Qué es la Ley de Fueros, el proyecto que se debatirá en el Congreso

Después de la detención del senador entrerriano Edgardo Kueider, el Gobierno redacta un proyecto que limita los fueros de legisladores y figuras políticas argentinas, que está contemplado por la Constitución Nacional. 

Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa había sido elaborada antes de la polémica de Kueider y que su detención solo destapó la olla. Lo cierto es que el proyecto de ley aún no se terminó de redactar, pero estiman que estará listo para ser debatido durante las sesiones extraordinarias en el Congreso.

 
Qué son los fueros
Los fueros son un privilegio especial otorgado a una persona, que la exime total o parcialmente de ciertas obligaciones o normas comunes. Están diseñados para garantizar la independencia de quienes los poseen y protegerlos frente a posibles abusos de poder.

En Argentina, los fueros están reglamentados por la ley 25.320 y establece que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita, desempeñando su mandato de legislador”. Además, “ningún senador o diputado, desde el día de su elección, hasta el día de su cese, puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva”.

El objetivo de los fueros es garantizar la independencia y la libertad de acción de las personas que los posee, para evitar que sean objeto de represalias, presiones o persecuciones injustas por el desempeño de sus funciones. Pero, si bien tienen una función protectora, en algunos casos fueron criticados por ser mal utilizados como una suerte de “escudo” para evitar responsabilidades legales.

Proyecto de Ley de Fueros
Si bien todavía no hay detalles sobre la iniciativa, sí es cierto que el objetivo principal de la modificación que planea hacer el Gobierno es regular el alcance de los fueros parlamentarios.

“La Ley de Fueros establece que si el legislador, funcionario o magistrado no concurriera al llamado a indagatoria, se deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. Ese debe ser girado a la comisión de Asuntos Constitucionales (que preside Kueider, irónicamente), y esta debe emitir dictamen en 20 días y tratarlo como Cámara en 180 días, aun sin dictamen. Ahora bien, ¿qué pretende cambiar sobre esto el Gobierno? No se entiende. Lo de Kueider, además, no procede el desafuero porque fue requerido por la Justicia de otro país", interpretaron especialistas en diálogo con este medio.(BAE)