Del conflicto municipal y sus frentes subterráneos

Daniele asumió el lunes un nuevo mandato al frente del Suoem -el decimotercero- y prometió, fiel a su estilo, ir por las “basuras” que gestionan el municipio.

El “enojo” de Daniele, formalmente, es por el atraso salarial. Tras la paritaria que firmó en diciembre, el Suoem quedó, aproximadamente, 17 puntos detrás del IPC. Y luego, entre febrero y marzo, consiguió un 9,18 por ciento más de recomposición (cuotas de 4, 2 y 3 por ciento, capitalizadas), pero en el interín, la inflación creció un 2,2 por ciento en enero, un 2,4 por ciento en febrero, un 3,7 por ciento en marzo, y los pronósticos de las consultoras privadas sitúan al IPC de abril en algún lugar cercano al 3 por ciento. Es decir, el Suoem “redujo” la brecha en 9,18 puntos porcentuales, pero esta volvió a estirarse un 8,5 por ciento entre enero y marzo, y aún resta sumar la inflación de abril.

Este escenario deja al gremio en una situación que, en términos comparativos, es peor que la de octubre del año pasado, cuando Daniele llevó a sus representados a un plan de lucha cuyos costos fueron ampliamente superiores a sus beneficios, ya que la pérdida de horas módulo fue más profunda que la recomposición salarial, que quedó muy por detrás de a las expectativas generadas por la conducción. Tanto, que el gremio prefirió evitar una votación, y aceptó, sin consulta a las bases, por provechosa, una oferta prácticamente igual a la que semanas antes había rechazado, sin consulta a las bases, por considerarla una afrenta.

Ahora bien, al margen del capítulo salarial del nuevo “plan de lucha”, hay otros motivos tan o más concretos que aquel que no terminan de ser blanqueados por el sindicato.

El primero, vinculado con los pases a contrato. En una asamblea que tuvo lugar hace dos semanas, cuando, traspuestas las elecciones, Daniele empezó a levantar el tono en contra del Ente de Fiscalización y Control, ante la airada crítica de un jubilado que alertó que el Suoem está “en terapia intensiva” el secretario general acusó que uno de los “compromisos incumplidos” por el Ejecutivo era el pase a contrato de los becarios y monotributistas que empezaron a prestar funciones para el municipio en 2020.

Sería, cabe presumir, una gambeta consensuada a la Carta Orgánica, que establece el ingreso a la administración pública por idoneidad. Pero más allá de eso, que no sorprende a nadie, representaría también una merced ofrecida a cambio de cerrar una paritaria a la baja. La misma razón por la cual hoy Daniele intenta volver a levantar al gremio. Una broma sin remate de la que son víctimas todos los municipales que ceden salario para garantizar una perpetuación de la estirpe que no llega.

Más interesante aún es el segundo frente subterráneo del conflicto municipal: el Ente de Fiscalización y Control en sí.

Daniele intenta convencer, en cada asamblea que lidera ante las Áreas de Inspectoría, que los municipales no deben aceptar ser trasladados al Ente. Es que, para el gremio, el Ente es instrumento pergeñado por el Ejecutivo para extraer asuntos sumamente sensibles -como la habilitación de negocios y el control de “la noche”- de su área de influencia.

El líder de los municipales advierte que irá “por el camino de la persuasión” para convencer a los inspectores de no aceptar el traslado al Ente. Aunque después agrega que, los que accedan, van a tener dos problemas: “primero con las autoridades, y después con nosotros”.

La persuasión de Daniele no es muy sofisticada. Se ancla sólo en el artículo 44 del Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza 7244), que establece que los municipales sólo están obligados a obedecer órdenes de sus superiores jerárquicos. Como el Ente no integra la estructura orgánica del municipio, sus gerenciadores no pueden impartirles órdenes, y si éstos las obedecen, podrían incurrir en una falta que motive un sumario administrativo.

Por lo demás, quienes pasen al ente quedaran fuera del paraguas del Suoem, cuyo estatuto social no lo faculta a representar a trabajadores de entes descentralizados.

El verdadero temor del Suoem es perder una parcela central de su poder, como en su momento sucedió con el COyS, hoy bajo la órbita del Surrbac.

Sin embargo, el Ejecutivo ofrece a todos los inspectores que accedan a pasar al Ente un plácet tentador: conservar su antigüedad y seguir regidos por la ordenanza 7244; mientras que advierte a todos aquellos que se rehúsen a hacerlo que quedarán bajo disponibilidad de la secretaría de Capital Humano, que podrá reubicarlos adonde considere necesario, respetando, eso sí, sus condiciones escalafonarias.

En la Administración, las “razones de servicio” que invocará Capital Humano para reubicar a los inspectores “rebeldes” representan un cheque en blanco hacia la discrecionalidad. Podrían terminar casi en cualquier repartición que se le ocurra a la secretaría. Y, por si fuera poco, perder las “horas módulo” que se han convertido, desde la pandemia a esta parte, en un concepto de capital importancia en el recibo de sueldo de los municipales.

Ahora bien, ¿qué podría suceder si la “resistencia” de Daniele fracasa y el Ente de Fiscalización y Control consigue terminar de absorber las competencias que antes descansaban en cabeza de las Áreas de Inspectoría?

No sería un problema menor. El control de la habilitación de locales comerciales y la explotación de actividades económicas de toda índole es, quizá, el área más sensible de toda la Municipalidad. Cientos de intereses económicos se entrecruzan en ese punto neurálgico del municipio. Y el Suoem no quiere quedar marginado de esa conversación.

Para peor, el gremio se siente amenazado por otro sindicato que avanza casilleros para consolidarse como representante de los inspectores que se enlisten en el Ente, el SUTEAEP, que empieza a tocar puntos blandos del SEP, en Salud, y del Suoem, en Fiscalización y Control.

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL.