Cortocircuito entre el PRO y el Gobierno

El Gobierno nacional suma críticas por el decreto que le pone límites a la ley de acceso a la información pública que se conoció el pasado lunes. Esta vez los diputados del PRO advirtieron que esta modificación "representa un retroceso en términos de transparencia y control público". 

En un breve pero contundente comunicado, los legisladores del partido amarillo destacaron: "Los diputados nacionales del bloque PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri". 

Los diputados explicaron que "este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado". 

En el cierre de su mensaje contra el decreto enviado por el Ejecutivo, los diputados del PRO alertan: "Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia".

UCR: "El decreto desconoce la ley"
Al mismo tiempo, los diputados de la UCR también reaccionaron duramente contra el decreto de Javier Milei y le reclamaron que "se derogue".

Los legisladores radicales enviaron un proyecto de declaración en el cual sostienen que el decreto "desconoce la ley y confunde la naturaleza de la información, lo que constituye una vulneración al derecho de la ciudadanía de acceder a información pública, empeora la calidad de las instituciones de gobierno, incrementa el secretismo en materia de gestión y socava la confianza de la sociedad en la democracia".

"Nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no", recuerdan los diputados firmantes.

Los límites que impone el decreto sobre información pública
A través del Decreto 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que mencionaron como “buena fe”. De esta forma, remarcaron: "La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”. 

Para aplicar los cambios, el Gobierno de Milei modificó además el concepto y alcance de lo que se conoce como información pública”: "No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria".

Los pedidos de acceso a la información pública podrán no aceptarse cuando: 

Por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona; 
Su conocimiento público, difusión o divulgación pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios;
Se encuentre relacionada con denuncias o investigaciones en curso que, de hacerse pública, pueda poner en riesgo a denunciantes, testigos, víctimas o cualquier otra persona involucrada.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM