Los misterios por el ataque a Cristina Kirchner intranquilizan la política y promueven internas

Los enigmas que todavía rodean la investigación del ataque contra Cristina Fernández ha colocado en un compás de espera la polarización que domina desde hace años al sistema político. Sucede por un motivo: tanto en el Gobierno como en Juntos por el Cambio existe aprensión sobre las posibles derivaciones que pueda deparar la causa que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti junto al fiscal Carlos Rívolo. 

Las cosas que se conocen son pocas y bastante confusas. El agresor, Fernando Sabag Montiel, parecería más ligado a un mundo heavy y marginal que a terminales con alguna organización política, al menos de las que son públicas. Algo similar ocurre con su novia, Brenda Uliarte. Amante, como su pareja, de las redes sociales y la figuración. Sus palabras y conductas despertaron sospechas de las autoridades. Había dicho que no sabía nada de Fernando dos días antes del ataque. Las filmaciones permitieron corroborar que estuvo cerca de él cuando se produjo el ataque contra la vicepresidenta. Había hablado, además, por teléfono, en horas previas.

¿Es Sabag Montiel, en efecto, un lobo solitario o ligado a algún grupo minúsculo? ¿Actuó impulsado por motivaciones políticas o sólo por desborde emocional? ¿Podría tratarse de alguien que hizo un trabajo por encargo? En medio de ese montón de preguntas una solicitud del fiscal Rívolo resultó relevante: el rastreo de los celulares de la legión de custodios que debían proteger a Cristina. Y lo hicieron mal.

El de la seguridad es una cuestión que, aun en medio de la cautela general, mantiene divisoria de aguas. Entre el Gobierno y la oposición. También dentro del propio oficialismo. En el eje de las miradas está primero el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Además, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi. El Frente de Todos, a diferencia de otras ocasiones, no pareciera estar haciendo nada para proteger a aquellos funcionarios sobre los que la oposición hace recaer la responsabilidad y exige rendición de cuentas.

Los diputados del radicalismo presentaron un proyecto de interpelación contra al ministro. El diputado del PRO, Gerardo Milman, solicitó a la Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, la creación de una subcomisión que investigue el fallido atentado contra la vicepresidenta.

Aníbal parece, sin dudas, el más apremiado. Por una razón: un día antes del ataque la Policía Federal se había hecho cargo de custodiar la zona de Juncal y Uruguay, donde se encuentra el departamento que habita Cristina. Fue después de una larga disputa con la Policía de la Ciudad, que depende de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Incluyó la colocación de vallas para ordenar a los militantes que la vice consideró “un estado de sitio”. El conflicto fue superado con el retiro de las vallas y la asunción del resguardo general por parte de los agentes federales. Una fatalidad para el ministro.

También lo sería para Alberto Fernández, en esa puja interna que sostiene para no dejar de existir. Aníbal y Rossi llegaron al gabinete por impulso presidencial. Luego de la rápida caída en desgracia de su antecesora, Sabina Frederic, en Seguridad, y de Cristina Caamaño, en la AFI. Cuyo pliego nunca llegó a ser considerado en el Senado.

Aníbal Fernández y la custodia de Cristina

Aníbal sintió el impacto no sólo por el episodio en Recoleta. En la sesión del sábado en Diputados sobresalieron las críticas a su persona de parte de la oposición. Los legisladores oficialistas prefirieron mantener las cabezas gachas antes que salir a defenderlo. De allí el reflejo del ministro de Seguridad de ofrecer su renuncia al Presidente. Parecía cantado que, al menos por ahora, hasta que no asome una luz en la investigación, no se la iba a aceptar.

El problema no radica sólo en el papel de primer anillo de seguridad que debía ofrecer la Policía Federal. También en cuestiones posteriores, una vez que la jueza Capuchetti tomó a cargo el caso. La primera mala novedad, apenas 16 horas después de la detención de Sabag Montiel, fue que se había perdido información de su teléfono. Por una aparente mala praxis. O un presunto reseteo externo del teléfono.

La Policía adujo que el aparato le había sido entregado en un sobre sin demasiadas seguridades. La Justicia afirma que había sido colocado dentro de un sobre, pero lacrado. Conclusión: la magistrada resolvió correr a la Federal y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en relación al peritaje del controvertido celular. Cedió las facultades a la Gendarmería. Una complicación prematura. Contratiempo que advertiría sobre las dificultades que podría encontrar el trabajo de la jueza y el fiscal.

Otras iniciativas disparadas por el Gobierno también parecieron perder velocidad a medida que las incógnitas impiden el esclarecimiento del ataque. En el discurso por cadena nacional, el Presidente –sin un solo fundamento— vinculó el episodio con los presuntos mensajes de violencia surgidos desde espacios políticos, mediáticos y judiciales. Algo parecido hizo el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. El senador José Mayans, de Formosa, fue más lejos. Ligó el clima de confrontación con la realización del juicio público contra Cristina, por la concesión de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

Sin embargo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerutti, aseguró que el Gobierno no tiene previsto el envío de ningún proyecto para regular, presuntamente, aquellos “mensajes de odio”. ¿Qué habría sucedido? Apresuramiento. La nueva titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, reclamó al Presidente que no acelerara ninguna iniciativa. “Acá hay que juntar votos. No está fácil”, sostuvo la legisladora. De allí la intervención de la ex periodista para colocar un freno.

El Gobierno desea, antes de formalizar el manotazo, desentrañar qué se escondería detrás del ataque de Sabag Montiel. “¿Y si quedamos pagando?”, interpeló un asesor presidencial. Quizás tal percepción no fue transmitida con presteza a todo el arco oficialista. Los gobernadores del PJ hicieron una cumbre, mitad presencial, mitad virtual, para despacharse contra “la proliferación de campañas sistemáticas de odio y violencia”.

También se ocuparon de cumplir, fuera de tiempo y agenda, con un viejo anhelo de la vicepresidenta. Desempolvaron la necesidad de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema. Deberes hechos. Sus reales objetivos correrían por otro andarivel.

No es que a los mandatarios no les inquiete Sabag Montiel, el atentado, ni el juicio de Cristina por la obra pública. Sus esfuerzos están enfocados a develar otra cosa: hasta dónde progresará el ajuste del gasto público de Sergio Massa. Qué nuevos compromisos asumirá en la visita que realiza en Estados Unidos. Cómo podría afectar los presupuestos a las provincias y la realización de obras. Una clave para afrontar un año electoral que no se presenta propicio para el oficialismo. Lo que el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba ha sabido definir bien como “el interés del metro cuadrado” que acostumbra a estimular a los caciques.

Fuente: clarin