¿Educación o trabajo?

En el debate político educativo actual en Argentina, la fluctuante relación planteada entre los jóvenes y los nuevos desafíos sociales y económicos, ligados a la vertiginosa incorporación de un nuevo paradigma económico y social ligado a la economía de mercado, la consagración de la globalización y la pluralización de las formas de inclusión, exclusión y participación social, va ocupando progresivamente un rol más sobresaliente.

 

Es por ello se considera no solo relevante sino vital acceder, desde la investigación y la reflexión, al estudio de las variables de tipo político educativo, social y laboral que condicionan la vida de los actores juveniles. 

 

Diversos análisis, elaborados sobre la calidad de las estrategias educativas incorporadas en el campo educativo de juventud, revelan la prevalencia de una tendencia paradójica en la operatividad de las políticas de formación, capacitación y atención social juvenil, que ha constatado que, frente a una mayor desintegración social que altera las condiciones de ingreso, permanencia y movilidad en la vida laboral y social, la política educativa no ha logrado generar respuestas adecuadas a la complejidad de los retos planteados por los nuevos procesos de organización social. 

 

El efecto desalentador y reproductor de las políticas educativas ha tendido a vigorizar las anomalías subyacentes en la estructura política, institucional, curricular, profesional y administrativa correspondientes al campo educativo público en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

 

En otros términos, la operatividad efectiva de las deficiencias múltiples contribuye a vigorizar real y potencialmente las carencias sociales y educativas de los sectores sociales más desmedrados, particularmente de los jóvenes, quienes en su mayoría se ven obligados a optar entre la educación o el trabajo, en una lucha agónica por la sobrevivencia, sin poder aspirar luego a una segunda oportunidad educativa a través de la participación en programas de capacitación, cursos de apoyo escolar o pasantías laborales que respalden y orienten sus intentos por superar, en el plano biográfico y colectivo, las carencias cognitivas, sociales, psicológicas y materiales históricamente acumuladas.

 

A nivel de las representaciones sociales de los actores responsables de la planificación, evaluación y decisión de la política educativa, se ha tendido a naturalizar los conflictos, sociales lo que se condice con la preeminencia de lógicas de acción operantes a nivel político y administrativo, desde las cuales se determina el modo de diagnosticar, enfrentar y, en el peor de los casos, eludir, perpetuando y naturalizando, problemáticas estructurales como: el abandono educativo; el desgranamiento de los contenidos; la repitencia escolar; la descalificación de las metodologías y proposiciones curriculares y didácticas primordiales en los procesos de enseñanza y aprendizaje; y la obsolescencia de prácticas, dominios y herramientas profesionales docentes e institucionales; el ensimismamiento pedagógico, que aduce a la clausura pedagogizante de las instituciones de formación educativa que refuerza la autoreferencialidad de la escuela hacia sí misma y que acaba por anular, porque desconoce, las ventajas de la concertación intersectorial como desafío para la futura proyección democrática de la acción educativa; la pauperización de las condiciones tecnológicas, infraestructurales y laborales sobre las que se edifica la actual oferta pública de formación; el “vaciamiento de sentido”, que singulariza los programas y proyectos educativos orientados a fortalecer la educación de los jóvenes; y la escisión, negación recíproca, planteada entre la cultura escolar y las culturas juveniles así como entre las ofertas educativas homogéneas –homogenizantes y las demandas sociales heterogéneas– heterogeneizantes.

 

La acentuación de los “círculos viciosos” de exclusión se produce, paradójicamente, en un contexto histórico en donde la contribución social de la escuela a la formación de recursos humanos y a la socialización de las competencias, talentos, conocimientos, capitales sociales y culturales y dominios prácticos se ha tornado cada vez más necesaria, pero cada vez más insuficiente. 

 

En relación al ámbito de la formación de los jóvenes se podría exponer que las estrategias destinadas a la lucha y prevención del desempleo juvenil, en Argentina y América Latina, se han concentrado en la implementación de políticas y programas de empleo globales estándar en su concepción y focales en su aplicación motorizados primordialmente a partir de la iniciativa financiera cedida desde los organismos internacionales, adherido a una participación subalterna de los gobiernos locales.

 

En cuanto al impacto de los programas de atención juvenil introducidos en Argentina en los últimos 10 años se podrían mencionar los siguientes aspectos: 

 

Programación rígida y centralizada de los programas y proyectos de formación y asistencia juvenil en las áreas de salud, educación, vivienda, cuidado personal, prevención de adicciones, desarrollo de micro emprendimientos. 

 

Dicotomía operante entre el sector diseñador de políticas para los beneficiarios jóvenes y adultos y las instancias intermedias de transposición y viabilidad, más asociadas a las burocracias e institucionalidades locales, así como las redes civiles, no gubernamentales y asociativas erigidas desde la iniciativa y participación de los beneficiarios. La superposición y desencuentro entre lo que se define como apropiado para los actores y lo que los actores por sí mismos y desde sus contextos sociales de referencia convienen como relevante, ha restringido una efectiva transposición de las herramientas de capacitación y formación juvenil. 

 

La ausencia de un tejido social cohesionado y cohesionante capaz de articular y dar sentido histórico al concierto de propuestas políticas destinadas al sector, representa hoy en día uno de los eslabones más determinantes de la desorientación experimentada por la mayoría de los dispositivos institucionales de formación juvenil.

 

Postergación de los actores, dinámicas y subculturas locales en el momento de la aplicación de las políticas educativas propendieron a neutralizar, homologando y discriminando, tanto al grupo beneficiario como a su contexto institucional, social y representacional. En esta misma tónica se puede constatar una valoración estigmatizante de los actores como sujetos pasivos, receptarios, dependientes de la iniciativa exógena y por ende, incapaces de originar estrategias de inclusión y participación desde sí. El no reconocimiento de la pluralidad cultural, los escenarios locales y sus referentes humanos, la labor y lógicas de acción de las organizaciones sociales de base, como las ligas de familia, centros vecinales, grupos de solidaridad, aún incipientes, los intersticios simbólicos y materiales en donde se producen permanentemente formas legítimas de ciudadanía y convivencia a nivel laboral, económico, familiar, personal. 

 

Ausencia de directrices políticas y concepcionales claras orientadas a la definición de la pertinencia intrínseca e extrínseca de las estrategias socio educativas implementadas en el espacio juvenil. Esto tornó a la mayoría de las políticas focalizadas en el sector, en meras “buenas intenciones” cuya laxitud, inconducencia e insostenibilidad frustraron el proceso de tránsito hacia un auténtico fortalecimiento democrático de las chances sociales de los grupos más desfavorecidos. 

 

Carencia de un consenso intrasectorial del sistema educativo que involucrara progresivamente a los estados federales, los perfiles institucionales previos, el historial y basamento ideológico de los grupos técnicos y burocráticos, el sentido de las prácticas administrativas y de gestión, la dimensión profesional, laboral y representacional de los actores educativos, tanto docentes como alumnos, técnicos, directivos, expertos, investigadores, etc., el marco de necesidades de los sujetos aprendientes y sus respectivos referentes intra e interpersonales se amalgamó con la ausencia de un nexo de articulación y fortalecimiento intersectorial entre el campo educativo y el resto de las políticas sociales.

 

En este sentido la falta de mecanismos de intervención pública en materia de compensación, capacitación y atención socio educativa de las necesidades múltiples de los diversos grupos sociales y especialmente de los jóvenes atentan contra una distribución democrática y equitativa de las oportunidades de integración y participación en la vida civil, política y laboral de los sectores sociales, fundamentalmente de los grupos más desfavorecidos.

 

Contemplando la complejidad de este escenario se torna efímero y cuestionable el impacto que pueda tener cualquier sistema de formación educativa, profesional y técnica, así como las propuestas de salidas laborales intermedias en una estructura de formación ocupacional, si no se antepone, como valor axial, el desarrollo de un crecimiento económico constante que garantice la ocupación y que vaya ligado a una distribución democrática y eficiente de las competencias y disposiciones laborales, en tanto capital cultural y social, que en definitiva, a largo plazo, facilitan la inserción adecuada en el sistema laboral, la vida social y el entorno cultural.

 

En este sentido, es determinante desterrar la creencia de que la educación, per se, puede resolver exitosamente, cual “panacea” el problema masivo del empleo y sus polisémicas expresiones: desempleo, subempleo, sobre-empleo, pluriempleo, inempleabilidad, empleabilidad delictiva y sumergida, empleabilidad intermitente, etc., las “múltiples pobrezas” y las “desafiliaciones institucionales, sociales y culturales” que sufren los sectores populares de nuestras sociedades, etc. Por ello es pertinente aclarar que no se puede esperar crear empleo si no hay crecimiento económico y productivo como tampoco puede pretenderse una inserción eficiente de recursos humanos si no hay empleos estables y de calidad.