El método Bukele que admira Javier Milei

Marcos Moloeznik, un académico argentino formado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), acaba de tomar referencia de primera mano sobre la policía de El Salvador, el brazo ejecutor de la política de seguridad con que el presidente Nayib Bukele, admirado por Javier Milei, logró un inédito control de la violencia con una política de encarcelamiento masivo.

Moloeznik entiende que la afectación a los derechos humanos durante este proceso fue notoria, pero que es de menor dimensión si se la compara con la eficacia en el gobierno de la criminalidad.
 
Refiere que el resultado de la estrategia de choque impulsada por Nayib Bukele fue de 80 mil detenidos y alrededor de 180 muertos en enfrentamientos. Eso se concretó en el marco de una total suspensión de las garantías de los detenidos en un estado de sitio con denuncias por violaciones de los derechos humanos de los presos, entre los cuales hay una mayoría de integrantes de pandillas o maras.

“Si bien la tasa de letalidad durante los arrestos fue baja, se han documentado quebrantamientos de derechos humanos, aunque no guardan correspondencia con la magnitud de las detenciones”, sostiene Marcos Moloeznik desde San Salvador en diálogo con Letra P. Allí llegó para impartir una capacitación dirigida a los mandos de la Policía Nacional Civil y a los instructores de la Academia de Seguridad Pública de la que egresan los agentes policiales. Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, a través del Instituto de Derecho Humanitario que depende de esa cartera.
La política de seguridad de Bukele
El objetivo de las detenciones logró sin discusión el objetivo estratégico de disminuir los homicidios dolosos que hacían de El Salvador uno de los países más violentos del mundo. Las tasas declinaron de 101 muertes cada 100 mil habitantes en 2015 a 2,2 muertes cada 100.000 el año pasado. Lo que permitió a Bukele conquistar una adhesión aplastante para un segundo mandato que iniciará este sábado 1º de junio con la presencia anunciada del presidente argentino Javier Milei.
Moloeznik afirma que el estado de emergencia, que fue el contexto para operar detenciones masivas, suspendió garantías y sembró injusticia. “Las prioridades fueron recuperar espacios cedidos a actores no estatales y neutralizar a los mismos, responsables del mayor número de muertes violentas en El Salvador. El derecho a la vida se jerarquizó frente al derecho procesal de los detenidos. Es decir, se impusieron los derechos de las víctimas antes que el de los victimarios y perpetradores”.

Ese es el argumento de Bukele para impugnar a sus críticos y fue motivo de crítica extensa. La impresionante mejora de la seguridad fue con un alto costo: el Estado ofrece la restitución de un derecho pero exige como costo aplazar otro, lo que los objetores entienden como una extorsión.

“A mí me preocupan seriamente las violaciones a las garantías de los detenidos –dice el académico rosarino– pero tenemos que situarnos en que la vida en El Salvador era completamente insoportable. Las personas no podían transitar ni tres cuadras de sus poblaciones sin ser extorsionadas o atacadas. La violencia endémica, así llamada por la Organización Mundial de la Salud, acababa directamente con el derecho a vivir”.

Ese es el panorama donde inscribe su valoración Moloeznik, graduado en Ciencia Política de la UNR y posdoctorado allí, que es profesor de la Universidad de Guadalajara en México, donde ejerce hace 35 años, hoy como titular investigador C, la máxima categoría.

Derechos humanos
“La estrategia de choque en El Salvador produjo una clara colisión entre el derecho a la vida y al debido proceso de los detenidos. Pero hay que tener claro el contexto de América Latina desde hace cuatro décadas, donde se recuperaron derechos elementales con las democracias, pero también se dio una cierta banalización de los derechos humanos. Hay organizaciones que al ponerlos por encima de todo, claramente los desvirtúan; y otras que, sin generalizar, han lucrado o han hecho de esto un negocio. En el vértice de la pirámide está el derecho de mantenerse vivo, que es la condición para gozar de todos los demás derechos. En El Salvador esto estaba amenazado como en ningún otro lugar de América y eso ya no ocurre”.

El observador remarca que el programa de seguridad de Bukele logró el objetivo de la pacificación y frente a eso, en esta etapa, deberá darse una política de restitución de derechos a los cautivos hoy masivamente suspendidos. Estos se encuentran confinados sin posibilidad de recreación, comen dos comidas por día con las manos para evitar la utilización de utensilios como elementos de ataque y tienen coartados sus trámites procesales, lo que implica la incapacidad de defensa para presuntos culpables e inocentes. Más del 80 por ciento de los presos, según Human Right Watch, no tienen sentencia firme.

¿Y qué tipo de fuerza de seguridad es la que se encontró para la capacitación que impartió? Moloeznik dice que la Policía Nacional Civil de El Salvador, que es la que tomó parte del 80 por ciento de los operativos masivos contra las pandillas, es una fuerza de carácter no militar creada en 1992. “Es una institución policial altamente profesional, cuyos integrantes presentan un elevado nivel de educación promedio”.

Según afirma Moloeznik, los policías salvadoreños fueron capacitados inicialmente por fuerzas policiales de Chile y contó desde el inicio, hace tres décadas, con una activa cooperación internacional, por lo que el proceso de formación y actualización es constante y continuo. “La masa crítica humana que integra la Policía Nacional Civil es de alto nivel. Todos sus mandos medios cuentan con titulación universitaria y los mandos superiores con posgrados. Para ascender los obligan a tomar cursos y gracias a la cooperación internacional reciben capacitación y actualización de manera constante y continua”.

“El peso del Programa de Control Territorial y de enfrentamiento a las pandillas violentas recayó en la Policía Nacional Civil. Las fuerzas armadas solo participaron de manera complementaria y, en especial, para brindar apoyo logístico y establecer cordones de seguridad. Ahora que la pacificación es evidente debería retomar su rasgo civil fundacional que es el de una policía comunitaria y de proximidad”, afirma Moloeznik.

La Fiscalía General de la República maneja los procesos masivos contra los 80 mil detenidos y son trámites colectivos y no individuales. “No es lo ideal obviamente, pero ya hubo liberaciones en casos donde no hubo evidencia y también hubo permisos para recibir visitas a los de menos peligrosidad. Pero es complejo por la masividad de detenidos rápidamente”. En la megaprisión construida en las afueras de San Salvador –dice Moloeznik– está prohibida toda forma de comunicación con el exterior. “No hay teléfonos, computadoras, ni celulares, que eran los que vehiculizaban las órdenes para delitos de alto impacto social”.

El ícono carcelario que replicó Santa Fe
En esas cárceles se popularizaron las fotografías de miles de presos tatuados, rapados y con el torso desnudo en los espacios comunes vigilados por agentes penitenciarios, que fueron criticadas por organismos humanitarios. A finales de febrero, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe difundió una serie de imágenes de detenidos en prisiones de Rosario formados en su pabellón con el registro icónico que impuso Bukele. A dos días de esto se desató una matanza de trabajadores de transporte y de un playero de estación de servicio. No hay forma de probar la relación entre ambas cosas de causa a efecto, pero en el debate público y político rápidamente se entabló el vínculo. A tal punto que el mismo Nayib Bukele definió que era un error generar ese tipo de mensajes sin contar con el control de la calle.

“Coincido con esa apreciación”, dice Marcos Moloeznik. “Lo difundido en Santa Fe fue, por un lado, una fanfarronada innecesaria de la que desconozco con qué finalidad se llevó a cabo. Por otro, justamente fue humillante para las personas privadas de la libertad. En materia de derechos humanos se encuentra tipificado como tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Desde que está vigente en El Salvador el estado de excepción, con aprobación del Congreso, el número de personas en prisión se triplicó. El Salvador tiene una de las tasas más bajas de delitos de sangre pero también la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Dos de cada cien salvadoreños adultos hoy está en la cárcel.

Cierra Moloeznik: “Una última reflexión sobre la controvertida estrategia de Bukele es que, bajo el manto del estado de excepción y el Programa de Control Territorial, en lugar de detener y privar masivamente de la libertad a los integrantes de pandillas violentas, los podría haber eliminado físicamente. Y eso no pasó. En un país donde el crimen violento tenía el control del territorio”.

CON INFORMACION DE LETRA P.