El Gobierno argentino, a través del Decreto N° 21/2025 firmado por el presidente Javier Milei, declaró secreta la adquisición de un sistema antidrones. La medida responde a razones de Seguridad Nacional y busca mitigar los riesgos asociados al creciente uso indebido de drones civiles en actividades delictivas, como ataques terroristas, transporte de contrabando y apoyo a fugas de personas detenidas.
Según el texto oficial, el sistema antidrones es necesario para enfrentar las amenazas representadas por los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Estas tecnologías, por su fácil acceso, simplicidad de uso y amplio alcance, han sido empleadas en delitos tanto a nivel local como internacional. En este sentido, el decreto menciona casos donde drones fueron utilizados para ingresar mercancías ilegales a unidades penitenciarias, facilitar fugas mediante explosivos o incluso realizar ataques contra objetivos estratégicos.
El Ministerio de Seguridad destacó que mantener en reserva la información sobre los dispositivos a adquirir es fundamental para garantizar su eficacia. “Para evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir, y que esto permita eludir el correcto funcionamiento de los sistemas, es necesario sustanciar la contratación bajo estricta reserva”, argumenta el documento.
Además, la adquisición será supervisada por el servicio jurídico del Ministerio de Seguridad para asegurar que el proceso cumpla con las normativas legales correspondientes. El decreto también menciona la necesidad de dotar de esta tecnología avanzada a las principales fuerzas de seguridad del país, como la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Entre los argumentos del decreto, se subraya que la incorporación de este sistema es esencial para garantizar la seguridad interior y proteger a la población en un contexto de creciente uso de drones en actividades ilícitas. El texto remarca que estos dispositivos representan una amenaza directa a la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, además de poner en riesgo infraestructuras clave para el país.
La Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad será la encargada de implementar los procedimientos necesarios para concretar la adquisición. El decreto enfatiza que la medida busca garantizar una implementación efectiva y oportuna del sistema, permitiendo a las fuerzas de seguridad neutralizar las amenazas asociadas a los drones.
Finalmente, el Gobierno subraya que esta decisión responde al compromiso de reforzar las capacidades técnicas de las fuerzas de seguridad en el marco del respeto por el sistema democrático. Con esta medida, se busca prevenir la creciente sofisticación de las modalidades delictivas y garantizar una respuesta adecuada ante los desafíos que plantea el uso ilícito de nuevas tecnologías.
CON INFORMACION DE MDZOL.COM