Iribarren, una fiscal transversal a la política para una Rosario caliente

POLÍTICA - SANTA FE Agencia de Noticias del Interior Agencia de Noticias del Interior

En un balcón enorme, detrás de toda la prensa que se balanceaba sobre la baranda para ver las reacciones de Ariel "Guille" Cantero y Ramón "Monchi" Machuca, líderes de la banda narcocriminal Los Monos, seguía el juicio con concentración María Eugenia Iribarren, fiscal encargada de monitorear el proceso de sus colegas. El guión salió al pie de la letra y terminó siendo todo un mojón para la Justicia santafesina aquella condena. Cinco años después tiene todos los números para dirigir la política criminal de Rosario como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Si finalmente la Asamblea Legislativa la designa tal como oficializó el gobernador Omar Perotti será una continuidad ya que es, desde hace dos años y medio, interina en ese cargo. Probablemente haga el mismo camino al trabajo, esté en la misma oficina, tome café de la misma máquina aunque el día a día seguirá siendo imprevisible ante una violencia que no deja de sorprender. Ahora ya no tiene la incertidumbre de ser interina, no tapará huecos, y no le alcanzará haber completado con un buen trabajo para una ciudad con el mayor índice de homicidios del país por la lucha entre organizaciones criminales.

Iribarren agarró una fiscalía en llamas para reemplazar al destituido y preso Patricio Serjal, responsable de organizar una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia. El escándalo institucional de entonces dejó algo en claro: la denuncia provenía del corazón del propio MPA, es decir, los fiscales persiguieron a su jefe. Logró contener a ese enorme cuerpo.

“Agarró un fierro muy caliente después de lo de Serjal y cumplió”, sostiene un penalista con roce constante con el MPA. Lo cierto es que la fiscalía regional quedó con un descrédito enorme. “Había que reconstruir la confianza desde la sociedad hacia la fiscalía y creo que se logró”, sostuvo en la fiscal.
La mitad de su carrera judicial la hizo con el sistema penal inquisitivo y luego todo un andamiaje con el nuevo esquema, el acusatorio. Suma diez años de fiscal de primera instancia en el viejo sistema penal y otros tantos de fiscal de Cámara. Luego fue jefa de la Agencia de Criminalidad Organizada, la misma que acusó al mencionado Serjal, jefe regional por entonces, de pergeñar un plan junto a un fiscal de grado para sacarle dinero a un capitalista del juego clandestino.

Es decir, es una funcionaria que atravesó varios momentos del sistema judicial santafesino y conoce los pro y contra desde adentro. Incluso concursó para ocupar la Auditoría General del MPA que trabaja en el control disciplinario. “La oralidad siempre es ventajosa. Fue un esfuerzo muy grande llevar a juicio oral algo que se había iniciado respecto de muchos de los imputados como una cuestión escrita”, sostuvo cuando finalizó el juicio a Los Monos que ponía a prueba el nuevo proceso a partir de un caso enorme y simbólico.

Su nombre se mencionó en un caso polémico. Tras el asesinato del narco Luis Medina hubo una posible violación en la cadena de custodia de su computadora personal y se la suma a la por entonces fiscal de Cámara en la confusa autorización al área de Tecnología para la Gestión, dependiente del ministerio de Gobierno de Santa Fe, para abrir esa información y con una posterior manipulación. La Justicia, años después, sostuvo que no hubo delito.

De familia
La fiscal tiene linaje judicial: su padre fue Casiano Iribarren, reconocido ministro de la Corte santafesina. No tiene una línea partidaria definida, más bien es transversal con buena sintonía con el PJ, también con el socialismo que gobernó la provincia 12 años y hasta no es mal vista por la pata conservadora de la política santafesina. No sólo hay habilidad, sino idoneidad en esa característica. Por otro lado, le reconocen una mirada con perspectiva de género adecuada a los tiempos.

Iribarren sabe que por momentos se vuelve inconducente la labor del MPA: la solución no es sólo investigar y esclarecer los crímenes, sino evitar que ocurran. Es decir, la prevención, que depende de la policía y la política. Por eso es de las que se suman al reclamo de una reforma policial “seria”. Es una cuestión de física para Iribarren: hay que cortar con la inercia policial que embarra, se achancha, y no da un salto de calidad.

Pide recursos para el MPA casi como una condición sine qua non para abordar los delitos, sobre todo complejos, y sortear las deficiencias actuales. Ahora, probablemente, será por seis años, con un total de casi nueve años si se suma el interinato, la responsable de la política criminal local, la más caliente, la más compleja y observada, la que pide respuestas.

FUENTE: LETRAP.COM

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