En una instancia decisiva para Ignacio Martín, el médico trucho del ex Centro de Operaciones de Emergencia (COE), su defensor afirmó que "todos sabían" que no era profesional de la medicina.
El abogado Agustín Cattaneo solicitó la absolución del joven detenido desde febrero de 2021 y apuntó hacia autoridades de la Municipalidad de Río Cuarto y ex funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia.
Durante su alegato, el defensor aseguró que "sabían que no era médico pero igual le hacían atender pacientes". Marcó contradicciones de las autoridades al declarar como testigos en el juicio y pidió que sean investigados.
La defensa deslindó responsabilidades en el subsecretario de Salud municipal, Isaac Pérez Villarreal, en el ex secretario de Salud de la Provincia, Pablo Carvajal, y el ex coordinador del COE, Diego Almada, quienes le asignaron a Martín un rol como jefe del Comando de Operaciones Tácticas (COT) en el sur de Córdoba.
Cattaneo cuestionó en particular a Pérez Villarreal que además de funcionario municipal era médico de cabecera de Nicolás Bertol, un joven que falleció después de ser revisado por Martín y que motivó la imputación por homicidio contra el falso médico.
"Considero que la imputación de homicidio es incongruente, podemos advertir inconsistencia con la prueba recaída a lo largo del debate y del propio expediente", remarcó el defensor después de compartir conversaciones de las que participaron su cliente, Pérez Villarreal y la madre del paciente.
El abogado afirmó que Bertol ya había fallecido cuando Ignacio Martín llegó a su domicilio, incluso sostuvo que estaba sin vida cuando el imputado recibió el pedido para ir a verlo.
La sentencia
El juicio reanudó este lunes con los alegatos ante la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto. La sentencia está prevista para el próximo 20 de septiembre.
Martín está imputado de homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.
La fiscal de Cámara, María del Rosario Fernández López, solicitó nueve años de prisión. "Los elementos de prueba tienen la suficiente capacidad para denotar que Martín conocía el grave peligro de su accionar", afirmó la funcionaria.
Los abogados querellantes adhirieron a lo solicitado por la fiscalía. En el caso del abogado de la familia de Bertol requirió una pena a 12 años de prisión.
Fuente: Cba24n
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