Casi todos los jueces y fiscales que juzgaron a Cristina fueron nombrados por ella

Desde el inicio de la investigación de la causa Vialidad hasta la sentencia condenatoria, que posteriormente fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, intervinieron en el proceso judicial un total de 20 funcionarios, entre jueces y fiscales. Varios de ellos fueron nombrados durante las administraciones kirchneristas.

El expediente, que en pocos días llegará a la Corte Suprema, fue uno de los argumentos utilizados por el gobierno de Estados Unidos para cancelar la visa de ingreso de Cristina Kirchner a ese país, medida que también afecta a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.

En su última aparición pública, la condenada expresidente y exvicepresidente cuestionó a la Casación, que rechazó su apelación contra la confirmación de la sentencia que la declaró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Según los fundamentos del fallo, el perjuicio económico generado asciende a 85.000 millones de pesos.

Con esta resolución, la causa que investigó la adjudicación de 51 licitaciones a Lázaro Báez, entonces socio comercial de Cristina Kirchner, quedará bajo la órbita de la Corte cuando los imputados y el Ministerio Público Fiscal presenten un recurso de queja, última instancia de revisión del proceso.

Los jueces nombrados por el kirchnerismo
El caso comenzó a ser instruido por el juez federal Julián Ercolini, quien procesó a la exmandataria kirchnerista por asociación ilícita en calidad de jefa y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ercolini asumió el control del Juzgado Federal N°10 el 7 de octubre de 2004, con una designación firmada por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Cuando el juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 2, dio inicio en 2019, el expediente ya había pasado por la fiscalía de Gerardo Pollicita, quien llegó a Comodoro Py en 2005, durante la primera presidencia kirchnerista. También intervino Ignacio Mahiques, designado fiscal el 15 de junio de 2015 mediante un decreto firmado por Cristina Kirchner.

La acusación presentada por el juez Julián Ercolini fue revisada por la Sala II de la Cámara Federal porteña, que en aquel momento estaba conformada por los magistrados Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Este último había integrado originalmente la Sala I y accedió a su cargo tras una decisión tomada en 2018 por la entonces vicepresidente y expresidente.

 Con la ratificación del procesamiento, Ercolini envió el caso a juicio oral con la siguiente imputación: "Durante las administraciones kirchneristas se instauró una maniobra de corrupción desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública", donde "se montó una organización criminal" para el "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral", de Lázaro Báez.

Bajo estas acusaciones, Cristina Kirchner enfrentó el juicio oral. Luego de más de dos años y medio de audiencias, el 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 dictó su veredicto condenatorio, encontrándola culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena impuesta fue de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces que firmaron dicha sentencia fueron nombrados durante la gestión de la exvicepresidente. En 2011, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu prestaron juramento como miembros del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

En 2015, mediante el mismo procedimiento, Andrés Basso ingresó al TOF 3, y años más tarde fue seleccionado por sorteo para integrar el TOF 2, tribunal encargado de llevar adelante el juicio contra Cristina Kirchner y otros 15 acusados por presuntas irregularidades en la obra pública.

El fiscal general Diego Luciani, quien durante su alegato y en la apelación posterior a la condena solicitó que también se incluyera el delito de asociación ilícita en calidad de jefa, con una pena de doce años de prisión, asumió su cargo el 9 de septiembre de 2013 mediante el decreto 1137, firmado por Cristina Kirchner.

La apelación de la sentencia tanto por parte de la fiscalía como de la defensa de los acusados llevó el caso a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El primero de ellos fue nombrado el 27 de septiembre de 2011, durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

A pesar de todas estas pruebas, este sábado, en un acto público, la exvicepresidente calificó a la Cámara de Casación como "macrista" por haber rechazado su recurso extraordinario, con el cual buscaba anular la confirmación de su condena por corrupción.

Con información de Derecha Diario