Llaryora ofrece inflación+bono y opera el inicio de clases; UEPC apunta al paro

Parsimoniosa, la Junta Ejecutiva Central de la UEPC Provincial dio a conocer la propuesta del Centro Cívico ayer ya bien entrada la tarde. Propuesta que, a su vez, había recibido el día anterior. Y lo hizo en un plenario de secretarios generales que, en rigor, tampoco lucía como una instancia indispensable. 

De hecho, cuando la comisión paritaria entiende que la propuesta no satisface el piso de las pretensiones gremiales, ni siquiera las pone en consideración de las bases. Con lo cual, si la oferta ya había pasado ese primer filtro, y no reviste mayor complejidad, nada obstaba a que fuera directamente transmitida a las delegaciones. Conclusión: esa reunión bien pudo haber sido un e-mail. Pero no lo fue.

En realidad, el asunto no es vano. Si se considera que, una vez receptada, la oferta tiene que ser informada a los delegados, debatida en las escuelas, votada en cada departamento, y finalmente confirmada o rechazada por la Asamblea Provincial; y se atiende además a que cumplir cada uno de esos pasos lleva un día, desplazar el calendario para que las asambleas comiencen recién este miércoles implica garantizar el inicio de clases en tiempo y forma, desperdiciando una carta de negociación significativa para los docentes.

Esas son las (razonables) sospechas de delegación capital, que conduce la oposición, y que no ve en la primera oferta del Centro Cívico más que el comienzo de un juego de desgaste. La visión de la UEPC Provincial, en tanto es diferente.

Para la Junta Ejecutiva Central del sindicato, la oferta es indudablemente razonable -caso contrario, la experiencia indica que la hubiera descartado sin más trámite-, incluso cuando no cumple las expectativas que el secretario general del gremio había fijado, a saber, conseguir una recomposición al menos progresiva de la perdida salarial sufrida por los docentes entre fines de 2023 y a lo largo del 2024.

La oferta del Centro Cívico es sencilla: una actualización mensual igual al IPC que blinde a los salarios de seguir perdiendo contra la inflación, un bono de 100.000 pesos a cobrar en marzo para equiparar la situación de los docentes a la del resto de los estatales, y el progresivo blanqueo del concepto "Gastos inherentes a la labor docente". Además de un aumento de 150.000 pesos para los directivos, a partir de marzo.

En líneas generales, la Provincia ofrece congelar la situación de los docentes a futuro, cuando estos le reclaman recuperar los ingresos perdidos tras la devaluación practicada por el Gobierno Nacional y la consiguiente denuncia, por parte de Martín Llaryora, de la paritaria pactada por su antecesor, Juan Schiaretti, que llevó a los docentes a perder poder adquisitivo por la mitad del IPC de los meses post devaluación, donde se experimentaron los índices de aumento de precios más elevados.

Un estudio realizado por la delegación capitalina de UEPC concluyó que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, los docentes perdieron un 23 por ciento de su poder adquisitivo. Y una misiva leída por los delegados de la oposición en las Jornadas de Formación Docentes de este lunes llamó a las bases a no iniciar las clases a menos que la Provincia garantice un salario testigo (maestra de grado) igual a la canasta básica familiar, situada por encima del millón de pesos. Hoy, ese salario testigo está en 755.000 pesos. La distancia da una idea de cuánto puede llegar a extenderse la negociación.

Desde la delegación capital entienden que “las condiciones (para empezar las clases) no están dadas”. Sin embargo, la demora en el inicio del esquema de asambleas para aceptar o rechazar la oferta podría dejar a los docentes sin cobertura para adherir a un paro que, en principio, sólo podría decretarse el lunes de la semana próxima, con efectos hacia el martes.

Paradójicamente, la cobertura vendría desde Ctera, que mañana puede decretar una jornada de paro para el lunes, a la que la UEPC Provincial adheriría.    

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.