David Consalvi, Secretario General de la Gobernación, ya adelantó que el Centro Cívico no presentará una oferta superadora a las bases, porque la Provincia no puede volcar al pago de los salarios docentes mayores recursos. En cualquier caso, lo que habrá será un “reacomodamiento” de la propuesta. Una reconfiguración que, sin demandar mayores erogaciones, cambie su conformación. Esa sola definición permite, al menos, dos conclusiones.
La primera es que la Provincia ha decidido volver a una estrategia de probada eficiencia: el desgaste. Consalvi avisó que, sin acuerdo, los docentes seguirán cobrando sus salarios sin recomposición. Y, por lo tanto, el tiempo irá carcomiendo los haberes, que volverán a ser liquidados sin reajuste inflacionario. Y a esto, trascartón, se sumarán los descuentos por días de paro para aquellos que participen de las medidas de fuerza.
En anteriores conflictos con la UEPC, el Centro Cívico había liquidado salarios reajustados por cláusula gatillo antes de que las paritarias se cerrarán, a modo de “muestra de buena voluntad”. Pero esta vez no hará lo mismo, y volverá a aplicar su manual.
Ahora bien, Consalvi es un funcionario del Gobierno Provincial. Y su función es cuidar con celo los recursos de la Provincia. Su posición es entendible. Lo curioso es que sus aseveraciones están en gran sintonía con las de integrantes de la Junta Ejecutiva Central del sindicato, que apuntan que es en vano continuar el conflicto si la Provincia ya ha decidido que no mejorará la propuesta, casi como si el rol de la conducción del gremio se resumiera al de mero intermediario de un mensaje que viaja del Centro Cívico a las bases y viceversa.
Si la Provincia insiste con la misma oferta o una sin cambios de fondo, posiblemente dilatará el conflicto hasta que los días de descuento y la necesidad de una recomposición quiebren la resistencia de los docentes. Pero, ¿qué costo político acarreará para la conducción del sindicato llevar una y otra vez propuestas sin variaciones sustanciales a las bases? Más temprano que tarde los docentes pueden empezar a entender que el problema está en sus representantes. Y hay antecedentes para llegar a esa conclusión.
El Centro Cívico, entonces bajo la gestión de Juan Schiaretti, aplicó la misma estrategia el año pasado. Presentó una serie de ofertas que no conllevaban variaciones sustanciales hasta que terminó quebrando la resistencia de las bases, que ya para ese entonces habían hecho marchas multitudinarias por el centro de la ciudad. El acuerdo se cerró, y en las siguientes elecciones internas de la UEPC el oficialismo perdió las dos principales delegaciones de la provincia: Córdoba y Río Cuarto.
Si se repite la mecánica, el desgaste para el oficialismo gremial puede ser profundo y, para colmo, llegar en la previa de las elecciones de delegados escolares, que tendrán lugar en octubre.
Pero, además, hay otro punto a tener en cuenta. La conducción provincial suele incluir, en los mandatos de aceptación de la oferta que llegan al cuerpo de delegados de cada departamento, una cláusula que los faculta a aceptar -sin una nueva consulta a las bases- cualquier otra propuesta superadora.
Esto permite que la Junta Ejecutiva Central concentrar sus esfuerzos. Ya que, si una primera oferta no es aceptada por la Asamblea Provincial pero sí por una determinada cantidad de departamentos, esos departamentos no necesitan evaluar la próxima oferta.
Por ejemplo, la anterior propuesta fue rechazada por 75 votos, mientras que encontró el respaldo de 59. Si hubiera una oferta superadora, la Junta Ejecutiva -que ya se ha pronunciado a favor de aceptar el acuerdo- podría concentrarse en conseguir mandatos de aceptación en los departamentos que rechazaron por pocos votos, como Tercero Arriba y Río Primero, sin necesidad de volver a impulsar la aceptación en los departamentos que ya aceptaron la anterior.
Ahora, si el Gobierno ya adelantó que no mejorará la oferta, sino que sólo la recalibrará sin incurrir en mayores erogaciones, ¿puede considerarse a la próxima una oferta “superadora”? Porque de lo contrario, los 26 departamentos deberían volver a votarla, agregando un desgaste incluso mayor para el oficialismo.
La Provincia, en cualquier caso, quiere desentenderse del asunto, y cree que el problema es de la conducción provincial de la UEPC. Los docentes representan más del 60 por ciento de los agentes activos del Estado Provincial. En números aproximados, son más de 85.000 sobre un total de 135.000 estatales. Además, el impacto de la paritaria docente no sólo es directo, sino también indirecto, porque el resto de los gremios estatales suele atar sus paritarias a cualquier mejora obtenida por la UEPC.
El Centro Cívico puede terminar sometiendo a tanta presión a la conducción provincial del sindicato docente, que termine dañándola irremediablemente y, por lo tanto, perdiendo un aliado estratégico a la hora de cerrar las paritarias con el gremio más gravitante para cuentas provinciales.
CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.