Los argumentos de un lado y otro confirman lo que se ve a simple vista. Que la designación de fiscales y defensores definitivamente terminó enredada en esta transición prematura, que solo preanuncia más de lo mismo si se considera el antecedente de la “no transición” de 2019 entre el gobierno saliente de Miguel Lifschitz y el entrante de Omar Perotti, y la pésima relación que dominó el vínculo oficialismo-oposición en estos casi cuatro años. 

En buena medida lo que ocurra en Santa Fe en los próximos tres meses será resultante de las relaciones de fuerza que deje el resultado electoral. Los escenarios posibles de esa transición son diferentes si el 10 de septiembre se ratifica el triunfo opositor; si Perotti gana o es derrotado en la categoría Diputados; o si un eventual gobierno de Pullaro tiene el control de las dos cámaras, de una o de ninguna.

Transición, primer round
 
“No podemos rechazar todo”, decían radicales, socialistas y el javkinismo después de que el Ejecutivo avisara que no retiraría los pliegos como había sugerido el pullarismo. A partir de esa incomodidad se generó la instancia política en la que Pullaro explicó ante los senadores y diputados de Unidos su mirada sobre la transición institucional, el rol del MPA y la Defensoría Penal. Se acordó un criterio intermedio que fue el que se plasmó en la votación, inaugurando una dinámica de debate interno que será imprescindible si Unidos llega al gobierno: la multiplicidad y heterogeneidad de espacios que son parte requiere una conducción más parecida a la que ejercieron los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz en el Frente Progresista que al unicato con el que Omar Perotti pretende conducir al peronismo.

enviará otra tanda de pliegos, esta vez de jueces y camaristas. Es justo lo que Unidos, que tiene mayoría, le pide: que no lo haga sin antes abrir una instancia de diálogo. Objetivamente el gobierno tiene legitimidad para enviarlos y argumentos razonables; los concursos de fiscales y defensores no fueron objetados, tampoco los nombres propuestos, y hay repetidas manifestaciones de referentes de la oposición sobre la necesidad de acelerar esos nombramientos y reforzar el MPA.

En ese sentido, el rechazo de la mayoría de los pliegos suena contradictorio, pero no puede ignorarse que el Ejecutivo tuvo en sus manos el orden de mérito del concurso desde el 20 de octubre de 2022 y recién envió los nombres a la Legislatura el 14 de julio pasado, dos días antes de las Paso. ¿Se puede ignorar que en el medio pasaron cosas?… como que el 16 de julio la oposición obtuvo casi un millón de votos y sacó medio millón de diferencia sobre el oficialismo. 

"En plena transición política envía estos pliegos a la Legislatura. Estamos a 15 días de tener un gobernador electo y a menos de 120 días de que asuma", dijo el diputado Fabián Bastía, pullarista y vocero de Unidos en la Asamblea Legislativa.

El mensaje es claro: quiera o no quiera Perotti, la transición se inició de facto. Y los pliegos de fiscales y defensores fueron apenas el aperitivo. Pretender que acá no pasó nada y todo sigue como antes del 16 de julio no suena muy realista por más que el Ejecutivo esté legitimado a elevar pliegos hasta el último día de mandato.

La rosca político-judicial
 
La pulseada en torno a los fiscales también se jugó afuera del ámbito legislativo. Sabiendo del disgusto que el rechazo provocaría en los distintos estamentos del Poder Judicial, el gobierno salió a buscar aliados entre jueces, abogados y fiscales.

La Corte entendió rápido: si fiscales y defensores no pasaban, la misma suerte correrían jueces y camaristas. Por eso exhortó al Ejecutivo "para que disponga del modo más urgente posible” el envío de pliegos para cubrir 48 vacantes. En sentido similar pidieron luz verde el Colegio de Magistrados, la Asociación de fiscales y el Colegio de Abogados. 

También Unidos mandó sus referentes con llegada a los círculos judiciales a explicar la posición, moderar las críticas y contener a los damnificados. En definitiva, a transmitirles que no era un problema de nombres, sino político, porque el gobierno envió los pliegos en medio del proceso electoral sin diálogo previo ni respuesta a sus requisitorias en el marco de la Junta de Seguridad Provincial sobre los roles de fiscales y defensores y un mapa de las necesidades del sistema judicial.

En medio de llamados que iban y venían, la Fiscalía General de la provincia evitó meterse en la puja. Obvio que a María Cecilia Vranicich no le es inocuo que sólo se hayan aprobado 15 pliegos de fiscales. Otro tanto para la Defensora General Estrella Moreno Robinson a la que sólo le votaron cuatro nombres. En ambos casos un pronunciamiento hubiera significado, en términos institucionales, confrontar con la decisión de otro poder del Estado; y en términos políticos contra quienes probablemente serán gobierno los próximos cuatro años.

 
Distinta posición adoptó la fiscal regional de Rosario María Laura Iribarren al cuestionar abiertamente la decisión de Unidos porque le frena la aplicación del plan de trabajo que la propia Legislatura avaló cuando la designó en el cargo hace cuatro meses.

Pullaro está convencido de que la Justicia necesita cambios importantes. En lo referido puntualmente al MPA, redistribuir recursos existentes, ver dónde hacen falta fiscales y definir prioridades en cuanto a los delitos a perseguir. Más que expandir la estructura de fiscales se inclina por sumar empleados, porque hoy los fiscales cargan con trabajos que son propios de aquéllos y les quitan tiempo para dedicarse a investigar y litigar, que es su labor esencial. El cálculo económico no es ajeno: el sueldo de un fiscal equivale al de cuatro o cinco empleados.

Según datos oficiales del MPA y de acuerdo a estándares internacionales, son necesarios entre 3 y 3,5 empleados administrativos por cada fiscal, más los empleados de áreas comunes y especiales como son los de recepción de denuncias, atención al público, mesa de entradas, psicólogos, trabajadores sociales, personal de servicios generales, entre otros. En la realidad la relación está muy por debajo: entre 1,8 y 2,2 empleados por fiscal según la regional que se trate. Y buena parte lo hacen en condiciones de precariedad laboral, bajo régimen de pasantías o contratados.

También se recomiendan de cinco a seis fiscales cada 100.000 habitantes en ciudades de entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes; y entre siete y ocho fiscales en núcleos poblacionales de más de 1.000.000 de habitantes (como es el caso de la ciudad de Rosario).

Son datos contenidos en el informe del anterior fiscal general Jorge Baclini. Si se sigue esta línea, Rosario debería tener más de 90 si se calcula una población de 1,2 millón de habitantes.

Los informes de gestión de las fiscalías regionales y la general de los últimos años expresan con bastante claridad la disparidad de la carga de trabajo según las regionales, el número de empleados con el que cuentan y la cantidad de legajos de investigación por fiscal entre otros indicadores. Algo similar ocurre con el Servicio Público de la Defensa Penal.

La política deberá ordenarse rápidamente, si es durante la transición entre un gobierno y otro mejor, sino a partir del 10 de diciembre. Pero urge liderar cambios en este ámbito.

Con informacion de Rosario 3.