El gobierno investiga los masivos permisos de importación a la santafesina Corven

La empresa argentina Corven, fabricante de motos, cuatriciclos y autopartes, fundada en 1969 en Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, quedó en la lupa del grupo de trabajo que armó el Ministerio de Economía para peinar las importaciones que se dieron en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, que en muchos casos disfrazaron sobrefacturaciones para hacerse de dólares baratos del Banco Central.

La maniobra es simple y habilita un negocio de márgenes que multiplican por diez la ganancia del giro habitual de las empresas involucradas: se sobrefacturan importaciones para acceder a dólares físicos a precio oficial y obtener la ganancia diferencial al venderlos en el mercado del blue. 

Cuando Sergio Massa asumió en el Palacio de Hacienda armó una task force con técnicos de Economía, AFIP y el Banco Central, para que revise en tiempo real y peine hacia atrás los permisos de importaciones concedidos a través de las controvertidas SIMI, que dependen de la voluntad del funcionario de turno y en esa discrecionalidad habilitaron infinidad de operaciones sospechosas.

Esta semana, ese grupo de trabajo detectó que la ensambladora santafesina de motos Corven recibió permisos para importar autopartes y otros insumos por el equivalente a 5 veces su capacidad de producción anual, confiaron a LPO fuentes del grupo de trabajo del Gobierno.

El caso tiene además un costado de alto voltaje político: funcionarios de alto rango de la anterior gestión del área económica habrían sido contratados por la firma de Leandro Iraola. 

Según las estimaciones que manejan en el gobierno nacional, la Argentina perdió 4200 millones de dólares desde el inicio de la gestión de Alberto debido a las maniobras fraudulentas, tanto sobre facturación de importaciones como sobre facturación de exportaciones.

El Gobierno asegura que con epnas unas semanas de trabajo ya se comprobaron más de 1.700 casos de sobrefacturación de importaciones por 360 millones de dólares, y que en los últimos 24 meses entró al país, vía cautelares -otro de los mecanismos investigados-, mercadería por 1.800 millones de dólares.

Como resultado de esta misma auditoría, la Aduana avanza con una demanda en la Justicia Federal contra dos empresas importadoras de neumáticos por abuso en las cautelares de importación. LPO adelantó el negocio de dos firmas -la mendocina Guerrini Neumáticos y la salteña Larocca Neumáticos-, sospechadas de apuntalar el conflicto que paraliza a las plantas de plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone, en el Conurbano.

 Todos los días detectamos irregularidades. El ajuste de los controles caso a caso y la trazabilidad de los procesos de importación se están haciendo y vemos ajustes muy importantes por parte de los volúmenes que declaran los importadores.

 Además de la permeabilidad de ex funcionarios para habilitar determinadas importaciones, el negociado montado sobre los dólares baratos que lastraron las reservas del Banco Central, también se montó con complicidad de determinados jueces que habilitaban cautelares para liberar pedidos.

Este negociado, hijo de la brecha cambiaria que distorsiona la macroeconomía, ha sido una constante en la Argentina desde que se volvió necesario, a partir de 2004, pedir autorización para liberar el ingreso de una mercadería del exterior. Primero fueron los Certificados de Importación, entre 2004 y 2011, luego llegaron las DJAI, con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y finalmente las SIMIs, creadas en el gobierno de Mauricio Macri y luego retomadas por la actual gestión.

 "Todos los días detectamos irregularidades. El ajuste de los controles caso a caso y la trazabilidad de los procesos de importación se están haciendo y vemos ajustes muy importantes por parte de los volúmenes que declaran los importadores", afirmó Guillermo Michel titular de la Aduana.

En los permisos y autorizaciones de la actual gestión revisados recientemente aparecen situaciones insólitas, como por ejemplo empresas que no presentan actividad en los últimos 2 años, y recibieron autorización para importar en millones de dólares.

Lo notable es que identificar estos fraudes no requiere de despliegues complejos y sin embargo, el actual gobierno no hizo prácticamente nada durante sus primeros años: "Se resolvió sentando a la AFIP con una parte del Banco Central para que informen a Economía los datos fiscales vinculados a la adquisición de divisas y los resultados están a la vista", explicaron a LPO desde el Palacio de Hacienda.

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