Luis Caputo y sus acusaciones contra los jefes comunales ponen en jaque otras negociaciones

El relato sirve para ratificar rumbos, remarcar el supuesto lado bueno y malo de la vida pero, en otros casos, conspira con las negociaciones subterráneas que realizan los armadores políticos del Gobierno para mantener cierta calma con algunos actores tradicionales de la política como lo son los gobernadores e intendentes.

En la batalla cultural que da, el oficialismo abre metódicamente un frente contra los administradores locales, ninguno de su propia fuerza, dejándolos como culpables de que la inflación no cede con el ritmo que determina el ajuste en las cuentas públicas por culpa de los impuestos y las tasas que ellos cobran para mantener sus administraciones.

Una de las que más irrita por cómo se aplica y la cantidad de municipios que la cobran es la tasa vial, inicialmente llamada “servicio de playa”, cuya contraprestación quedaba más que difusa. Cada tasa municipal o impuesto debe ser acompañado por un servicio prestado por el municipio o la provincia que valide ese ítem.

Justamente, la relacionada con un porcentaje que paga cada consumidor de nafta o gasoil en la mayoría de los distritos, ya tuvo un fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor del distrito de Quilmes cuando hace una década la exempresa ESSO, hoy Axion Energy, había iniciado una demanda por la base imponible del tributo sobre la cual se calculaba la tasa. Pero, además, ratificó la autonomía que tienen los distritos a la hora de fijar las normas para su subsistencia.

Luis Caputo, el ministro de Hacienda, fue lapidario contra los municipios y les pidió a los gobernadores que deroguen las tasas que son “ilegales y arbitrarias”. Lo que la Justicia determinó, por ahora, es que están dentro del marco de las facultades legales que tienen los municipios. Sí se podría discutir su arbitrariedad, pero eso también chocaría contra lo primero.

El impuesto nacional sobre el expendio de combustible nació hace noventa años, con la creación de la Dirección Nacional de Vialidad, que inmediatamente aplicó un monto sobre la venta de cada litro de nafta para la creación de un fondo que pudiera utilizarse en la construcción de las rutas nacionales, la mayoría ubicadas en paralelo a la traza de los ferrocarriles. En lugar de ser eliminado, le fueron agregando ítems para llegar al 45% actual.

Quien inició el camino de desregulación en el territorio bonaerense fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, quien impulsó en su primera etapa una drástica disminución para quienes quisieran habilitar un nuevo comercio en su municipio y ahora lo extendió a los diez años de gracia. Por supuesto jamás cobró el impuesto a los combustibles.

Por los nuevos tiempos, hubo dos intendentes que decidieron no cobrar más la tasa vial. Uno es Diego Valenzuela, en Tres de Febrero. Lo hizo al promediar su primera gestión, ya que nunca se había aplicado con anterioridad, pero decidió eliminarla el año pasado, sujeto a los nuevos tiempos. También borró de un plumazo más de un centenar de tasas creadas durante los diferentes procesos como las de abasto, la utilización de animales para el transporte y los certificados para poder ingresar a trabajar a cualquier comercio conocida como la libreta sanitaria. Ramón Lanús, en San Isidro, directamente dejó la tasa vial que sí se venía pagando desde hacía dos décadas y también dejó sin efecto otra batería de ítems que se renovaban automáticamente sin que tuvieran ninguna correlación con las actividades modernas.

Consultado un intendente sobre por qué motivo no aumentaban otras tasas tradicionales como Alumbrado, Barrido y Limpieza, ABL, o la propia de Seguridad e Higiene, en lugar de la creación de una tasa adicional, explicó que “en este caso los únicos que pagan eso son los que utilizan las calles del distrito, no el que va de a pie. Más justo imposible. ¿Por qué un jubilado o un padre que lleva caminando a su hijo al colegio debe pagar por algo que no utiliza?”, exclamó.

Poco creativos, podrían transformar el ABL en ABC, Alumbrado, barrido y Conservación de la Vía pública, con lo cual se evitarían semejante exposición, provocada por el abuso que se dio en los últimos tiempos de la “creatividad contable” que experimenta con tributos sobre las grandes extensiones comerciales, que terminan cargando en el ticket de venta de los súper e híper mercados un 0,5% del total de las ventas o excesos en el porcentaje final de seguridad e higiene, todas dirigidas al sector productivos.

La mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires, todos enrolados en Unión por la Patria, también salieron a criticar las opiniones del ministro. Hubo algunos sondeos para que fuera el propio Máximo Kirchner el que tomara la posta de la misma manera que lo hizo contra Maximiliano Pullaro la semana pasada cuando el gobernador santafecino consideró al conurbano improductivo.

Julio Zamora, de Tigre, distribuyó un cuadro comparativo en el que remarcaba que la mayor presión sobre la venta de combustible la realizaba el Gobierno nacional. En el territorio bonaerense, el 41% son impuestos nacionales, 3,4% provinciales y 2,4 municipales, divididos en la Tasa de Seguridad e Higiene que se le cobra a todos los comercios e industrias y un 0.5% en concepto de tasa vial.

Mayra Mendoza fue en otro sentido y le recriminó que, producto de la parálisis de las obras y la falta de financiamiento que realizó Javier Milei en desmedro del resto del país, ellos están obligados a subsistir con lo que cobran municipalmente a sus contribuyentes mientras que Ariel Sujarchuk, el primero que salió a contestar, lo hizo pidiendo un trabajo conjunto entre las jurisdicciones y reclamando eliminar el IVA del costo en la recolección de residuos o en la obra pública que pagan los municipios.

El intendente de Escobar propuso un trueque. El Gobierno nacional no cobra más el impuesto vial y los municipios tampoco lo harían. Además, pidió un cambio sustancial en la aplicación del IVA sobre dos costos municipales que representan casi el 50% de sus erogaciones, como la recolección de los residuos y la obra pública, que paralizada en todos los órdenes por el gobierno nacional, su ejecución quedó en manos de los municipios. 

CON INFORMACION DE MDZOL.COM