Inflación K: 236% con violenta caída del salario real y los ingresos

No es nada raro sino algo bastante común, en el zigzagueante rumbo de la gestión kirchnerista, que un funcionario de primera línea descalifique de mal modo una medida y apenas quince días después anuncie, muy orondo, que va a aplicar esa misma medida. Dicho sin vueltas, que hará una cosa en la que no cree. 

Ningún acertijo, viene cantado que estamos hablando de Sergio Massa y del congelamiento de precios, esto es, nada menos que del ministro de Economía y del problema económico y social más apremiante que enfrenta el país.

Hacia mediados de octubre, Massa comparó el congelamiento con el acto de “pisar una manguera: el agua frena un rato, dijo, pero siempre está”. Sonó a música en algunos oídos empresarios y a mensaje para el mercado financiero, porque se le estaba plantando a Cristina Kirchner, que intramuros promovía mandar al freezer a una lista de productos de los llamados esenciales.

Ocurrió, además, cuando la vicepresidente pedía públicamente “una política de intervención más precisa y efectiva en el sector de la alimentación”. Quizá para frenar un ruido que iba para batifondo o porque la vice consideró que ya se había sacado el fardo de encima, la cosa paró ahí.

Hubo, en realidad, un plazo de prueba para las ideas de Massa, ninguna mejoría en los resultados y, al final, obediencia debida sin chistar y volantazo. Hechos y no relato.

Apurado en su carrera contra el tiempo, el ministro anunció que “el 86% de los productos de consumo masivo permanecerá sin movimientos” durante 120 días, que habrá multas de hasta $ 240 millones para los infractores, más un pedido a los comercios de rechazar aumentos superiores al 4% mensual en los precios no regulados y una aplicación que canalizará denuncias de consumidores.

Será congelamiento entonces, se lo llame como se lo llame, contorneado por presiones a empresarios y con un detalle que lleva el sello de Axel Kicillof y remacha eso de que el gobernador bonaerense inspira cada cosa que, en este frente, Cristina le exige a Massa.

El detalle, que es bastante más que un detalle, plantea abrir una investigación sobre irregularidades y costos inflados entre grupos económicos que pesan fuerte en la formación de los precios.

¿Y cuál es el sello de Kicillof? Que esa investigación calca un antecedente clavado en medio del derrape económico de 2015, cuando Cristina K y Axel K definieron que el apriete con aires de justicia social debía ser una pieza central de la política de precios y un potente argumento de venta.

Entonces, hace ya 7 años, se les exigió a las compañías que mandaran a Economía sus balances, planes y estructuras de costos mensuales, algo bien parecido a pedirles que les mostraran a ignotos funcionarios y eventualmente a la competencia información confidencial, en más de un sentido secreta.

¿Y cuál fue la respuesta empresaria? Dibujar los datos y llenar despachos del ministerio con miles de planillas pobladas de cifras imposibles de analizar, poco menos que inservibles. En el segundo round Kicillof ya tiraba la toalla y las planillas iban camino del canasto de la basura.

Más de este mundo medio kafkiano es que el número 2 de Massa, Gabriel Rubinstein, tampoco cree en los congelamientos de precios y, de seguido, que así tendríamos al ministro y al viceministro de Economía aplicando una fórmula que critican. Todo bien K y nada de las partes que desentone con el todo, diría la vicepresidenta.

Hay un dato siempre presente, en estos dos años largos de gobierno cristinista: no se ha utilizado otra política antiinflacionaria que no fuesen los controles, los congelamientos, las vedas, los cepos, algunos arreglos sospechosos y unos cuantos etcéteras de la misma especie.

Así fue de punta a punta, como si no existiesen otras estrategias, probadamente más efectivas solo que también más elaboradas, complejas y trabajosas. Por lo que aparece a la vista, esas alternativas o no figuran en el manual de Kicillof o Kicillof prefiere ir con las directas, simples y, supuestamente, de efecto rápido.

Puesto en números del INDEC, eso que hay a la vista revela que, pese al interminable listón de remedios que se han ensayado, la inflación promedio canta 236% de enero de 2020 a septiembre de 2022. Si la medida es el costo de los alimentos, la gran preocupación que pregona Cristina, tenemos 266%.

Previsibles e igual de contundentes, las cifras casi se repiten cuando se observa las del costo de la canasta alimentaria básica, que mide la indigencia, y de la canasta básica total, que fija la línea de pobreza. Arrojan subas del 264 y del 229%, respectivamente.

Debiera quedar definitivamente claro, así en la realidad se crucen y cambien los roles, que durante estos 33 meses el presidente fue Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner y Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados. Y también, que la responsabilidad de conducir el gobierno excluye la posibilidad de desmarcarse alegremente y la de esquivar la parte del paquete que a uno le toca.

Por lo mismo, en la cuenta entran los costos políticos generados por la violenta, aunque desigual caída del salario real y la pérdida del poder de compra de los ingresos laborales, que aparecen en el reverso de la escalada inflacionaria.

Según cálculos de especialistas, durante el período que va de noviembre del 2017, el último techo de la serie, a julio del 2022, el salario promedio de los trabajadores registrados, o sea, bajo paritarias y protegidos por la seguridad social, cayó 20,7%. Y el de quienes carecen de coberturas sociales, están en negro y no conocen los beneficios de las paritarias, se desplomó un 39%.

Aun cuando se trate de culpas compartidas con el macrismo, no deja de ser cierto que en el gobierno nacional y popular los ingresos laborales van camino de acumular tres años completos para abajo y, sobre todo, aquellos que a duras penas arañan los sectores vulnerables.

Datos fiscales recientes agregan al panorama que la Tarjeta Alimentar está perdiendo ahora el 19% de su valor; que, limpias de bonos extraordinarios, las jubilaciones digamos regulares caen casi 5 puntos porcentuales respecto de la inflación y que la Asignación por Hijo se ha achicado un 13,5%. Ajuste sin vueltas y todo junto, como el recorte del 10,6% a la inversión del Estado.

Otros registros fiscales de 2022, solo que, de signo contrario, informan que el gasto en salarios crece 10,5% real, descontada la inflación, y que los fondos consumidos en el ahora zarandeado plan Potenciar Trabajo corren al 38% también real.

Los subsidios energéticos, es decir, la batalla que viene, todavía marca una suba del 4,3% y un gasto que anda por el billón de pesos. Pronto estaremos hablando de otras cifras, cuando aparezca el impacto de los aumentos en la energía eléctrica en el área metropolitana integrada por la Capital Federal y el Conurbano. En algunos sectores llegarán al 89%.

Habla de la calidad del Gobierno que, frente a un cuadro semejante, el Presidente y la Vice hayan dejado de comunicarse y, encima, que la Vice haga campaña pidiendo un bono extraordinario para los trabajadores en un acto de la UOM, como si fuese de otro mundo. También, que la ministra de Desarrollo Social cruce al camporista ministro del Interior y aporte, así, a la interna desatada por la anulación-no anulación de las PASO.

Y si todo ocurre a las puertas de un congelamiento recontra anunciado, con una inflación al 100% y una estructura de precios dislocada sería un milagro que pare la lluvia de remarcaciones digamos preventivas. Es un tema el de los milagros, pero por las dudas la paraestatal YPF ya se adelantó con aumentos en naftas y gas oil que van del 6 al 8%.

Fuente: Clarin