Milei, Cristina, Irán y el Presupuesto 2025: demasiado para una sola semana

La Corte Suprema se volvió un territorio más complicado que nunca para los dos protagonistas de la política de estos días, Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Guste a quien guste, el futuro del máximo tribunal terminó convirtiéndose en una cuestión incómoda para el gobierno que tiene que nombrar a los dos candidatos a cubrir los cargos vacantes y para ello está dejando en el camino heridos y girones políticos de distinta índole.

Curiosamente el problema de número mayor no lo tiene Milei con la candidatura de Ariel Lijo, que parece tener el suficiente de firmas para su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado, sino con Manuel García Mansilla. Hay ruido con los radicales en el Senado, pero el trámite de Lijo debería tranquilizarse a diferencia del de García Masilla que no termina de levantar vuelo.

 ¿Eso significa que el Senado podría avanzar de una vez por todas con al menos uno de los nombramientos o, inclusive, recibir un nuevo pedido de pliego para una mujer en lo inmediato”. No parece ser el caso. El Senado hoy está cerrado y blindado por otras razones, que tienen más que ver con el verano, la ausencia de acuerdo con la oposición para el tratamiento de temas sensibles y, sobre todo, la pasión del kirchnerismo por “voltearle” a Milei el DNU 846 que le permite a Luis “Toto” Caputo renegociar deuda sin pedirle permiso al Congreso.

Esa autorización es clave para mostrar operatividad del gobierno hacia el mundo económico externo. El mercado espera un canje y piensa que el gobierno tiene el poder de hacerlo. Esencialmente para mantener esa expectativa es vital que el DNU se mantenga vigente; de lo contrario muchos de los fantasmas sobre los problemas de gobernabilidad política en Argentina que sobrevuelan a los analistas de mercados en el mundo se volverían realidad. Nada indica que eso pueda pasar y de hecho Javier Milei hace dos meses que parece “iluminado” en cuanto a su gestión: prácticamente todo le sale bien, adentro y afuera del país, pero una derrota en el Congreso traería dudas en medio de ese panorama de optimismo. Para eso Victoria Villarruel dio su palabra de blindar el Senado y con eso se va a marzo cualquier pretensión de votar tanto los pliegos de los jueces de la Corte como las decenas de nombramientos de magistrados y fiscales que están en lista de espera.

El tiempo pasa y la fecha de salida de Juan Carlos Maqueda de la Corte Suprema se acerca. El supremo cumple 75 años el 29 de diciembre y ese día debe dejar el cargo. Las despedidas ya comienzan. Mañana el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires organizó el primer brindis de despedida a Maqueda. Se anticipa que todo el mundo del derecho estará presente. El evento será un hervidero de especulaciones sobre el futuro de la Corte y en especial con la mira en las chances de un decreto inminente de Milei para nombrar a los dos candidatos que nominó para completar el tribunal. Esta claro que la Corte Suprema puede funcionar con tres miembros, una vez que Maqueda deje su sillón, pero la situación se vuelve extremadamente irregular. El 29-D aparece en ese sentido como una fecha clave.

Cristina Fernández de Kirchner recibió la semana pasada desde la Corte Suprema la peor noticia que podría haber tenido: le confirmaron la continuación de la causa por el Memorandum con Irán y la elevación de juicio oral. La Corte desestimó la existencia de arbitrariedad o gravedad institucional en la decisión de Casación de llevar a juicio a Cristina por esa causa.

Para muchos, esta es moral y éticamente la causa más complicada que enfrenta Cristina y la que la pone de cara a la sociedad como una posible protectora de asesinos de argentinos. El Memorandum con Irán puede tener muchas interpretaciones, pero hay un hecho objetivo irrebatible: fue firmado con un país que luego fue confirmado por nuestra Corte Suprema y por la Cámara de Casación como el responsable número uno del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel. Es decir, que la expresidente ordenó negociar y firmar un acuerdo con un país al que la Justicia argentina luego terminó calificando como el principal asesino de al menos 85 argentinos en la AMIA, más otros 22 en la Embajada. Y todo sin un efecto benéfico comprobable para la investigación como se quiso vender. 

Ya en el momento de la firma del Memorandum se había configurado como un escándalo internacional la demora de justicia que la Argentina tenía en la investigación de los dos atentados que, en el momento de realizarse, fueron los más violentos jamás perpetrados por el terrorismo islámico en todo América, luego solo superados por el ataque al World Trade Center de Nueva York.

“El atentado de 1994 en Buenos Aires fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, en el marco de la Jihad Islámica”, dice el fallo de Casación. A esa definición debe enfrentarse Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral que ahora destrabó la Corte, pero además deberán sumarse otras inconsistencias que hablan más de un negocio dinerario con la Venezuela de Chavez de por medio que de un supuesto acuerdo político.

Por ejemplo, el Memorandum con Irán incluía la anunciada posibilidad de que el fiscal de la causa viajará a Teherán a tomar declaración a los funcionarios iraníes sospechados. Esa fue una mentira del kirchnerismo que habló siempre del cumplimiento imposible de ese vergonzoso acuerdo con Irán: el fiscal que debería haber viajado era Alberto Nisman quien al momento de la firma del Memorandum tenía un pedido de captura emitido por el propio Irán, en otro acto de venganza por su investigación sobre los atentados. Todo en torno a ese Memorandum apareció siempre como una farsa de la que también los diputados y senadores del entonces Frente para la Victoria que lo votaron a favor deberían hacerse cargo.

Mientras recibía esas malas noticas Cristina se ocupaba esta semana en mantener su protagonismo en la escena política opositora organizando la estrategia para cargar sobre el gobierno el escándalo del senador Edgardo Kueider y sus US$ 200.000 que fueron y vinieron de Paraguay y acelerar su destitución para quedarse con su banca en el Senado para la camporista Stefanía Cora y así complicarle más el número al oficialismo en esa Cámara.

Mientras el escándalo Kueider sigue aportando datos para la miseria política, como las investigaciones previas sobre su supuesto enriquecimiento ilícito que pocos conocían, la oposición dialoguista con Milei estalló en alaridos cuando el presidente decidió convocar a sesiones extraordinarias sin incluir el proyecto de Presupuesto Nacional 2025.

Milei no quiso negociar más con los gobernadores amigos que fueron sistemáticamente a cada reunión convocada con su listita de cinco pedidos y cerró la puerta, al menos por ahora. En su lugar convocó a extraordinarias con un temario acotado que involucra esencialmente reformas electorales. Por estas horas hay un silencio profundo entre los integrantes del PRO y los radicales en espera de alguna novedad en torno al Presupuesto 2025. Algunos sueñan con una negociación de último minuto con el gobierno para salvar el proyecto de presupuesto y habilitar la votación en vacaciones.

El kirchnerismo poco talla en este punto, más preocupado ahora por mantener a Cristina Fernández de Kirchner arriba del ring como sparring de Milei y en controlar la incontrolable interna que tiene adentro del PJ. Para intentarlo Cristina sigue apelando a las formalidades del poder que la caracterizaron en todos sus gobiernos: mañana convocó, utilizando a su hijo Máximo, a una reunión en Moreno con Sergio Massa y Axel Kicillof para mostrar una unidad que no existe y el miércoles habrá acto y discurso para asumir como presidenta del peronismo, tras una elección que nunca existió.

Milei sigue insistiendo en que poco le importa tener o no ley de Presupuesto Nacional para el año próximo. Como también razona el ministro de Economía y como ha repetido Guillermo Francos en innumerables ocasiones, Dicen que pueden continuar otro año reconduciendo el Presupuesto 2023, que fue el último que se votó en el Congreso y es la ley que se usó este año para continuar administrando fondos.

La realidad es que contable y legalmente no es lo mismo contar con la Ley de Presupuesto Nacional que no tenerla. Está claro que el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control autoriza a reconducir el presupuesto anterior en caso de no tener ley.  “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”, dice el texto que luego da una guía sobre los ajustes que deben hacerse para la ejecución presupuestaria en esos casos.

Para el mundo financiero puede no ser lo mismo. Contar con la Ley de Presupuesto aprobada a la hora de emitir deuda o colocar bonos en mercado externos es un requisito que puede hacer diferencia en momentos de turbulencias. Debe recordarse que el poder originario para emitir deuda lo tiene el Congreso y lo delega en el Ejecutivo y ese dato constitucional lo conocen todos los abogados expertos en finanzas en el mundo. Hoy puede ser una referencia de color, pero en el futuro podría hacer diferencia, de la misma forma que contar o no con proyecciones de gastos y recursos confirmadas por la Ley de Presupuesto. Hay que recordar que entre la votación del último presupuesto aprobado en octubre de 2022 y la actualidad hubo 636,32% de inflación; y esa es la Ley de Presupuesto que hoy se esta utilizando.

El tiempo corre también para el Congreso. Si esta semana no hay novedades sobre una ampliación del temario de leyes a tratar en Extraordinarias, será casi imposible que el Congreso trabaje hasta marzo. Desde el PRO y el radicalismo ya le mandaron señales a la LLA sobre la bronca que hay en los pasillos. Sin proyecto de presupuesto no hay votación de otras leyes fue el mensaje.

Además, existe otra realidad. Ya fue enviada a todos los empleados de Diputados una circular comunicando que todos deben tomarse las vacaciones correspondientes en enero y no en febrero. Esa medida no alcanza, obviamente, a los diputados y asesores, pero si a todo el personal administrativo que es indispensable para que el recinto los comisiones funcionen.

“Si no mandan el Presupuesto 2025 y la Ley Antimafia me estas boludeando”, confesó a MDZ sin filtro una diputada del PRO, “No queremos quedar golpistas, pero no podés discutir Ley de PASO y no el Presupuesto 2025”, se sumó un radical. El verano ya llegó y las vacaciones se aceleran. Quizás habrá que pensar en marzo para saber por dónde terminará caminando la política en el próximo año.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM