


Milei propone eliminar la Ley de Alquileres y desregulación de los contratos
POLÍTICA



Después de dos décadas plagadas de incesantes distorsiones, el candidato liberal Javier Milei propone un giro de 180° en el tratamiento regulatorio del país para el mercado inmobiliario. Este sector fue dramáticamente afectado por la Ley de Alquileres en los últimos cuatro años, perjudicando a propietarios, inquilinos y familias carenciadas.
El programa de La Libertad Avanza sintetiza tres ejes para el mercado inmobiliario: el mayor incentivo a la construcción de viviendas familiares, mayores incentivos para la puesta en alquiler de inmuebles que hoy permanecen fuera del mercado, y un necesario alivio fiscal para la propiedad inmueble en el sector agropecuario.
Bajo el sistema regulatorio actual, la presión fiscal para el campo es la más elevada del mundo. Asimismo, se mantiene un déficit habitacional que afecta a 3 millones de viviendas. Al menos 10.000 barrios necesitan mejorar su infraestructura en más de 200.000 edificios multifamiliares. Y en el mercado de alquileres la oferta se contrae cada vez más, incrementando las barreras a la entrada por parte de las personas que más necesitan de una vivienda.
Las propuestas de Javier Milei para revitalizar el mercado inmobiliario
Promoción de fideicomisos inmobiliarios al costo
El programa de LLA propone generalizar esta modalidad de contratos, a través de los cuales una o varias personas aportan bienes, dinero, servicios o derechos a un administrador Fiduciario. Este administrador los destina al fideicomiso, el cual tiene por finalidad con dichos bienes construir o desarrollar el proyecto de vivienda que finalmente se terminará adjudicando a los fiduciantes.
En este sentido, se instrumentará una promoción directa a través del Banco Hipotecario, y se instará a otras entidades financieras del sector privado que hagan lo mismo y actúen como administradores fiduciarios para la construcción de viviendas. Los recursos aportados por los fiduciantes podrían equivaler a no más del 25% del flujo futuro de ingresos por un período de 10 años.
La ventaja de este tipo de programas es que el costo fiscal desde el punto de vista del Estado es mínimo, pero al mismo tiempo supone un gran potencial para aminorar el déficit habitacional que sufre el país.
Eliminación de la Ley de Alquileres y desregulación de los contratos
La segunda medida será la derogación total de los parámetros de la fallida Ley de Alquileres, algo que ni el kirchnerismo ni Juntos por el Cambio están dispuestos a hacer. Se propone eliminar todas las regulaciones que fueron establecidas desde el año 2020, e incluso desarmar las que ya existían previamente.
Se propone eliminar todos los cupos de períodos temporales para la celebración de contratos de alquileres, desregular la indexación de las cuotas mensuales a la libre elección entre las partes interesadas, y finalmente eliminar la pesificación forzosa que se rige por ley en este tipo de contratos. Las partes podrán acordar un contrato de alquileres en la moneda que definan conveniente, sin ninguna restricción.
La principal apuesta de esta medida es provocar un boom de oferta de viviendas en el mercado, ya que los propietarios buscarán aprovechar al máximo las mayores facilidades legales para poder obtener una renta.
Al mismo tiempo, los inquilinos disfrutarán de precios iniciales más bajos debido a la mayor oferta, permitiendo que una gran cantidad de personas que hoy no pueden alquilar por las elevadas barreras a la entrada en este mercado, ahora puedan hacerlo.
Eliminación de los impuestos inmobiliarios rurales y desregulación de la titularización de tierras
El proyecto de La Libertad Avanza promete derogar todos los gravámenes que afectan a la propiedad rural, en un intento por revertir casi dos décadas de constante espurio fiscal contra el sector más dinámico de la economía.
En este sentido, se apunta directamente contra la más reciente medida impositiva de Sergio Massa, que promete gravar la propiedad rural con una tasa similar a la más elevada de Bienes Personales (en torno al 2,25% del monto imponible). Todo esto quedaría completamente desmantelado con la reforma de Milei.
Por otra parte, se propone derogar la Ley 26.737, el llamado “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, por medio del cual se limita la titularización de tierras por parte de inversores extranjeros. El sistema será desregulado, permitiendo una apertura a la inversión extranjera directa y permitiendo aprovechar mejor las fuerzas productivas del país (especialmente para la generación de divisas).
Con información de La Derecha Diario





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