Cristina arrastra al peronismo y degrada hasta el 17 de octubre

POLÍTICA Por Fernando Gonzalez*
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Tomás Chancalay pensó que nada podía ser peor que la noche del lunes 22 de agosto. El extremo izquierdo de Racing ingresó a la cancha cuando empezó el segundo tiempo para ver si podía torcer el mal partido de su equipo. A los pocos minutos, pisó con sus botines a un rival de San Lorenzo y se fue expulsado. Caminó casi corriendo hasta el túnel de salida, mientras los insultos de los hinchas lo empujaban hacia el infierno. Sin embargo, 15 horas después, cuando trataba de olvidar la pesadilla de la derrota, se le llenó el teléfono de mensajes cargándolo porque Cristina Kirchner lo había nombrado en su discurso de victimización.

 
- Chanca, ¿te afanaste la guita con Cristina y Lázaro Báez? -, le grababan audios los compañeros, entre carcajadas.

Nerviosa como muy pocas veces y revolviendo papeles ante las cámaras que preparó en su despacho del Senado, la Vicepresidenta dejó en claro la escasa preparación y el desamparo legal del discurso televisado que dio para responderle al pedido de 12 años de condena a prisión efectiva e inhabilitación perpetua para los cargos públicos que le hizo el fiscal Diego Luciani por corrupción en la causa Vialidad.

 
Entre muchos otros errores y la insólita acusación a su marido fallecido, Néstor Kirchner, de tener reuniones con el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, Cristina confundió al futbolista de Racing, un ignoto muchacho entrerriano de 23 años, con un dirigente barrial que trabaja con el PRO en la Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires. Los dos se llaman Chancalay. Por eso, la Vicepresidenta debió escribir otro tuit admitiendo su error, una de las prácticas que más aborrece. Pero no hay peor enemigo para una abogada que arrodillarse a los pies de la chapucería.

El fútbol ya le venía provocando otros sinsabores a Cristina. Había intentado recusar al fiscal Luciani y al presidente del Tribunal Oral 2, Rodrigo Giménez Uriburu, por compartir la camiseta del Liverpool, un equipo integrado por juristas que habían disputado partidos en la cancha de Los Abrojos, la quinta arbolada que Mauricio Macri tiene en la localidad bonaerense de Bella Vista. No pudo ser. No alcanzó con esas fotos de Facebook para confirmar que había una conspiración en su contra.

 
Lo que quedó en claro después de la ampliación declaratoria blue de Cristina es que su defensa no fue una respuesta técnica a las definiciones del fiscal. Resultó apenas un tambaleante manifiesto político que no rechazaba la acusación por hechos de corrupción. Solo intentó revelar que había otras personas cometiendo delitos similares. “Los argumentos de Cristina no tienen ningún valor legal; a (Carlos) Beraldi se le escapó la tortuga”, explica un jurista sumado a los muchos que se extrañaron con el grado de improvisación que tuvo la exposición.

El problema más grave para el Gobierno, para el Frente de Todos y para las instituciones es que el desconcierto político de Cristina arrastró al peronismo. En su impotencia, la Vicepresidenta conservó su capacidad de persuasión y logró que la respaldaran el presidente Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa y la CGT, que en su documento construyó una fantasía: que la acusación del fiscal buscaba establecer la existencia de una asociación ilícita entre todos los miembros del Gobierno. Algo parecido, pero más sutil, insinuó el ministro de Economía.

 
La respuesta de Alberto, disparada a las redes sociales unos segundos después de conocido el pedido de condena contra Cristina, tiene el estilo folclórico que genera tanto fastidio en la Vicepresidenta. Otra vez volvió a apelar a la romántica figura de su padre juez y al supuesto afecto que tiene por una persona con la que se habló solo en un par de oportunidades en los últimos meses. “Estamos discutiendo de afano y a Alberto le salió otro tuit de Litto Nebbia”, se lamentaba uno de sus ministros.

El pecado de la ambigüedad que transpira el documento de la CGT es más entendible. Los “Gordos” no podían hacer la vista a un lado de Cristina porque la mayoría de ellos tienen patrimonios que no podrían justificar en otros países del mundo. Esa rara prosperidad los hermana con la Vicepresidenta, aunque trataron de mantenerse en la línea de discutir el corazón filosófico de lo que es una asociación ilícita. “Sarasa peronista”, se consuelan ellos mismos, usando un término que perdió popularidad.

 
El más complicado, de todos modos, es Sergio Massa. La debilidad jurídica de Cristina lo obliga a ensayar una defensa pública de la Vicepresidenta y a poner en riesgo la estrategia todavía muy endeble que sostiene su plan contra la inflación, el atraso salarial y la escasez de dólares en el Banco Central.

Recién subido al barco del ministro de Economía, el economista Gabriel Rubinstein aprovechó la confusión general para debutar en el Gobierno haciendo un recorte de 128.000 millones en las áreas de Salud, Educación y en el plan de viviendas Procrear. Un ajuste que hubiera envidiado Macri y que Massa intenta diluir en el mayor silencio posible. Cristina se mantiene ocupada con el frente judicial y, al menos por ahora, no le exige a Rubinstein que la defienda en las redes como sí debió hacerlo con La Cámpora.

El ácido fatal del kirchnerismo

Pero está claro que Cristina ha presionado al peronismo para que asome el rostro en su defensa. No le alcanza con ubicar a la militancia rentada en la puerta de su apartamento en la Recoleta, ni con los testimonios de fidelidad de personajes algo devaluados como Delía, Echarri o el Indio Solari, buscando el protagonismo de tiempos mejores. Todo se degrada en la Argentina cuando se desparrama el ácido del kirchnerismo.

Es lo que sucede con el 17 de octubre. La fecha icónica en la que, con el empuje operativo de los gremios y de Eva Duarte, los trabajadores marcharon en 1945 para pedir la liberación del coronel Juan Domingo Perón, preso del gobierno de facto del militar Edelmiro Farrell. Una multitud de miles de obreros logró la libertad del militar que había impulsado varios cambios en la legislación laboral desde la Secretaría de Previsión Social.

 
El 17 de octubre que imaginan Cristina y el kirchnerismo tiene un objetivo mucho menos épico. Frenar como sea la condena por corrupción que se cierne sobre la Vicepresidenta y sus compinches de acumulación patrimonial. El ex ministro Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas y lanzador olímpico de bolsos con dólares, José López, y el emprendedor Lázaro Báez, quien fundó su empresa doce días antes de que los Kirchner llegaran al poder. Factor patagónico de clarividencia que lo convirtió muy pronto en millonario y gran terrateniente.

Hace un mes, en esta columna se describió el video que Cristina había grabado en un acto en la localidad bonaerense de Berisso, con frases oportunas de fans que la elogiaban y el paralelismo con Perón, con aquel 17 de octubre de hace 77 años y el núcleo marketinero de la proscripción como eje argumental. La Vicepresidenta ya se veía venir el pedido de condena de Luciani y eligió victimizarse para huir hacia adelante, una de sus maniobras políticas preferidas. Dos semanas antes de esa fecha, el 2 de octubre, habrá elecciones en Brasil y Cristina necesita desesperadamente que Lula gane en primera vuelta para poner en marcha la misma novela: de la condena a la presidencia.

Es curioso como el peronismo ha quedado atrapado por quince años víctima del Síndrome de Estocolmo con el que lo envuelve Cristina. Hasta el auditor Miguel Ángel Pichetto, hoy en la vereda del sol de Juntos por el Cambio, ha salido a decir que las pruebas para condenarla a la Vicepresidenta no son contundentes. Es el mismo que se negó a quitarle los fueros en 2019, cuando Cristina venía acorralada por otra causa judicial. “No vamos a dejar que le quiten los fueros hasta que tenga una condena judicial firme”, se atajaba el entonces senador. Y siempre mantuvo esa postura.

 
Cristina amenaza al peronismo con su sola presencia y el peronismo siente el golpe. Salvo en 2013, cuando Massa la enfrentó y la venció en elecciones legislativas, el PJ siempre rehuyó el conflicto y ahora se abroquela una vez más para defenderla. “Estuvo espléndida”, comentó el Presidente eventero, en una definición que estaba más cerca de un crítico de modas que del Jefe de Estado de un gobierno al que arrinconan con una investigación por corrupción a la vista.

“Es un juicio contra el peronismo; no contra Cristina”, explicó la Vicepresidenta para ampliar el círculo de su defensa al movimiento al que suele descalificar con la palabra pejotismo. Pero ahora los necesita porque está en problemas, y porque sabe que hasta los peronistas que la detestan terminan siempre protegiéndola. Esta vez, la excepción será el grupo que responde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y a algunos otros mandatarios provinciales. Por ahora, la respuesta es el silencio.

El argumento del pedido de los fiscales que más enerva a la Vicepresidenta es el que compara este juicio con aquel proceso memorable a los jefes militares de la última dictadura. No soporta que se hable de “una matriz de corrupción”, ni de “un plan sistemático para el enriquecimiento”. Las dos figuras fueron utilizadas el lunes por Diego Luciani y se asemejan a aquel “plan sistemático de desaparición de personas” al que echó mano el fiscal Julio César Strassera. En vez de finalizar diciendo “nunca más”, Luciani eligió repetir la opción “justicia o corrupción”.

La memoria es cruel. En 1985, cuando un grupo de fiscales y jueces se atrevieron a juzgar a los dictadores, el peronismo también tuvo una actitud displicente, por llamarla de un modo piadoso. No respaldó el Juicio a las Juntas ni el accionar de la Conadep, el grupo de notables que armó Raúl Alfonsín para hacer un registro del horror de los años más negros de la historia argentina. Ni siquiera la cantidad de muertos que tuvo el peronismo durante la dictadura cambió aquella decisión. Pocos años después, el peronista Carlos Menem repartiría indultos entre ex represores militares y ex guerrilleros oportunistas.

A los 91 años, con la dignidad, la capacidad de autocrítica y las marcas del horror de haber sido la madre de un joven desaparecido, Graciela Fernández Meijide evaluó la situación de Cristina en una entrevista que le hizo María Laura Santillán por CNN Radio. “La personalidad del fiscal Luciani evoca a la del fiscal Strassera. No son delitos comparables, claro, pero lo que sí se puede comparar es que el fiscal Luciani estuvo hablando en nombre de todos nosotros; estuvo hablando en nombre mío”.

 
Quizás ese sea el punto de inflexión que estaba necesitando el país que no aprende de sus tragedias. Tuvo una oportunidad hace cuatro décadas para despegarse del autoritarismo y tiene otra ahora para sancionar la corrupción entre sus gobernantes.

Son las sociedades que pretenden un futuro las que se enfrentan a sus demonios y los exorcizan para poder seguir mirando hacia adelante. Las que dicen basta. Las que se atreven a cambiar.

 

 

* Para www.infobae.com

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