Milei reconocerá como crimen de lesa humanidad el atentado del ERP contra el capitán Humberto Viola y su familia

El presidente Javier Milei reconocerá como crimen de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el capitán Humberto Viola y su familia. Así lo anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni. La decisión se tomó junto a la desclasificación total de los archivos de la SIDE sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
El 1° de diciembre de 1974, miembros del ERP atacaron el Ami 8 que conducía el militar, acompañado de su esposa María Cristina "Maby" Picón y sus hijas María Cristina, de tres años, y María Fernanda, de cinco, al llegar a la casa de sus padres para almorzar.
El capitán Viola fue asesinado junto a su hija menor, mientras que su otra nena, María Fernanda, resultó herida gravemente con disparos en la cabeza, por lo que debió ser sometida a ocho operaciones. Fue en el centro de San Miguel de Tucumán, a pocas cuadras de la histórica Casa de la Independencia.
 
"Fuimos rodeados por tres coches con hombres del ERP que comenzaron a ametrallarnos. Mi papá, para resguardarnos, se bajó del auto y se alejó, para atraer los disparos hacia él. Empezó a correr hacia una esquina, ya con una herida de bala, y ahí lo remataron con un tiro por la espalda. También mataron a mi hermanita, María Cristina, que tenía tres años. Yo recibí un tiro en la cabeza, una bala que se había colado por la ventanilla. Las esquirlas me dieron en el nervio óptico. Quedé inconsciente. La única persona que salió ilesa fue mi mamá. Yo sobreviví gracias a ella: mi mamá me levantó, yo estaba llena de sangre, pero ella no sabía de dónde me salía", contó María Fernanda el año pasado, en el primer video que difundió el Gobierno de Milei por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Tras el atentado contra Viola, quien formaba parte del Destacamento de Inteligencia en Tucumán, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, el brazo político del ERP), emitió una declaración pública donde calificó la muerte de su hija María Cristina y las heridas a María Fernanda como "un exceso injustificable".

En el mismo posteo del Ejecutivo, la hija sobreviviente al ataque también describió las secuelas que le dejó el atentado. “Me faltan huesos en la cabeza, padezco una disminución visual grande, producto del atentado. La bala toco el nervio óptico, tengo problemas en el campo visual. Me atendí en Tucumán. Dios hizo lo suyo, pero los médicos me salvaron la vida", relató María Cristina.
El grupo que realizó el atentado estaba al mando de Hugo Irurzun, junto a otros miembros del ERP: Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco y el sueco Svante Grände.
La Justicia condenó por los homicidios del capitán Viola y de María Cristina, y de la tentativa de homicidio contra María Fernanda, a reclusión perpetua a Paz, Emperador, Núñez y Vivanco a finales del año 1976, y a Carrizo a fines del año 1982.
Paz, Carrizo, Emperador y Núñez estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo hasta que esa orden fue dejada sin efecto por el decreto secreto 382 del 17 de febrero de 1983.

Debido a la ley 23.070, la reclusión perpetua estaba limitada a un máximo de 20 años y, además, cada dos días de prisión se computaba como tres, por lo que Carrizo, Paz y Emperador quedaron en libertad condicional en diciembre de 1988, y Núñez en julio de 1989.
Vivanco había fallecido en 1980 e Irurzun murió el 18 de septiembre de 1980, en Asunción del Paraguay, por la Policía paraguaya, que lo buscaba por su participación en el asesinato de Anastasio Somoza Debayle ocurrido ese día. En tanto, Grande (teniente del ERP) fue muerto durante su actividad guerrillera en el monte tucumano, en 1975. Carrizo falleció a fines de 1982. En 1990 fueron indultados por Carlos Menem.
"Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnización de acuerdo a la Ley 2.443 por haber estado detenidos durante el estado de sitio", relató el vocero presidencial Adorni en su anuncio de este lunes.
Efectivamente, algunos de los miembros del ERP que participaron del ataque al capitán Viola fueron indemnizados como víctimas del accionar de las autoridades dictatoriales: Carrizo con $12.506.637; Emperador con $12.640.603, más otros $ 4.420.352; Núñez con $13.191.339, y Paz con $11.863.513, todos montos actualizados a noviembre de 2020.

María Cristina Picón, viuda de Viola, inició ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del abogado Javier Vigo Leguizamón, la denuncia por la violación del Estado Argentino de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e igualmente del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar ni atentar contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.
Luego de un extenso derrotero judicial, en 2016 realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando que el asesinato de su esposo y su hija sean considerados delitos de lesa humanidad y que se reabra la investigación.
Sin embargo, en 2021, mientras se encontraba en su lucha para que se cancele el indulto a los responsables del ERP del crimen de su marido y su hija, falleció a los 73 años.
En 2022, la administración de Alberto Fernández sostuvo ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible.

Ahora, mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado entre la gestión de Milei y la familia, el Gobierno reconoce la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que el atentado "se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad", escribió la hija sobreviviente del ataque en una carta difundida este lunes.
 
 
El spot plantea la mirada del oficialismo sobre el terrorismo y cómo fueron juzgados sus responsables.
"Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández, ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso. Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas. Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la Justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados", concluyó María Fernanda Viola en su carta.
Según adelantó Adorni, el Gobierno acompañará el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno.

Fuente: Clarín