Jorge Macri pica le gana la pulseada a Javier Milei

Suele decirse que del dicho al hecho hay un largo trecho, o que la distancia entre una promesa de campaña y las medidas de gobierno es directamente proporcional a la audacia política. Gran parte de esto es lo que gatilló este martes la decisión de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de otorgar beneficios impositivos a pequeños y medianos comerciantes, monotributistas y jubilados.

Entre ellas, sobresale la devolución de saldos de Ingresos Brutos menores o iguales a $2 millones en sólo 96 horas, cuando antes podría tardar varios meses; la exención y/o reducción del impuesto a prestadores de servicios no profesionales; alícuota del 0% en Impuesto de Sellos de los contratos de alquiler con destino comercial y turístico; también alícuota del 0% en Sellos para las operaciones de leasing de vehículos, y exención del ABL a más jubilados y pensionados.

Son medidas que apuntan a los sectores más afectados por el fuerte ajuste que debió soportar la sociedad argentina luego de la devaluación del 54% del peso en diciembre de 2023, los recortes del gasto público por el plan motosierra de Javier Milei, la suba de tarifas de servicios públicos y la liberalización de algunos servicios educativos y del sistema de salud, que terminaron impactando en jubilados y pensionados, pymes y fuerte caída de la actividad en la industria y el comercio. 

Desde la óptica de los contribuyentes se advierte un contraste entre lo que pregonan el Gobierno nacional y el propio presidente Javier Milei, en relación a que el Ejecutivo está decidido a caminar hacia la baja de impuestos, y lo que efectivamente hizo el gobierno porteño, con medidas concretas que ya entran en vigencia y beneficiarán a determinados sectores económicos y contribuyentes.

A paso lento
Si bien el Gobierno nacional ha avanzado en la eliminación de innumerables regulaciones, al momento de los "bifes" el único tributo que bajó es el lmpuesto PAIS, que tenía una fecha de caducidad fijada por ley hacía cuatro años y cuya prórroga hubiera generado un elevado costo político para el Gobierno, además de una cuesta empinada en el Congreso para lograr juntar las voluntades para una eventual prórroga.

Hay que recordar, además, que al asumir el gobierno libertario entre las primeras decisiones que tomó, subió el Impuesto PAIS en 10 puntos porcentuales (pasó de 7,5% a 17,5%) para bienes y servicios importados, pasando a reducir esos diez puntos en septiembre, avanzando hacia quedar sin efecto la totalidad del gravamen el 23 de diciembre pasado.

Según los analistas, tributaristas  incluso lo que resulta de varias encuestas a empresarios, tres son los impuestos considerados más distorsivos: Ingresos Brutos (IIBB), de jurisdicción provincial; impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios o impuesto al cheque, Derechos de Exportación o retenciones, estos dos últimos de recaudación nacional. El de operaciones con cheques es coparticipable, mientras que las retenciones no.

En ninguno de estos tres tributos el Gobierno nacional avanzó con una modificación a la baja o reforma que supusiera un acuerdo fiscal con provincias para bajar IIBB.

En cuanto a las retenciones, desde el inicio de la gestión de Milei casi al unísono las entidades del sector agropecuario vienen reclamando la baja o eliminación de las alícuotas, que van del 7% al 33% del valor exportado, según los bienes. Hasta el momento, el Gobierno nacional aduce imposibilidad de hacerlo por el elevado costo fiscal que tendría la medida. 

Sólo accedió a prorrogar en julio pasado, y hasta julio de 2025, la quita de retenciones a los productos lácteos, una cadena productiva que atraviesa dificultades productivas. 

En paralelo, a principios de agosto hubo una reducción del 25% en la alícuota que pagan los productos cárnicos (vacunos, porcinos, aviar). A través del decreto 697/2024 el Ejecutivo dispuso que estos bienes paguen 6,75% de derechos de exportación, en lugar del 9% que regía para casi toda la cadena de valor hasta ese momento.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM