La Corte ordenó que la Justicia federal siga con la búsqueda de Maxi Sosa, el niño desaparecido en Ceres

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el Juzgado federal de Rafaela siga con la búsqueda de Maxi Sosa, el niño desaparecido en la ciudad de Ceres en 2015 y cuyo paradero sigue siendo un misterio en la provincia y el país.
 
Por el caso, la abuela del nene, Patricia Sayago, fue absuelta en 2021 por el beneficio de la duda tras ser acusada de haber sido quien presuntamente entregó al menor a una red de trata de personas. Aquella absolución se dio en el marco de un juicio en el cual los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Fe ordenaron remitir las actuaciones a la Fiscalía de San Cristóbal, en donde se inició la investigación, para profundizar la búsqueda del niño que al momento de su desaparición tenía 3 años.

 El expediente judicial, en tanto, siguió tramitándose en el Juzgado Federal de Rafaela y con posterioridad la sede judicial, actualmente a cargo del juez Marcelo Bailaque, declaró la incompetencia para intervenir en el caso y solicitó pasar el caso a la Justicia provincial.

 Ante el planteo, la Corte Suprema se expidió y mediante una resolución de seis páginas, que lleva la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó a la Justicia federal para seguir con la búsqueda de Maxi Sosa, ya que la mayor parte de la investigación se tramitó en ese fuero.

 El fallo consideró además que la causa debe ampliar el “espectro territorial” para establecer si el menor pudo haber sido inscripto en registros civiles provinciales e indagar sobre la existencia, a partir de la fecha de desaparición (18 de diciembre del 2015), de algún cadáver perteneciente a algún niño de tres años cuya identidad pudiera ser compatible con la de Maxi.

 
Así se encontraría el menor Maxi Sosa en la actualidad.
Vale recordar, que en 2020 el fiscal Gustavo Onel, a cargo del caso, supo oficiar a los Cuerpos Médicos Forenses de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Chaco para que informen sobre cuerpos que pudieron haber sido examinados como NN y que podrían haber tenido fisonomías similares a las de Maxi Sosa.

 Sin embargo, el resultado fue negativo, al igual que las consultas efectuadas al Registro Nacional de las Personas para establecer si hubo inscripciones tardías de varones de aproximadamente tres años de edad al año 2015, fecha en la que Maxi desapareció.

 El paradero del niño es un misterio y más aún desde la absolución de su abuela y su entonces pareja, Ariel Malagueño. Ambos fueron inicialmente imputados por la sustracción del menor cuando la causa se tramitaba en el Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal, pero como la fiscal Emilce Fissore consideró que detrás del caso podría haber una red de trata de personas por lo que declaró la incompetencia y mandó todo a la Justicia federal con sede en Rafaela.

 El Juzgado de Rafaela rechazó intervenir por lo que el caso quedó en un limbo, en cuanto a quien lo investigaría, hasta que la Corte Suprema de la Nación zanjó el conflicto jurisdiccional y ordenó en 2018 que la causa quede en manos de la Justicia federal.

 En efecto, Malagueño y Sayago fueron enviados a juicio al Tribunal Oral Federal en donde fueron juzgados por sustracción de persona menor de diez años en las condiciones. En concreto, se les reprochó haber presuntamente sustraído al pequeño Maxi, sin el consentimiento de su madre, entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. De la misma forma, les imputó haberlo “retenido y ocultado” en un inmueble donde habitaban, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore cuanto menos hasta el día 26 de junio del año 2016.

 Sayago, en tanto, fue acusada de haber efectuado una falsa denuncia el 21 de diciembre del 2015, a las 19.40, en la Comisaría Segunda de Ceres, cuando el niño desapareció del barrio Juan Pablo II.

 Finalmente, el 10 de febrero del 2021, los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella (hoy jubilada) decidieron absolver a la abuela del niño y a Malagueño al considerar que hubo "deficiencias en la investigación".

  
Fuente: Aires Digital