La Justicia le exige al Gobierno que 66 comedores vinculados a Juan Grabois sean incorporados a los “programas alimentarios”

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, enfrenta una nueva orden judicial que le exige “incorporar a los programas” alimentarios vigentes a 66 comedores comunitarios gestionados por la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, una organización vinculada al ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois. El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, establece un plazo de tres días para que el ministerio cumpla con la manda, destacando la urgencia de garantizar el derecho alimentario. También impone un “plazo de tres días hábiles” para hacerlo. En caso contrario, se podrían aplicar sanciones, aunque no se especifica cuáles.

El Amanecer de los Cartoneros forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que fue fundado por Grabois e integra la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Su secretario general es Alejandro Gramajo. El 15 de noviembre, dirigentes de la UTEP y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la administración de Javier Milei por la “destrucción de las políticas sociales”.

 
“Para nosotros, el Gobierno de La Libertad Avanza representa un plan de miseria planificada, de exterminio social y una gran crisis humanitaria”, expresó en la audiencia Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita, la organización que lidera Emilio Pérsico.

Como contrapartida, el Gobierno, representado por el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, desmintió esos dichos a través de un informe de 13 páginas en el que sostuvo: “En el ámbito de la alimentación, el Ministerio de Capital Humano ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar”. Y argumentó: “Estas medidas buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos”.

Fallo adverso
 
El conflicto se remonta a una decisión judicial previa del juez Walter Lara Correa, quien el 31 de octubre ordenó al gobierno asegurar el acceso a los alimentos y la continuidad de los programas que garantizan el derecho a la alimentación. Fue en el marco de un amparo colectivo que el CELS impulsó en febrero junto a la UTEP.

Sin embargo, esta sentencia fue apelada por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, trasladando la decisión final a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. La situación refleja las tensiones entre las autoridades y las organizaciones sociales, que buscan aliviar “la vulnerabilidad alimentaria de sectores populares”.

El Ministerio había informado el 2 de octubre de 2024 que los convenios con los 77 espacios comunitarios administrados por El Amanecer de los Cartoneros “estaban vencidos”. La cartera de Pettovello aclaró que una vez que se hubiese “efectuado el dictamen final de la última rendición de cuentas presentada por la entidad el pasado 26 de septiembre de 2024″ y “una vez constatado el cumplimiento de la totalidad de la documentación e información faltante al efecto, se comenzará con el proceso de incorporación de estos espacios a los programas que actualmente se hallan vigentes”.

El 1 de noviembre, los abogados de la organización social que integra la UTEP informó que “recibió de parte de la demandada -Capital Humano-” un correo electrónico en el que le hacían saber lo siguiente: “Visto el dictamen de rendición de cuentas efectuado el pasado 26 de setiembre, cumplo en informarle que, en el día de la fecha, se dio inicio al trámite administrativo correspondiente para su incorporación en el programa” y advirtió que: “En caso de existir alguna documentación faltante que resulte necesaria para dar continuidad al trámite, la misma le será requerida en los próximos días, siguiendo los criterios de elegibilidad y el cumplimiento de los requisitos de acceso regulados por la normativa vigente”.

Días después, el 13 de noviembre, el Ministerio comunicó que 11 de los 77 de El Amanecer de los Cartoneros”, 11 no habían podido ser relevados para su inclusión en el marco del Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM)” toda vez que “los mismos no se encontraban en funcionamiento como tales. “No obstante -destacó el juzgado- en lo atinente a los otros 66 comedores se especificó que ‘a fin de dar cumplimiento con el recaudo del relevamiento en territorio del Programa Alimentar, aquellos espacios serán visitados para evaluar su posible inclusión según los lineamientos de dicho programa, oportunidad en la cual se les exigirá a dichos efectos la documentación legal respaldatoria correspondiente’”.

El juzgado interpretó que el tiempo transcurrido fue suficiente para que los funcionarios de La Libertad Avanza inspecciones los comedores. Por esa razón, el juez Enrique Lavié Pico subrayó la importancia del derecho alimentario y criticó las respuestas dilatorias del Estado.

“En diciembre de 2023, apenas asumió el gobierno de Javier Milei, los comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir alimentos. Mientras tanto, la necesidad de acceso a un plato de comida se incrementó producto de la crisis económica y social agudizada por el ajuste del propio gobierno. Mes a mes, la pobreza fue en aumento y las filas de familias en los comedores se hicieron cada vez más largas. Esta situación afecta especialmente a mujeres, niños y personas mayores”, argumentó Diego Morales, director de litigio del CELS al ser consultado por Infobae.

El abogado también destacó que: “Ahora la justicia en lo Contencioso le ordenó al Ministerio de Capital Humano la inscripción de los 66 comedores y merenderos de la UTEP, y que les llegue la comida que debe proveer el Estado a través de la normativa que lo obliga a entregar mercadería a los distintos comedores. Ya en febrero, las distintas organizaciones que tienen comedores empezaron a reclamarle al ministerio a cargo de Pettovello por la falta de entrega de comida. Junto a la UTEP, desde el CELS presentamos un amparo y en mayo la justicia se declaró competente. En todas las instancias obtuvimos fallos favorables, pero Pettovello apela y la decisión de fondo ahora está en manos de la Cámara Federal en lo Contencioso”, explica el letrado, quien agregó: “Todo este tiempo el Ministerio se negó sistemáticamente a entregar la comida que le había ordenado la justicia a través la medida cautelar de julio. Ahora, el juez le ordenó al ministerio que cumpla con su obligación de entregarle a los 66 comedores la comida para que las personas puedan acceder al menos a un plato de comida por día”.

Según el fallo al que accedió Infobae, el magistrado advirtió que aplicará sanciones. Este medio solicitó una respuesta a Capital Humano, pero, hasta el cierre de esta nota, los funcionarios prefirieron no responder.

CON INFORMACION DE INFOBAE.