Cordoba. El "laboratorio" de iPhone que detonó el escándalo en la Jefatura de Policía

Todo comenzó hace más de dos años, el jueves 13 de mayo de 2022. Aquella madrugada, cuando el sol recién comenzaba a asomar, los agentes de las Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba coparon Galería Norte, en el Centro de la ciudad de Córdoba, y un domicilio de Villa Esquiú, en la periferia capitalina. Allí encontraron un "laboratorio" para desbloquear iPhone robados.

La investigación liderada por la fiscal Silvana Fernández buscaba seguir la pista de un teléfono de alta gama que días antes había sido robado a una joven mientras bailaba en un boliche de la zona del ex-Chateau Carreras. 

En esos meses la fenomenal industrial del robo de celulares en la noche cordobesa había generado mucho ruido social. Los medios de prensa habían revelado cómo grupos de delincuentes simulaban ser clientes de recintos bailables, pero en realidad sólo iban para sustraer teléfonos de alta gama a los que bailaban. Esto había obligado a los jóvenes a cambiar sus rutinas.

Fue entonces que los policías otra vez fueron a cazar al zoológico. Hace años que nadie desconoce en Córdoba que en la Galería Norte y en otros paseos comerciales de la misma zona céntrica, entre los locales legales se mimetizan "pantallas" para "reducir" aparatos electrónicos robados. Un circuito que tuvo durante mucho tiempo a Raúl "el Gordo Otto" Cortez como un referente clave hasta 2019, cuando murió alcanzado por un balazo policial. 

Ya se hizo costumbre que ante alguna seguidilla delictiva que generara zozobra social, la Policía terminara por publicitar aparatosos operativos en Galería Norte.

Aquel operativo de fines de mayo terminó con un sólo detenido, el joven de Villa Esquiú acusado de haber montado un "laboratorio" para desbloquear iPhone, una especialidad delictiva que pocos habían desarrollado hasta entonces.

Todo quedó en la foto del procedimiento, con los cientos de aparatos secuestrados. Pero a partir de entonces comenzó a escribirse una historia silenciosa que este martes explotó con uno de los escándalos más graves dentro de la Policía en las últimas décadas: la detención del principal subjefe de la fuerza, el comisario general Alejandro Mercado.

En noviembre de 2023, el acusado por el "laboratorio" de Villa Esquiú llegó a la Cámara 8 del Crimen y levantó la mano. Le pidió al fiscal Hugo Almirón un juicio abreviado, a lo que le respondieron no menos de cinco años de condena. Ante esto, el detenido ofreció "colaborar" para intentar bajar la pena. Dijo que a él lo habían utilizado una banda conformada por comerciantes inescrupulosos de la Galería Norte y la Galería Comercial, que tenían a un jefe policial como miembro clave. 

En esos locales, contó, recibían los aparatos robados y se lo daban a él para que los desbloqueara. Luego, los reintroducían en el mercado. Además, allí también compraban y vendían dólares, y recibían neumáticos traídos de contrabando desde Paraguay, según denunció. Una "cueva" todoterreno.

Dijo que ese mismo comisario que estaba en connivencia con lo que él creía que eran sus cómplices fue el que lo había detenido en mayo de 2022. Po eso, agregó, sentía ahora que lo habían utilizado como pieza de cambio. Un "perejil" dentro de un juego millonario. 

En síntesis, le dijo al fiscal que la propia banda lo había entregado ante la necesidad de este jefe policial de presentar un operativo "positivo".

Se trataba del entonces jefe de las Brigadas Civiles, el comisario Cristian Cabrera, también detenido este miércoles. 

Las Brigadas Civiles cumplen un rol clave dentro del organigrama de la Policía de Córdoba. Con base en las unidades judiciales, se encargan de investigar y ejecutar los allanamientos ante las denuncias de robos. Deben perseguir, entre varios delitos, la ruta oculta de los celulares y los neumáticos robados.

Cabrera, dijo el preso, estaba en ambos lados del mostrador: jefe de las Brigadas Civiles y miembro de la banda que "reducía" celulares robados en los locales de las galerías Norte y Comercial. 

Las Brigadas Civiles dependen jerárquicamente de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el área que Mercado comandó desde enero de 2017 hasta fines del año pasado, cuando el flamante ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, lo ascendió al segundo sillón de la Policía.

Al escuchar semejante confesión, el fiscal Almirón indicó que el detenido debía, antes de acordar el juicio abreviado, denunciar todo ante el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Por una competencia especial, este funcionario judicial investiga, entre otros delitos, la impresionante proliferación de celulares adentro de las cárceles, el denominado "call center tumbero" que llevó a otro escándalo a fines del año pasado, cuando fue detenido el jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier. 

Con la sospecha de que los celulares robados podrían integrar este circuito ilegal, todo recayó en esta fiscalía. Gavier y su equipo escucharon con atención al preso y tomaron nota. Semanas después, le indicaron a Almirón que podía avanzar en el acuerdo de juicio abreviado. Pero no dieron más detalles. Se bajó una orden expresa de que ningún dato podía filtrarse. El detenido finalmente recibió tres años de pena y logró la libertad.

 En Jefatura se ignoraba por completo lo que se estaba investigando. No obstante, Cabrera fue licenciado meses atrás, en circunstancias que nunca terminaron por aclararse. No se trata del único jefe policial que de un día para el otro quedó en el "freezer" sin que se escucharan explicaciones concretas.

Los sabuesos de Gavier fueron reuniendo datos. Y pusieron al celular de Cabrera en el centro de la investigación.

Así, descubrieron otra pata impensada, que llevó a otra detención de peso este martes: el empleado judicial Juan José Corzo, que ahora estaba en la fiscalía de Distrito 1 Turno 2 pero que antes había trabajado junto a Cabrera en la unidad judicial 12. Allí, se sospecha que fraguaban denuncias de autos robados para defraudar a las compañías de seguro, según se sostiene en la investigación.

Además, los investigadores llegaron a otra policía de Investigaciones Criminales, la subcomisaria Verónica Aguilar, quien estaba trabajando en la comisaría de Saldán y también fue capturada.

Dentro de las nuevas líneas de investigación apareció el contacto entre Cabrera y Mercado. Por ahora, las fuentes mantienen bajo reserva qué datos concretos se encontraron, pero sí indicaron que se tratarían de indicios de fuerza que llevaron al fiscal a firmar la detención del subjefe de Policía, lo que generó un estrépito no sólo en Jefatura, sino también en el Gobierno y en Tribunales.

Desde el regreso a la democracia, jamás había sido detenido en Córdoba un jefe policial de tan alto rango en funciones.

Mercado construyó durante años una sólida relación con varios fiscales penales. Por su rol como jefe de Investigaciones Criminales, había liderado equipos policiales que resolvieron la mayoría de los homicidios más impactantes. La estadística en ese sentido lo avala: más del 90 por ciento de los asesinatos cometidos en la provincia en los últimos años fueron resueltos o tienen a al menos un acusado preso. 

Ya hay abogados defensores que empiezan a preguntar por el expediente de Gavier con la esperanza de buscar anular algunas de estas investigaciones.

 A nadie le sorprendía ver a Mercado, de saco y corbata, entrando y saliendo de los despachos de los fiscales. Esta relación le permitió sobrevivir a varios intentos internos de pasarlo a retiro, ya que siempre se reportó más a Tribunales que a sus superiores dentro de la Jefatura. 

La anterior jefa de Policía, Liliana Zárate, varias veces intentó jubilarlo, pero al final ella se fue antes que él. Para minarle el poder interno (y las posibilidades de ascenso), le fueron quitando efectivos a la Dirección de Investigaciones Criminales. A comienzos de este año, esta área clave dentro de cualquier fuerza presentaba un mínimo histórico de recursos humanos. "Ni computadoras tenían", graficó un informante que camina a diario la Jefatura.

Cuentan que, en diciembre pasado, cuando el ministro Quinteros anunció que Leonardo Gutiérrez y Mercado iban a ser los nuevos conductores de la fuerza, Zárate amagó con no ir al acto del traspaso de mando.

Para Mercado la subjefatura de Policía era el final de su carrera. Con más de 30 años en la fuerza, sentía que al final había llegado a su techo. Pero nunca imaginó que todo se precipitara de esta manera. 

El martes temprano, una comisión enviada por Gavier llegó a su casa de La Calera y lo llevó detenido, acusado de encubrimiento. Esposado, fue trasladado a la propia Jefatura, donde lo ficharon. Sus subalternos de siempre aún no pueden creer la escena que presenciaron. Luego, lo llevaron directamente a la cárcel de Bouwer, sin pasar por la ex-UCA. Se esgrimieron razones de seguridad: Mercado necesita estar en un pabellón especial, sin contacto con los muchos que él llevó a la cárcel en los últimos años.

Comparte módulo con otro exsubjefe detenido, el también exfuncionario municipal Gustavo Folli, apresado a fines del año pasado en una investigación por corrupción en la habilitación de negocios dentro de la Municipalidad de Córdoba. Junto a ellos también está alojado el exhombre fuerte del Servicio Penitenciario, Bouvier. Diego Concha, el exjefe de Defensa Civil condenado ahora a prisión perpetua por un abuso seguido de muerte (la víctima era una aspirante al Etac), es otro de los integrantes del pabellón. 

Pocas veces las cárceles de Córdoba tuvieron dentro de sus celdas a personajes tan importantes dentro de instituciones claves en la provincia. 

Además de Mercado, Cabrera, Aguilar y Corzo, este martes fueron detenidos tres civiles, Roberto Adrián Monge, Roger Emmanuel Monge y Maciel Adrián Monge. Una cuarta integrante de esta familia, Fiorella del Valle Monge, permanece prófuga. 

En la investigación se indica que los Monge tenían locales de venta de aparatos electrónicos en Galería Norte y Comercial, de la ciudad de Córdoba, además de otro local en Arroyito.

Más de una década atrás, Roberto Adrián Monge tuvo que declarar como testigo en el juicio por el asesinato de la farmacéutica Lorena Aubán, la joven de 28 años que fue abusada y estrangulada en Arroyito, en 2007. En la causa se descubrió que luego de matar a Aubán, el asesino vendió el celular de la víctima. El rastreo del aparato permitió descubrir que se lo habían vendido a los Monge. 

Sin embargo, no fue vinculado por "reducir" el teléfono sustraído, sino que declaró como testigo. Lo que nadie podía ignorar, desde entonces, era a qué se dedicaban los Monge.

Los Monge, Cabrera y Aguilar están acusados de asociación ilícita, además de otros delitos. O sea, se sospecha que integrarían una misma banda. Corzo deberá responder por "falsa denuncia y falsedad ideológica" (por las presuntas denuncias "truchas") y Mercado por "encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público".

De manera encriptada, los informantes subrayaron que las imputaciones serían "provisorias". Nadie se atreve a asegurar que la causa quedará con sólo estas figuras ni que estos ocho imputados sean los únicos.

Mientras tanto, la Jefatura no sale de la conmoción. Después del ascenso de Mercado, en diciembre, el Ministerio de Seguridad decidió ampliar la subjefatura a tres miembros, por lo que se incorporaron la comisario general Claudia Salgado y el comisario general Marcelo Marin. Pero ya hace dos semanas que Salgado no va a la Central azul. Si bien no hay una explicación oficial sobre el motivo de su ausencia, en las últimas horas corrió la versión de que no regresaría. O sea que, en la práctica, hoy hay un sólo subjefe en funciones. 

A todo este, el martes a la tarde el Ministerio de Seguridad comunicó de manera oficial que había pasado a retiro obligatorio a Mercado. Más allá del avance de la causa en su contra, ya Mercado no volverá a ser policía activo. No obstante, la medida encontró varias críticas internas, ya que el subjefe pasará a percibir su jubilación de manera íntegra. Si continuaba en situación pasiva hasta que se resolviera su situación legal, tal como se estila siempre en estos casos, la ley prevé que se le retenga el 70 por ciento del sueldo. Y si fuera condenado, la suma retenida ya no se le reintegra.

Fuente: Cadena 3