Veto a la fórmula para jubilados: un ensayo de Milei antes de la batalla final

Javier Milei enfrenta el máximo ejercicio de política al que lo sometió la realidad del país. La posibilidad de un rechazo al veto total que ya firmó sobre la ley que modifica el esquema de actualización de jubilaciones obligó al Gobierno a negociar e intentar calmar las ansias de todos sus aliados dialoguistas. El más importante de ellos obviamente es Mauricio Macri con quien Milei está condenado a un doble ejercicio: intentar mantener una relación civilizada y al mismo tiempo vivir cambiando figuritas.

La crisis con la ley para los jubilados, que viene acompañada de otras dos similares con el rechazo al DNU de fondos para la SIDE y otra ley para reforzar el financiamiento universitario, viene de la mano de una nueva alianza que parece volverse permanente entre el kirchnerismo (que no tiene otra pretensión que minar el Gobierno de Javier Milei hasta desestabilizarlo) y parte del radicalismo que le esta haciendo al juego a las pretensiones de Cristina Fernández de Kirchner.

Ese dueto político va a seguir jugando junto, por lo menos mientras Martín Lousteau siga siendo presidente de la UCR, algo que le trae un espantoso dolor de cabeza a los radicales que no están de acuerdo en venderle el alma al kirchnerismo. El partido, en esos términos, está en vías de desaparición, algo que es extremadamente peligroso para la política argentina. Existen ejemplos de sobra en nuestra historia sobre la secuela que puede dejar la disolución política en esos términos: diputados y senadores liberados del control de sus bloques de origen que suelen ser captados por oposiciones u oficlalismos de turno.

Esa es la verdadera dimensión de la importancia que tiene Mauricio Macri hoy para Javier Milei. El resto de sus aliados dialoguistas hoy no pueden garantizarle mucho en el Congreso, Mucho menos a la hora de enfrentar el riesgo extremo que supone utilizar la lapicera presidencial para vetar leyes, sin asegurarse el número en los recintos para apoyarla. En política, del voto negativo a una ley se vuelve, de un veto presidencial también, pero del rechazo parlamentario no se vuelve. Para hacer un paralelismo con la Justicia, el rechazo a un veto sería similar a una sentencia que quedó firme después del pronunciamiento de la Corte Suprema.

En esos términos, la pelea que se desatará esta semana por el veto a la ley sobre jubilaciones es solo un ensayo para lo que vendrá en ligas mayores. La reunión de Javier Milei con Cristina Ritondo y Oscar Zago, que sumó a la columna vertebral del macrismo puro (María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Diego Santilli y Alejandro Bongiovanni) nunca estuvo destinada a intentar una fusión entre La Libertad Avanza y el PRO, política inconveniente además, sino para tantear votos y voluntades para la pelea por el rechazo al veto sobre jubilados que la oposición intentará en Diputados, pero sobre todo para armar el frente de combate con batalla más grande que tiene Milei por delante: el Presupuesto Nacional 2025.

El Gobierno tiene enviar el proyecto de Presupuesto 2025 el 16 de este mes. Es la fecha límite ya que el 15, como fija la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control, es domingo.  La fecha es un dato menor pero fija un dead line complicado para el Gobierno. Será el primer presupuesto de la administración Milei ya que el actual se basa en la ley del Presupuesto Nacional 2023 reconducido por decreto.

Primer dato a discutir. La discusión sobre el veto a la ley de la oposición para los jubilados tiene impacto directo en el proyecto de Presupuesto 2025. El cálculo financiero de esa ley está hecho en base a mantener equilibrio fiscal: ninguna de las subas en las jubilaciones que están incorporadas en la ley sobre jubilaciones esta contemplada en ese cálculo. Es decir, rompe el esquema 2025 que ya armó Luis "Toto" Caputo.

El Presupuesto 2025 está calculado en base a una inflación promedio para todo el año próximo de entre 30 y 33%. En esos números quedará la letra final. Eso implica varios desafíos. En primer lugar que la inflación baje del promedio de 4% que viene mostrando en los últimos dos meses. Algunos economistas ven un panorama mas optimista, pero no demasiado: la economista María Castiglioni Cotter calcula que agosto estará en 3,8%, para tomar una de las mediciones para serias entre privados.

Sobre ese 33% se calcularán entonces las jubilaciones para el 2025. Si se parte de un piso mas alto habrá ruptura del equilibrio financiero, pero al mismo tiempo ese porcentaje implicará una fricción social a contener: aunque la inflación se mantenga en esos términos continuarán las presiones para recomponer en los haberes el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

La presión sobre la caja del Estado obliga a manejar el Presupuesto 2025 con precisión quirúrgica. Mañana entrará en vigencia la baja de 10 puntos en el impuesto PAIS que decidieron Luis Caputo y Javier Milei. En diciembre cae el resto del impuesto PAIS y no porque lo haya decidido el Gobierno, como en esta baja, sino porque la ley del tributo así lo establece. El Gobierno ya anunció que no pedirá renovarlo, pero aunque lo haga sería difícil que el Congreso esté dispuesto a renovarle esa caja al Tesoro. Es decir, los cálculos del proyecto de Presupuesto 2025 ya no incluyen al impuesto PAIS.

La ansiedad del gobierno es verificar de ahora a fin de año el impacto positivo que pueden tener otras medidas. "Hay cosas que no se van a ver todavía porque hay que incorporar el cálculo por el RIGI, inversiones, el adelanto de Bienes Personales", dicen en Economía.

Mientras esas peleas avanzan, hay otras dentro del propio gobierno que empiezan a recalentarse. En estos días se está cargando en el cálculo del presupuesto el pedido final de fondos de cada ministerio. Caputo puso un techo de incrementos que nadie puede pasar. Por ejemplo, en inversión pública (la gran batalla) el límite total es 0,5 del PBI. Los ministerios tienen que elegir prioridades, pero la vara es baja y por lo tanto los recortes altísimos.

Por supuesto que "hay tipos que están pidiendo sobretechos" y por ahí viene la negociación, que es un clásico de todo gobierno, pero mucho mas de este por el impacto de los recortes que vienen. En algunas oficinas hoy se reconoce que las demandas de inversión de cada ministerio son "muchísimo" más altas que el límite que se les impone. Motosierra a full y sin anestesia.

Otro problema adicional es que, al mismo tiempo, el Gobierno insiste que mucho lo tienen que hacer las provincias.

En estos días el proceso de carga de las listas de inversión esta al rojo. El cómputo final requiere una serie de pasos. Una de las áreas que más impacto tiene en las provincias y al mismo tiempo que hoy está más atrasada en la presentación de números es Vialidad. Por ahora se está haciendo el ingreso condicional de obras pedidas en el anteproyecto de presupuesto. Si una obra no está en condiciones de ser aprobada desde ahora hasta fin de año Vialidad (y las provincias) tienen que presentar todas las evaluaciones que pide el Gobierno.

Ese ejercicio parece puramente técnico pero en realidad es la medida más acabada de la negociación política entre Javier Milei, Guillermo Francos y los gobernadores. "Si en diciembre no esta lista la documentación no le habilitamos para que puedan ejecutar", dicen con picardía en Economía.

Con las provincias la negociación por ahora tiene colectoras de todo tipo, algunas de ellas son por obras que están transferidas a las provincias pero que aún no tienen financiamiento. Javier Milei y Caputo dieron muestra hace dos semanas de la flexibilidad que pueden tener al autorizar la continuidad de obras financiadas por el BID y el Banco Mundial en algunas provincias. Eso implica endeudamiento, no financiamiento del Tesoro Nacional, pero si ingreso de dólares que, aunque pocos en relación a las necesidades, ayudan al sediento Banco Central. En estos términos puede haber una sociedad que continue entre el presidente y los gobernadores. 

Todo está sobre la mesa de negociaciones entre Javier Milei, las provincias, los diputados y los senadores. Como se dijo, los movimientos de estos días en torno a los vetos presidenciales y los posibles rechazos serán un ensayo para la pelea grande de este año que es el Presupuesto Nacional. Hay que entender que la suba a jubilados que la oposición intenta forzar con la ley que Milei ahora vetó, puede ser un dato menor si se lo compara con el impacto que tendrá en el 2025 el cálculo de los haberes previsionales fijado en el presupuesto.

Hay ruidos que aparecen en el horizonte que muestran cómo será la pelea que viene. Milei no lo dice públicamente pero en el gobierno afirman sin problemas que en el caso de no lograr el voto para su proyecto de Presupuesto Nacional 2025 el presidente podría volver a reconducir la ley de Presupuesto 2023 y continuar el año que viene por decreto.

El radicalismo protesta por anticipado ante esa posibilidad y algunos alegan que técnicamente se exige que exista un Presupuesto 2024 para poder reconducir al año siguiente. En realidad existió un proyecto 2024 que fue presentado por Sergio Massa cuando aun estaba en campaña presidencial derrochando y emitiendo a velocidad plena. Ese proyecto no fue aprobado por el Congreso, obviamente, pero existió. Sería la base legal para que Milei continue por decreto si le niegan su nueva ley. Todo está en juego.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM