¿Argentina invertebrada?

POLÍTICA Por Juan C. Sánchez Arnau**
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Hace un siglo José Ortega y Gasset publicaba su “España Invertebrada. El propio Ortega lo calificó, seis años después, como un libro “indocumentado y arbitrario”. No tengo ninguna autoridad para juzgarlo, ni interés en hacerlo, pero el título mismo me despertó una reflexión sobre nuestro propio país. Alimentada, además, por algunas de las ideas centrales del libro, que tienen el valor adicional de ser lo que hoy denominamos “políticamente incorrectas” y que en su tiempo despertaron tremendas críticas y, al mismo tiempo, interesantes debates sobre los problemas nacionales. La España de hace un siglo quizás tenga muy poco en común con la Argentina de hoy, pero algunas de las reflexiones de Ortega sobre los males de aquella España, podrían servirnos para reflexionar sobre nuestra propia realidad.

 
Habla Ortega de la vida de los españoles, diciendo que les “falta continuidad, pues el español la vive troquelada, como a saltos…una fantástica sucesión de hiatos”. Por ello la “historia de España entera, y salvo fugaces jornadas, ha sido la historia de una decadencia”. Si miramos los últimos setenta años de nuestra propia historia, podríamos decir lo mismo. Es una larga decadencia, vivida a sobresaltos, sin rumbo ni continuidad. Ortega encuentra las causas de aquella decadencia en dos razones: el particularismo, regional y de las clases sociales, y la inexistencia de minorías capaces, con su ejemplo o autoridad, de galvanizar las energías nacionales y convocar al pueblo a una empresa mayor. Respecto del primero sostiene que “la esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás”. Y respecto de las minorías, a las que les atribuye enorme responsabilidad en la conducción de la sociedad, sostiene que han abandonado sus funciones de guía de la masa, vulgarizándose y dejándose mandar por esta. La élite carece de ejemplaridad y por ello la masa no se deja mandar ni gobernar. 

Obviamente, la realidad es mucho más compleja que lo que entonces planteaba Ortega y hoy sería muy difícil proponer un análisis de nuestra realidad utilizando categorías como las que señala (la élite y la masa). Sin embargo, la noción del particularismo de los distintos sectores sociales es una característica a rescatar.

 
Cuando una sociedad funciona, lo hace, por supuesto, en medio de tensiones originadas en la competencia por la distribución del poder y de la renta, seguidas de reacomodamientos de los diversos grupos a las situaciones cambiantes. Pero cada grupo es parte del todo, reconoce las reglas de juego comunes y puede llegar a sacrificar intereses de corto plazo por otros de largo plazo o con vista a evitar una confrontación que perjudique al conjunto. Ese no es el caso de la sociedad argentina actual. Se ha roto el tácito “contrato social” que establece las normas de funcionamiento de la sociedad. Existe una brecha importante entre la legalidad y la legitimidad y ello hace que el cumplimiento de la ley -desde abajo y desde arriba- sea un hecho aleatorio y sujeto al predominio de los intereses o de la capacidad de presión de la multiplicidad de grupos en que se ha dividido la sociedad. El “todo” se ha desdibujado y no hay ningún grupo -minoritario o importante- capaz de galvanizar las energías como pedía Ortega y de restablecer la vigencia de aquel “contrato social”. De este modo, la sociedad tiene un solo rumbo posible: la inestabilidad y la decadencia. 

 
Desde su Independencia nuestro país fue un cuerpo invertebrado: los localismos y caudillismos, la incapacidad de Buenos Aires para aglutinar y distribuir el poder y la riqueza que le daban el puerto y la aduana, lo condenaron por varios decenios a la anarquía. Rosas, mediante alianzas y conquistas logró una primera unificación, débil, porque carecía de legitimidad como para darle la legalidad que requiere un contrato político de la envergadura de la Constitución que nunca quiso que emergiera. El suyo era el poder de la fuerza y no el de la ley: había país, pero sin contrato social. Urquiza y Mitre fueron más allá. Primero, derrotando a Rosas, y luego, tratando de crear sobre nuevas bases la unión nacional, frustrada por más de diez años y recién consolidada en 1866. Hubo que esperar sin embargo hasta la llegada de Roca, para que la consolidación política cubriera al conjunto del territorio que hoy denominamos nuestra República y que sobre el mismo rigiera una misma Constitución. De allí, y de la expansión del ferrocarril, surgió la Argentina del gran crecimiento (1860/1928). Este partió de una sociedad con marcadas diferencias sociales, entre un patriciado desdibujado, mayoritariamente terrateniente y rentístico, una burguesía emergente, de raíz comercial y con poder político y un campesinado rural o semiurbanizado, con un muy bajo nivel de vida. Había mucho de feudalismo y explotación, algo de industrialización que contrastaba con una creciente capacidad de exportación de alimentos y otras materias primas. Sin embargo, de allí surgió una “élite” que supo conducir a la sociedad hacia el progreso.

 
Abrió las puertas a la inmigración y a los capitales, creó un sistema educativo extremadamente eficiente, e implantó reglas de juego que tuvieron vigencia por lo menos hasta la II Guerra Mundial. Así surgió una sociedad, donde los inmigrantes e hijos de inmigrantes encontraron condiciones de vida y posibilidades de ascenso social sin parangón con otros lugares del mundo. Por eso el país, a pesar de sus divisiones políticas, de sus conflictos sociales y de sus crisis económicas, conoció casi ochenta años de crecimiento continuado con una sociedad sin grandes rupturas: era un todo donde cada parte, a pesar de los conflictos y de las esporádicas confrontaciones, encontraba su lugar y se iba ajustando a las variables circunstancias de la evolución política, tecnológica, social y económica.

Ese proceso, comenzó a resquebrajarse con la crisis de los años 30. Es un punto de la historia nacional donde se unen varios grandes cambios, algunos de los cuales ya estaban en gestación. Por lo pronto cambió el mundo, se detuvo el crecimiento y se paralizó el comercio que tantos frutos había dado al país; comenzó una marcada decadencia de la potencia hegemónica y las luchas entre las grandes potencias se llevaron gran parte de la riqueza mundial; en el plano interior, la falta de modernización del sector agropecuario y la creciente industrialización de los grandes centros urbanos crearon una brecha importante en el nivel de ingreso y en las condiciones de vida que aceleraron las migraciones internas; la estructura social misma de la población cambiaba, el mestizaje de la inmigración con la población local y el crecimiento poblacional resultante en un marco de grandes dificultades económicas, limitaba el ascenso social y generaba creciente descontento. Y la élite gobernante, que primero supo hacer frente a las dificultades económicas y promovió enormes cambios en la estructura productiva del país, no entendió la magnitud del conflicto social que tenía por delante y no supo dar una respuesta homogénea a la sociedad ante el gran conflicto ideológico y político que nos planteaba la guerra. Así la sociedad se desarticuló, las partes dejaron de integrarse al todo y por ello la nueva ruptura del proceso constitucional, catorce años después de la primera, no fue sorpresa y hasta se vivió como un alivio. 

 
El peronismo fue la fuerza que supo responder a las nuevas demandas sociales y con esa respuesta galvanizar de nuevo a la sociedad y reponer la marcha hacia adelante. Lamentablemente su cariz ideológico y personalista generó una profunda grieta en la sociedad y, lo que es más importante por las consecuencias posteriores, respondió a las nuevas demandas convirtiéndolas en “derechos” independientemente de la capacidad de la sociedad de contar con los medios para poder atenderlos. La Constitución del 49 es la mejor expresión de ello y la declaración atribuida a Eva Perón de que “donde hay una necesidad surge un derecho”, resume la esencia de esta filosofía que caló hondo en los nuevos sectores mayoritarios del país. 

Hace varias décadas los sociólogos descubrieron el “efecto demostración”, aquel que lleva a que la mayoría de los consumidores quieran tener los mismos bienes y acceder a los mismos servicios de los sectores de mayores ingresos. Este efecto vino a sumarse a demandas crecientes de los trabajadores por mejores condiciones de trabajo, en términos de nivel de ingreso (para poder satisfacer aquel efecto), de condiciones de trabajo y de acceso a una jubilación al terminar su vida laboral., todo independientemente de la productividad del sistema.

Derechos versus recursos

La diferencia entre “derechos” y recursos a la que se sumaron grandes inversiones que transformaron la geografía económica del país pero que no generaron siempre los medios necesarios para su amortización, fue atendida con los grandes recursos acumulados durante la guerra, pero una vez que estos se agotaron, surgió un fenómeno económico nuevo: la inflación, fruto de los continuados déficits fiscales. Para colmo, las políticas económicas de aquellos años afectaron la capacidad productiva del único sector que podía generar las divisas para atender las crecientes necesidades de importación (fruto, en parte, de una industrialización basada en la sustitución de importaciones muy demandante de bienes de capital e insumos importados). Demandas que la baja productividad de la industria local no estaba en condiciones de atender.

Las teorías en boga en aquel entonces atribuían el problema al deterioro ancestral de los términos del intercambio de los países productores de bienes primarios. Y la solución se centraba en la búsqueda de reformas a la estructura del sistema productivo mundial a través de modificaciones de las reglas básicas del comercio y de las finanzas que habían surgido después de la II Guerra Mundial. Ante su fracaso, emergió la solución del Estado productor y distribuidor de riqueza. Y en la Argentina esta teoría se aplicó a fondo, con un importante intento de planificación que incluyó grandes planes de obra pública. Esto originó, en una primera etapa, un importante crecimiento de la economía y especialmente una redistribución notable del ingreso. Su base, sin embargo, era poco sólida, se construyó sobre la utilización de los recursos acumulados durante la Guerra y de transferencias del único sector que estaba en condiciones de generara divisas, el agropecuario. Fue una suerte de keynesianismo sin estabilidad monetaria y al margen de los ciclos económicos. Y fue precisamente el cambio del ciclo de los precios de las materias primas el que terminó derrumbando el ensayo. Pero la demanda ya estaba creada, los “derechos” consolidados y la oferta y los recursos para atenderla ausentes. 

 
Por eso los principales resultados de la extensión en el tiempo de esta situación fueron:

 
a) continuados déficits fiscales y diferentes formas de endeudamiento para poder atenderlos que, a su vez, ampliaban el endeudamiento;

b) permanentes déficits en la cuenta corriente del balance de pagos, crisis externas recurrentes y periódicas devaluaciones;

c) elevadas tasas de inflación;

d) crecientes tensiones entre “el capital y el trabajo” por ganarle la carrera a la inflación alimentando así la espiral inflacionaria;

e) y es este un factor que nos resulta sumamente importante al analizar el proceso de “invertebración” de nuestra sociedad: la incorporación de pautas de conducta frente a la inflación permanente que reducen la capacidad de ahorro, promueven la fuga hacia otras monedas o hacia bienes improductivos, y llevan la inversión a niveles inferiores a los necesarios para atender el crecimiento de la demanda.  

Una sociedad que funciona genera bienes y servicios para atender las necesidades del conjunto de los individuos que la componen. Puede que estén mejor o peor distribuidos pero esos bienes llegan a todos. La condición necesaria para que esto suceda, es la estabilidad. Ella permite la continuidad y la acumulación, condiciones indispensables para el crecimiento. Sin ella, las distintas partes que la componen encajan mal y la sociedad funciona por debajo de sus posibilidades. Y la condición básica de la estabilidad es la existencia de un consenso social acerca de cómo debe funcionar la sociedad. Por otra parte, si la distribución es muy mala, se deteriora el consenso, comienzan los conflictos y se pierde la estabilidad. 

Una lección elemental de economía nos dice que ninguna sociedad puede consumir por adelantado más de lo que produce, a menos que se endeude y adelante inversiones con la posibilidad de aumentar su producción y cancelar más adelante las deudas de hoy con la mayor producción de mañana. La inflación es el resultado de un consumo anticipado sin contar con los medios para financiarlo. A menudo los gobiernos creen que pueden financiarlo o que pueden transferir hacia adelante la amortización de las deudas.

La historia de cualquier país -y de la Argentina en particular- nos muestra que esa concepción es falsa. Ya sea porque llega un día que por razones ajenas no hay más posibilidad de renovar los préstamos o porque la acumulación de amortización del capital más intereses llega a un punto en el que se agota la capacidad de renovar la deuda. Es cuando llega el temido “ajuste” y el país paga o reduce su deuda cediendo activos o disminuyendo el consumo para poder generar un excedente que aplica a la cancelación de deuda. 

 
Estas pautas de conducta, atento lo extenso del período bajo el que hemos vivido en inflación, se han ido consolidando y han devenido en la conducta habitual de los argentinos. Ni somos conscientes que nos dominan, tan adentradas están en nuestra conducta cotidiana. La inflación permanente invita a gastar por anticipado, a endeudarse y a refugiar los ahorros en bienes y monedas con precios estables. Al mismo tiempo, los gobiernos, también se pliegan a estas conductas y procuran atender las demandas de la comunidad y sus reclamos de satisfacción de sus “derechos” gastando por encima de sus recursos o endeudándose. En todo caso, los resultados son siempre los mismos: cuando no hay una crisis cambiaria porque no alcanzan las divisas, hay déficit fiscal y endeudamiento, o insuficiencia de recursos para atender los vencimientos de la deuda. La moneda es solo transaccional y no portadora de valor, lo que la hace inútil para el ahorro.

En ese contexto, cada sector de la sociedad (o cada individuo o cada familia) trata de sobrevivir de la mejor manera, en un juego de ganancia cero, en el que más bien pierden todos. Y lo primero que se pierde es la cohesión social, y el sentido de pertenencia al todo queda limitado a lo mítico. Así el país vive de crisis en crisis y en decadencia permanente. El país queda invertebrado.

Por ese camino llegamos a la hiperinflación y de allí solo pudimos salir, transitoriamente, gracias a la convertibilidad. Fue una salida virtuosa, permitió una rápida reconstrucción de la economía sobre nuevas bases. La estabilidad monetaria y la ausencia de inflación lo hicieron posible. Obviamente esto generó grandes y dolorosos cambios, pero por primera vez en varios decenios la pobreza descendió por debajo del 20% y ello a pesar de que, al mismo tiempo, no hubo capacidad para generar los empleos que se necesitaban para hacer frente al aumento de Población Económicamente Activa que provocó la estabilidad.

Así y todo, nos enamoramos de la convertibilidad y confundimos una herramienta para salir de la inestabilidad por un sistema monetario permanente. Podría haberlo sido, pero habría precisado otro contexto político porque desde la política volvimos a romper la estabilidad por la vía del endeudamiento y la filosofía del “piloto automático”. El final ya lo conocemos. La implosión de la convertibilidad generó un gran caos institucional y un desastre social al que contribuyó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de avalar la “pesificación”.

Como en 1930 el máximo tribunal volvió a romper el contrato social. Esta vez no fue convalidado el quiebre del orden constitucional, lo hizo quebrando el sistema monetario. Es decir, rompió el contrato que unía a los ciudadanos con el Estado a través de la moneda. Puso así en duda la validez de la norma fundamental de cualquier contrato social. Si el pacto básico no se respeta, la anomia pasa a ser la norma y se debilita la legitimidad de todo el sistema jurídico.

 
Para Ortega, la solución al problema que enfrentaba España pasaba por reencontrar la fuerza que fuese capaz de galvanizar al pueblo y llevarlo a una nueva etapa de consolidación del cuerpo social. Y ese era el rol del Estado. “El Estado ante todo”. El Estado colectivista de la URSS y el Nuevo Estado del fascismo emergente le daban posiblemente el ejemplo de lo que quería para España. En realidad, se lo dio el “franquismo” que con el “Tercer Reich” completaron el cuarteto de modelos de Estados con la capacidad de cohesionar por la vía de la fuerza y la coerción a la sociedad. Conocemos el costo social y el resultado final de los cuatro como para apartarnos rápidamente de aquella idea. El Estado tiene un rol para jugar en la conducción de un proceso de transformación, planificando, arbitrando, promoviendo, pero nunca siendo el motor político de la transformación ni la fuerza que galvanizará a la sociedad para reencontrar su cohesión.

Argentina hoy

Pensemos en nuestra Argentina de hoy. Sumida en un proceso inflacionario sin precedentes, sin crédito ni moneda, endeudada y con un historial de mal pagador que no debe tener parangón en el mundo. El nuestro es el país, después de Venezuela, que más demandas ha acumulado en los tribunales internacionales por violar los pactos que el país firmó. Hasta llegar recientemente a lograr la proeza de que a menos de un año de haber completado la renegociación de gran parte de la deuda externa el riesgo país ya estuviera por encima del nivel previo a la renegociación y los bonos argentinos hayan sido incluidos en la categoría de “stand alone”. Y en lo interno, divididos por una “grieta” presuntamente ideológica, entre una activa minoría que una vez encumbrada en el Estado lo ha usado para promover el clientelismo, el capitalismo de amigos y un grado de corrupción e ineficiencia en el manejo de la cosa pública que supera a cualquier caso anterior, en un país cuya historia está recorrida por el hilo de la corrupción. La realidad no reconoce esa grieta.

El país está dividido y ha perdido la cohesión social porque los años de inflación lo han dividido entre “ganadores” y “perdedores”, división que la pandemia y las políticas seguidas para hacerle frente han ahondado aún más. Pero no son dos grandes bloques, primero porque en realidad, mirando la evolución del nivel de ingreso, “perdedores” han sido todos los argentinos. Segundo, porque entre unos y otros también hay muchas categorías y grupos diferentes, cuyos mecanismos de supervivencia y capitalización difieren marcadamente. Cuarenta por ciento de la población vive en la informalidad, un porcentaje mayor en la pobreza, la clase media, que se suponía que era la argamasa de la cohesión de una sociedad con mecanismos de ascenso social está social y cuantitativamente en declinación, los sectores más favorecidos han comenzado por sacar sus ahorros del país y muchos de sus hijos lo abandonan. 

Setenta años de demagogia e inflación han terminado con el próspero país de ayer. El “pobrismo” vino a completar la tarea y la presunta ideología de los ocupantes del poder presentan ante la sociedad un relato que no resiste el más elemental análisis histórico ni económico, pero que ha cooptado a una parte de la sociedad, en muchos casos por necesidad; en otros, por falta de alternativas. ¿Hay salida?

Sí que la hay, y va a venir por la vía democrática, no por la de la ocupación del Estado y su transformación en el ente que galvanizará a la sociedad y las ayudará a reencontrar su cohesión y fortaleza. Quizás sea después de una nueva crisis económica o de una crisis institucional. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar ambas. Y trabajar duramente en cambio, para convencer a diversos sectores de la sociedad, que debemos reencontrar el camino de la racionalidad en el manejo de la cosa pública y en el de la economía familiar. 

Tenemos por delante tiempos que no queremos llamar de “ajuste”, pero que serán de frugalidad y sensatez, de productividad y ahorro (hace no mucho Remes Lenicov recordaba el ejemplo del mismo Perón en 1952 pidiendo a los trabajadores el aumento de la productividad y del ahorro) para que pueda haber inversión, para que se termine el déficit fiscal y el endeudamiento, para que el país recupere el crédito, para poder invertir y no para atender el gasto político o los negocios de los amigos. Va a haber que pasar por un túnel, por tiempos de cambios y reacomodamientos, por un acostumbramiento a la lógica de la estabilidad. No todos vamos a ser “ganadores”, en toda sociedad hay “perdedores” pero se trata de que sean los menos y de que para ellos también haya un lugar digno en la sociedad. Un gran sociólogo norteamericano decía que una sociedad eficiente es aquella que también sabe construir un refugio para los “perdedores”. Pero el conjunto de la sociedad será la que saldrá ganando: el país volverá a crecer, la estabilidad lo permitirá rápidamente porque nos sobran las riquezas humanas y naturales. Esas mismas que hoy, por ideología e ineficiencia, no sabemos ni defender de la depredación ajena. 

No somos una sociedad que pueda ser gobernada por una minoría ilustrada como pedía Henrique Cardozo, la élite de Ortega. Precisamos más: una clase dirigente -política, empresarial, sindical- ilustrada y una mayoría convencida de que debemos apartarnos definitivamente del camino del fracaso. La primera la tenemos, pero está fraccionada: cada una de sus partes está dedicada a defender o proteger sus intereses en el contexto que surge de la inflación cotidiana, el orden que la acompaña y sus consecuencias. La segunda, después de años de empobrecimiento y engaño y de sobrevivir en ese mismo contexto, está, una parte encandilada por el relato de quienes ocupan hoy el poder; otra, atada a ideas y preconceptos que son disfuncionales con su propio interés; y una tercera vive en la indignación, expresada o muda, pero pronta a salir a la superficie. No es fácil romper el hechizo, pero el daño que está generando la inflación continuada y la pérdida de ingresos reales, quizás no tarde en despertar a grandes sectores de la sociedad a la realidad. La inflación es la fuente principal del deterioro del ingreso de los sectores de ingresos fijos y de enriquecimiento de quienes poseen más capital. No hay gobierno más reaccionario que el que genera inflación. Y nada genera más desigualdad que la inflación.

En el mundo de hoy, en el de la globalización y las comunicaciones instantáneas, la visión sobre la desigualdad se ha convertido en un factor de acción y de perturbación social y de acción política de una naturaleza diferente a la del pasado. Desigualdad, inflación y pobreza creciente, es una combinación que tarde o temprano dará cuenta de los responsables de esta situación. ¿Se podrá entonces restablecer la integridad de la sociedad? ¿Volver a hacer de ella un cuerpo social integrado? ¿Surgirá del espanto la clase dirigente que nos abra la puerta hacia un nuevo destino?

*Dr. en Política Económica (Universidad de Friburgo, Suiza). Diplomático argentino.

 

** Para www.perfil.com

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