19 de mayo de 1986: El día que quisieron matar en Córdoba a Raúl Alfonsín

Si algo le faltaba a aquella Argentina de hace 35 años, que avanzaba a tumbos entre la esperanza democrática y los remezones de la última dictadura; si algo le faltaba a aquel país que salía de un infierno social y económico, que salía con dolor del terrorismo de Estado, revelado durante el juicio a las tres primeras juntas militares del “Proceso”, que salía, o intentaba salir, del descalabro de la Guerra de Malvinas que planteaba la disyuntiva insalvable entre la locura del conflicto y el valor con el que lucharon sus soldados: si algo le faltaba a aquella Argentina hoy casi olvidada, era un magnicidio. Que asesinaran al presidente Raúl Alfonsín. Y sin embargo, casi lo matan. No sucedió por milagro.

Fue el lunes 19 de mayo de 1986, cuando Alfonsín visitó, en Córdoba, la sede del Cuerpo de Ejército III, una de las más poderosas del país. No hay evidencias de que en la Casa Rosada hayan temido un atentado, o alguna manifestación de protesta por parte de los uniformados, o de los sectores sociales afines a la dictadura, todavía activos. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alfonsín iba a dirigir unos ejercicios militares de rutina en esa unidad, para después hablar y dialogar con jefes y oficiales. Hablar, habló. Lo del diálogo, quedó trunco.

El Cuerpo de Ejército III había sido, durante la dictadura, centro de operaciones, y feudo, del general Luciano Benjamín Menéndez, que tuvo a su cargo la Zona 3, de las cinco zonas en las que la dictadura dividió al país, con influencia en todo el norte del país. En dependencias del Cuerpo III había funcionado La Perla, el más grande de los centros clandestinos de detención, por el que pasaron más de tres mil detenidos, torturados y, muchos de ellos, asesinados. La Perla cargaba con el irónico apodo de “La Universidad” porque antes, durante el gobierno de Isabel Perón, había funcionado cerca un embrión de centro clandestino de detención llamado “La Escuelita”. Menéndez también tuvo a cargo el temido Departamento de Inteligencia D2, de la policía cordobesa.

A ese escenario llegaba Alfonsín, a sólo cinco meses de que la Cámara Federal de la Capital hubiese dictado sentencia sobre los responsables de las tres primeras juntas militares en un fallo que condenó a algunos, absolvió a otros, no conformó a todos, pero hizo historia. Días antes de la visita presidencial, en Buenos Aires, el despacho del senador peronista por Catamarca, Vicente Saadi había sido volado por una bomba, otros nueve artefactos habían estallado en otros tantos comités radicales y el domingo, día previo del viaje de Alfonsín, una poderosa bomba había sacudido a Rosario.

En el gobierno, alguien debe haber evaluado frente al tablero de aquel ajedrez enrevesado. el significado, y sus implicancias, que la visita de Alfonsín podía tener en Córdoba. Es de presumir que el ministro de Defensa de Alfonsín, Germán López, e incluso el jefe del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú, hayan advertido al Presidente sino del peligro, al menos de la incomodidad que su visita generaba en esa unidad militar. Los dos, López y Ríos Ereñú, formaban parte de la comitiva que, cerca de las 10 de la mañana, llegó al Aeropuerto de Pajas Blancas a bordo del Tango 01, el ya legendario avión presidencial.

A esa hora, el Cuerpo de Ejército III era un hervidero. Desde las 9 de la mañana, un equipo de suboficiales y soldados, junto a obreros municipales, borraban de las paredes de la unidad militar una serie de pintadas infamantes contra Alfonsín y contra la jefatura del arma; el centro de la ciudad había amanecido con pintadas similares y centenares de panfletos “volanteados” por sorpresa en el microcentro.

Había algo más. Por azar, el diario español El País afirmó que había existido una llamada anónima de advertencia: Carlos Primo, oficial principal de la policía cordobesa, descubrió algo extraño en el interior de una alcantarilla que había sido inspeccionada con anterioridad: dos cables negros destacaban sobre el cemento gris. Estaban unidos a un detonador eléctrico, conectado a otro detonador pasible de ser operado por control remoto.

Los detonadores llevaban a una bala de mortero de 120 milímetros, con dos kilos y medio de TNT en su interior y a la que le habían adosado, como los tanques de combustible de un vehículo espacial, dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno. Aquello era una poderosa, devastadora mina terrestre casera, fabricada por expertos, que podía hacerse estallar a distancia y que estaba ubicada, alcantarilla mediante, bajo el asfalto donde debía pasar el coche presidencial, y los dos autos de sus acompañantes, rumbo a La Mezquita, a sólo treinta metros de la bomba, el centro de operaciones destinado a que Alfonsín viera, y acaso juzgara, los ejercicios militares previstos para ese día.

Un equipo de ingenieros desarmó la bomba y la retuvo hasta que el juez federal Miguel Villafañe ordenó que la entregaran a la Justicia. La bomba fue desactivada y retirada minutos antes apenas de la llegada de la comitiva presidencial. Junto a Alfonsín, López y Ríos Ereñú, llegó a “La Mezquita” el comandante del Cuerpo III, general Ignacio Aníbal Verdura.

El atentado ya era un escándalo secreto, pero por poco tiempo. La prensa fue alertada de inmediato y lo que estaba pensado como rutinario, se convirtió en excepcional. Alfonsín presenció los ejercicios, como si todo hubiese sido normal, y después habló a los militares. El País reveló: “Los jefes y oficiales recibieron sus palabras en silencio, no lo aplaudieron y renunciaron a hacer preguntas en el frustrado coloquio posterior”.

Antes de regresar a Buenos Aires, el Tango 01 fue rastrillado varias veces en busca de más explosivos. En la Casa Rosada, Alfonsín no hizo referencia al hecho, pero Germán López se reunió con la cúpula militar en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, sin que hayan trascendido nunca los términos de ese intercambio.

Verdura fue pasado a retiro de inmediato y se quejó con amargura de haber sido “el pato de la boda”. Había llegado al grado de general en 1985, con su pliego aprobado por el Senado pese a la protesta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Olavarría, que le adjudicaba a Verdura haber sido responsable de graves violaciones cuando la dictadura.

En aquellos años Verdura había sido jefe del Regimiento de Caballería 2, Lanceros General Paz, de Olavarría, jefe del área militar 124 donde estaba ubicado el Centro Clandestino de Detención Monte Peloni, el principal de la región. Recién en mayo de 2009, anuladas las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el juez federal de Azul, Juan José Comparato, ordenó su detención y su reclusión domiciliaria por dos asesinatos cometidos en 1977 y por 21 privaciones ilegales de la libertad. Verdura fue detenido en Paso de los Libres el 17 de junio y, al año siguiente, en julio de 2010, fue fotografiado cuando caminaba por la plaza de su pueblo, Santo Tomé, Corrientes, en violación a esa prisión domiciliaria.

El 29 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en un juicio por delitos de lesa humanidad, lo condenó, junto a otros ex jefes y oficiales del Ejército, a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que comprendía los centros clandestinos de detención de la comisaría de Olavarría, el Regimiento 2 de Caballería, Monte Peloni, La Huerta, de Tandil y la Base Aérea Militar, también de Tandil. Verdura murió el 28 de enero de 2018 en Santo Tomé, Corrientes. Tenía 86 años.

Una semana después del intento de asesinato contra Alfonsín, el primero de los tres que sufriría en los años de su presidencia, el juez Villafañe ordenó la reconstrucción y el estallido del artefacto. Primo y Velázquez contaron lo que habían visto, y, al estallar, la bomba produjo una alta columna de humo y esparció esquirlas por más de cien metros a la redonda.

Menos de un año después, en abril de 1987, en ese mismo Cuerpo de Ejército III, el capitán Ernesto “Nabo” Barreiro iba a negarse a una citación judicial que lo investigaba por violaciones a los derechos humanos: seis casos de tortura y un homicidio. Era el jefe de “interrogadores” de La Perla y estaba sospechado también de la aplicación de tormentos y de la muerte de varios detenidos. Barreiro se refugió en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, al mando del entonces coronel Luis Polo. Mientras, en Buenos Aires, el coronel Aldo Rico sublevaba a la Escuela de Infantería: era la rebelión de Semana Santa que hirió de muerte al gobierno de Alfonsín.

Rico, Polo y Barreiro, junto a otros “carapintadas”, se integraron luego a la política que decían despreciar en sus años de uniforme. Lo hicieron en el Modín (Movimiento por la Dignidad y la Independencia) que ya no existe. Barreiro cumple condena de prisión perpetua.

Nunca se conocieron ni el origen del atentado contra Alfonsín en el Cuerpo de Ejército III, ni quiénes fueron sus impulsores, ni quiénes sus autores materiales.

Sólo hubo presunciones.

*Para Infobae