 millones en julio, por el pago de los Globales y Bonares. La idea del Palacio de Hacienda es que ese dinero también sea aportado por el FMI.

con informacion de MDZOL.COM