¿Peor el remedio que la enfermedad?

El proyecto de ley para centralizar la compra de medicamentos de todo el sector público provincial ya está a la espera de dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero antes de dar ese último paso y votarlo en la sesión de este jueves o en la del martes próximo, en la Cámara de Diputados esperan un posicionamiento desde el Poder Ejecutivo antes de avanzar, según confiaron fuentes de la Legislatura.
            
El proyecto de ley deja abierta la puerta a la privatización de todo el sistema de compra, gestión, administración y provisión de medicamentos del sector público, y que tal como está redactado parece un traje hecho a medida, la mirada está puesta sobre el veloz y casi unánime apoyo en las comisiones de la Cámara de Diputados. Por eso en las últimas horas se abrió un compás de espera para que “el Poder Ejecutivo exprese lo que piensa sobre el proyecto”.

Hasta ahora la única que hizo mención al tema fue la ministra de Salud Sonia Martorano la semana pasada cuando fue consultada. Declinó hablar del tema porque como Ministerio no se los había sido consultado ni se les pidió opinión. Ante la insistencia periodística se limitó a decir: “Si lo que se quieren es generar herramientas necesarias que puedan minimizar los procesos de compra y no burocratizarlos y lentificarlos, y que además generen mayor transparencia, podría ser positivo”. Una semana después ni la ministra ni ningún otro funcionario de Salud fue convocado a la Legislatura a pesar de que afecta directamente sus funciones al quitarle capacidades a la hora de fijar políticas en materia de medicamentos y dárselas a una Unidad Ejecutora, en la que tendrá participación junto con el Ministerio de Economía, pero que orgánicamente estará en la órbita de este último.

Las dudas sobre el proyecto crecen por otros dos motivos referidos al tratamiento legislativo. En primer lugar, pasó por las comisiones de Salud y Presupuesto y obtuvo dictamen en un abrir y cerrar de ojos, sin debate, sin consultas ni invitados a opinar, a una velocidad inusual, sin cambiarle siquiera una coma y con firmas transversales: lo acompañaron peronistas, radicales, socialistas y representantes de Juntos por el Cambio. Entre los bloques minoritarios hubo apoyos en algunos casos y ausencias en otros.

Por otro lado, ningún bloque aceptó hasta aquí hablar públicamente del proyecto para defenderlo o argumentar a favor. En los últimos días, periodistas contactaron a legisladores de distintos bloques que integran las comisiones en cuestión, pero algunos nunca respondieron los mensajes y llamados; otros dijeron no conocer el proyecto a pesar de pertenecer a las comisiones en las que obtuvo dictamen; y alguno pidió hablar “la semana que viene”. Hasta aquí, el único que habló y defendió el proyecto fue su autor, el senador radical y presidente de la UCR Felipe Michlig.

El proyecto
La ley establece que a partir de su aprobación todas las compras de medicamentos serán centralizadas en una Unidad Ejecutora que tendrá a “su cargo la implementación, operación, gestión y seguimiento”. Es decir que absorberá lo que hoy se realiza por distintos canales: compras centralizadas desde el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y descentralizadas desde hospitales y samcos.

 Lo que parece una cuestión meramente administrativa cambia cuando la letra de la ley menciona entre las atribuciones que se le dan a la Unidad Ejecutora “convenir con entes públicos, Universidades Nacionales e Institutos, con el Instituto Autárquico de la Obra Social (Iapos) y con colegios farmacéuticos y/o médicas, el desarrollo, elaboración o ejecución de estudios, proyectos de gestión y/o tecnológicos para la implementación y cumplimiento de los fines del programa”. Otra atribución es “hacer uso de los mecanismos tecnológicos y operativos ya existentes en otras áreas del Estado Provincial y/o sus organismos descentralizados, para lo que podrá celebrar los convenios de colaboración y articulación que sean necesarios”, así como “llevar adelante, por sí o mediante la contratación con terceros, los servicios de logística y/o distribución de medicamentos para el sector público”.

 
Esa redacción y las posibilidades que abre calza como si fuera un traje a medida para el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe (Primera Circunscripción), que ya maneja la compra y gestión de los medicamentos del Iapos (organismo descentralizado) y, por lo tanto, es el único que tiene el sistema informático, la logística y la experiencia en el Estado (todo lo que dice el proyecto de ley). Este año le dará a la “asociación civil” Colegio de Farmacéuticos unos 20 mil millones de pesos para que resuelva la provisión de medicamentos a los 550 mil afiliados de obra social pública. Si se aprueba la nueva ley, estará a tiro de firma de convenio para quedarse con la provisión de medicamentos de todo el sector público provincial y sumar varias decenas de miles de millones más a su negocio. De hecho ya existieron intentos para sumarlo a la compra de medicamentos oncológicos del sistema provincial de salud.

Los alcances e implicancias del proyecto que tiene a tratamiento Diputados, según consultas que hizo AIRE, generaron preocupación en el sistema de salud. Por un lado, porque el Ministerio de Salud pierde poder de decisión en un área esencial para las prestaciones. Por el otro, porque abre la puerta al gerenciamiento privado. En la Legislatura se dice que el Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción “inspiró y aportó letra al proyecto” y de hecho es vox populi que el lobbista privado de la ley y del Colegio de Farmacéuticos es el mismo.

Ese sistema de gerenciamiento privado lejos está de la panacea. Son recurrentes las quejas de los afiliados y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, en un dictamen de 2019, dejó constancia de un sinnúmero de penurias de los afiliados para acceder a los medicamentos que necesitan. Y si bien nadie lo dice abiertamente, también hay cuestionamientos entre las propias farmacias y droguerías, tanto por las comisiones que se cobran, como por la arbitrariedad a la hora de elegir proveedores.

Otra cuestión es que el proyecto de ley que lleva el rimbombante título de “Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos” sólo contempla al Laboratorio de Industrias Farmacéuticas de la provincia para que la Unidad Ejecutora lo integre al “esquema y tecnologías de provisión con el resto de los financiadores de la salud y productores de medicamentos, especialmente con el Iapos y el LIF”. Es decir habla de un plan de accesibilidad de medicamentos pero sin aludir al laboratorio en el que el Estado lleva muchos años invirtiendo y con el que desarrollaron políticas de Estado que le permitieron garantizar que el 90% de los medicamentos que se utilizan en la salud pública se fabriquen allí a menor costo que en el mercado.

 Se podrá decir que hoy los laboratorios privados ya son proveedores del Estado provincial, pero con el desarrollo del LIF han perdido una porción importante del mercado del sector público. Y darle a un privado la decisión de a quién, cómo y qué comprar como ocurre en Iapos parece destinado a apagar la estrella que tan bien se ganó el LIF en las últimas dos décadas, como proveedor del Estado nacional, CABA y otras provincias, con la fabricación en sus instalaciones de drogas de diseñadas específicamente para pacientes particulares y de drogas como misoprostol y anticonceptivos que garantizan derechos sociales.

Fuente: Aire de Santa Fe, sobre una nota de DAVID NARCISO