El kirchnerismo en la fase carapintada

POLÍTICA Por Joaquín Morales Solá
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Una vicepresidenta que usa las oficinas del Senado para hablar en público como imputada en una causa por corrupción. Un Presidente, profesor de la facultad de Derecho, que hace declaraciones públicas sobre los alegatos de dos fiscales. Un Gobierno que, en lugar de bregar por la tranquilidad de la sociedad, agita los fanatismos y convoca a llenar calles y plazas en defensa de la supuesta persecución a la vicepresidenta. Pocas veces se ha visto en la historia reciente tanto desparpajo para violar el principio de la división de poderes o para comprometer a la dirigencia y a las instituciones en el destino de una sola persona encartada. Ni siquiera la crisis económica, que es profunda y que requirió un fenomenal recorte en los gastos de educación, entre otros, preocupan tanto al kirchnerismo gobernante como la posibilidad de que Cristina Kirchner sea condenada a prisión por hechos de corrupción, perfectamente probados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La insurgencia kirchnerista contra la Justicia no es, en rigor, por el alegato final de Luciani, que fue claro, apolítico y profesional, sino para amedrentar a los jueces que deberán decidir sobre su condición de culpable o inocente y para atemorizar a la sociedad en general. La operación puesta en marcha difícilmente intimide a los jueces, que ya mostraron su temple cuando rechazaron la insólita petición de Cristina Kirchner de replicarle al fiscal en el acto, pero podría arrastrar a la frágil economía hacia una hondura más profunda del abismo en que está. 

Quien tuvo la paciencia de escuchar ayer por las redes sociales el descargo de Cristina Kirchner quedó perplejo. Fue un paseo por la manipulación, la autoinculpación y la nadería. No refutó una sola de las muchas pruebas que mostró Luciani a lo largo de nueve días de alegato. Solo se escudó en el pobre pretexto de que el único corrupto de su administración fue su entonces poderoso secretario de Obras Públicas, José López, y que ella fue una imbécil (para decirlo con un término más elegante que la palabra barriobajera que usó) que nunca se enteró de nada. ¿Cómo? ¿Ni ella ni su marido muerto sabían de más de cincuenta obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, donde el matrimonio presidencial ponía y sacaba gobernadores como quien remueve a un ordenanza? Ese argumento hubiera sido creíble si se tratara de dos o tres obras públicas repartidas en Mendoza, Misiones y Corrientes, por ejemplo. Pero fue una cantidad enorme de obras en Santa Cruz, el feudo de los Kirchner. Resulta, al mismo tiempo, que la administración de Cristina Kirchner se ocupó de que Lázaro Báez cobrara hasta el último peso que le debía el Estado antes de que asumiera Mauricio Macri, en 2015, cuando muchas de las obras que le adjudicaron habían sido abandonadas; es decir, no estaban terminadas. Fue el único empresario con el que el Estado no tenía deudas en el momento en que asumió el macrismo. Un gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, renunció para no firmar una adjudicación de obra pública, que le llegó del gobierno nacional, por la monumental cantidad de sobreprecios que tenía. La Oficina Anticorrupción de los tiempos de Macri pidió a la Justicia que llamara a Acevedo como testigo, pero esa misma Oficina, en tiempos ya de Alberto Fernández, desistió de tal reclamo. Mejor que Acevedo calle.

¿Nada de esto sabía Cristina Kirchner? Si la Justicia solo pudiera condenar a los jefes que firmaron órdenes, entonces ninguno de los jefes militares de la dictadura podría haber sido condenado. Ninguno firmó una orden para secuestrar, matar y hacer desaparecer a personas. El reconocido constitucionalista Roberto Gargarella publicó ayer una opinión que resume el caso en pocas palabras: “Si la asociación ilícita no quedó verificada en este caso, la asociación ilícita no podrá probarse nunca. Elimínenla. Y si no se sostiene ahora, tampoco se sostiene la condena a las juntas (militares), dado que ningún general firmó ni firmaría nunca una orden para la desaparición de personas”. El argumento, ciertamente verdadero, para condenar a las Juntas según el cual “no podían no saber” es aplicable al caso de Cristina Kirchner y las obras públicas de Lázaro Báez.

Báez no fue una argentino más en los años en que gobernaron los Kirchner. Por el contrario, no solo fue el beneficiario casi monopólico de las obras públicas en Santa Cruz, aunque nunca antes había construido nada, sino el socio explícito de la familia Kirchner, incluido Máximo, el hijo mayor del matrimonio presidencial. Era la persona que se ocupaba de administrar los hoteles de los Kirchner, entre otras cosas. La última foto que se conoce de Néstor Kirchner vivo lo muestra al expresidente conversando con Báez en el parque de su casa en El Calafate, donde murió pocas horas después. Es posible, por lo tanto, que un presidente no pueda estar al tanto de todo, pero es absolutamente increíble que eso haya sucedido con los Kirchner, con Lázaro Báez y en Santa Cruz. Ningún Kirchner le hubiera entregado unos 2500 millones de dólares a un empresario inexperto, según el cálculo inicial de los fiscales, solo por cuestiones afectivas o porque era un buen vecino. Báez fue tan poderoso que logró que dos jefes probos de la AFIP, el entonces director de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola, y otro funcionario de alto nivel, Jaime Mecickovsky, que había conducido la primera investigación sobre Lázaro Báez, fueran desplazados. Castagnola renunció cuando quisieron obligarlo a que echara de su cargo a Mecickovsky. Ellos habían investigado a Báez sin ningún impedimento mientras el jefe de la AFIP fue Alberto Abad. Cuando Abad se fue, cayeron sobre ellos. ¿Tampoco esto sabía Cristina Kirchner cuando los hechos sucedieron en 2008, con ella como presidenta?

Cristina Kirchner no respondió ayer a ninguna de esas acusaciones precisas que hicieron los fiscales ni al alegato final de Luciani. Solo se arropó en el peronismo, trató de hacer una parodia del 17 de octubre de 1945 y cambió de lugar los datos de la causa. Denunció, en fin, persecución política, que es la herramienta que usan todos los autoritarios cuando la Justicia empieza a morderle los talones. Debe reconocerse que a Perón no lo metieron preso en Martín García en el 45 porque la Justicia lo perseguía por robarle al Estado. Fue preso como consecuencia de intrigas internas en el gobierno militar que él integraba y que ayudó a instaurar. Más que al 17 de octubre de Perón, las acciones del kirchnerismo se parecen a los carapintadas de 1987, cuando Aldo Rico se sublevó contra la Constitución al grito de “No más juicios”. El kirchnerismo entró en la fase carapintada por su decisión de amotinarse contra la Justicia. El abogado Bernardo Saravia Frías describió el alboroto kirchnerista con más humor: “Es una banda de mariachis conversando con la magistratura”, escribió.

Sin una defensa sólida y argumentada frente a las acusaciones puntuales del fiscal Luciani, la otra estrategia a la que recurrió Cristina Kirchner consistió en intentar demostrar que exponentes del macrismo también se enriquecieron de la mano de José López. Somos todos ladrones. Esa es, en definitiva, la otra estrategia. Reveló chats entre José López y Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri, y Angelo Calcaterra, primo del expresidente. Los acusó por la supuesta corrupción en las obras del soterramiento del tren Sarmiento y por la explosiva causa de los cuadernos. Se escandalizó porque Luciani no usó esos chats. Los chats del teléfono de López los obtuvo la Justicia porque este es un arrepentido colaborador en la causa de los cuadernos. La vicepresidenta debería tranquilizarse un poco. Luciani solo usó los chats relacionados con la causa de las obras públicas en manos de Lázaro Báez, que es la que él investigó. Los chats vinculados con el soterramiento del Sarmiento y los de la causa de los cuadernos serán usados por la Justicia cuando se juzguen esas causas, ciertamente muy demoradas. La abogada exitosa sabe muy poco de los procedimientos judiciales, o sabe y trata de confundir a la sociedad y al fanatismo que la sigue. No hizo ninguna referencia a la declaración de José López ante la Justicia, en calidad de arrepentido, en la que afirmó que él recibía órdenes directas de Cristina Kirchner.

La estrategia de mostrarse como una perseguida política en esta causa no tiene dónde apoyarse. De hecho, el expediente de esta causa pasó ya hasta por la Corte Suprema de Justicia cuando la expresidenta apeló para frenar el juicio. El máximo tribunal de Justicia afirmó, cuando rechazó esos planteos de Cristina Kirchner, que no verificó ninguna violación a las garantías de un juicio justo. También la Corte rechazó explícitamente la teoría de lawfare, esa imaginaria conspiración entre sectores de la política, medios periodísticos y la Justicia para perseguir a los líderes nacionales y populares. En rigor, el lawfare no es aplicable a los líderes que tienen poder; por lo general, se lo aplica a personas políticas que perdieron el poder y que aspiran a volver a tenerlo. Uno de los aspectos más importantes del demoledor alegato del fiscal Luciani es que lo hizo contra la persona más poderosa del país. Hasta el fiscal Julio Strassera investigó y acusó a un sector de poder, los militares, que ya no estaban en el gobierno. Raúl Alfonsín era el presidente. En cambio, Luciani mostró la cara oculta de la funcionaria que funge de hecho como la jefa de facto del gobierno de Alberto Fernández. Ella es la que pone y saca funcionarios, la que acepta o veta las decisiones más significativas de la administración. Esa situación es la que hace excepcional y transcendente el juicio actual contra Cristina Kirchner.

Cuando se pronuncie el tribunal, que sucederá seguramente antes de fin de año, el caso será apelado ante la Cámara de Casación. La sala que deberá revisar el caso está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Estos mismos jueces tienen en revisión la causa llamada “la ruta del dinero K” o de “la Rosadita”, como les decían a las oficinas de Puerto Madero donde se lavaba el dinero. En un juicio oral y público, fueron condenados Lázaro Báez y sus hijos por ese lavado. Pero hace ya un año y medio que esos jueces de Casación están revisando un juicio que terminó y que condenó. Los tiempos de esa sala de Casación parecen demasiado elásticos, eternos. Si bien esa instancia no tiene plazos para expedirse, es oportuno señalar que la sociedad tiene una paciencia muy limitada frente a la impunidad de los poderosos. Ese es también el aspecto que Cristina Kirchner no tuvo en cuenta. La mayoría de la sociedad cree que ella es culpable, según varias encuestas de opinión pública. La vicepresidenta le habla al fanatismo; el Presidente se desespera por quedar bien con ese mismo fanatismo, y Sergio Massa demostró que, en efecto, no ejerció nunca como abogado, o que prefiere seducir a la mandamás. Es poco. Cristina Kirchner volvió al poder para no escuchar las palabras que pronunció el lunes el fiscal Luciani. Y las tuvo que escuchar. Tanto para tan poco.

Fuente: la nación 

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