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Javier Milei ordenó frenar el debate y ahora diseña su venganza

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"Sin la delegación de poderes de manera plena, por lo menos por dos años, tal como estaba redactada en el Boletín Oficial, tocando el Impuesto País lo que íbamos a vetar y sin el poder de privatizar para relanzar la relación del país con el capital, la ley ya no tenía sentido". Así reflexionaba anoche ante MDZ una alta fuente del Gobierno nacional, luego de haberse conocido la decisión de Javier Milei de suspender la batalla en el Congreso Nacional para la aprobación de las Bases o ley ómnibus.

De hecho, el presidente ya estaba enojado y decepcionado por el tratamiento que había tenido el proyecto desde su ingreso a Diputados, y más que furioso cuando le confirmaron que de los más de 640 artículos que modificaban más de mil normas que regían al país, finalmente los legisladores tratarían unos 223 artículos. Casi residuales frente a lo que Milei tenía en la cabeza cuando aceptó la batalla legislativa del verano, ahora perdidosa.

Por todo esto la decisión ya era conocida por sus dirigentes más cercanos, incluyendo el ministro de Interior Guillermo Francos, quien recibió la orden presidencial a segundos de comenzar la gira por Israel, de no negociar más artículos. Y jugarse todo a suerte y verdad en el recinto.

Javier Milei dejó en claro en el momento de embarcar hacia Jerusalén que ya no había más margen para garantizar apoyos. Menos de gobernadores. Y mucho menos si éstos figuran dentro del listado de potenciales aliados, en regiones donde el propio Milei con su candidatura a presidente había salido vencedor por márgenes importantes.

El tira y afloje
El jefe de Estado consideraba antes de la votación (y ahora aún más) que provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, Neuquén y Jujuy mostraron en las elecciones de segunda vuelta el suficiente nivel de votos a favor de Milei, que imponía un apoyo amplio en la primera embestida del presidente en el Legislativo.

Creía Milei que había ya avanzado lo suficiente en las negociaciones en Comisión, como para no acceder a más cambios en la versión que debía ser debatida y aprobada en particular en Diputados. Y mucho menos reducir a la mínima expresión capítulos fundamentales como la delegación de poderes, las privatizaciones, el pase del FGS al Tesoro y el fin de los fondos fiduciarios.

Fea fue la sorpresa cuando Milei fue informado que todos estos capítulos considerados ya cerrados, tenían reapertura reclamada por los gobernadores de las provincias que él mismo consideraba con apoyo obligatorio de sus legisladores. Mayor fue el desengaño cuando, además, llegó la información de parte de sus espadas en Diputados, que la coparticipación del impuesto PAIS formaba parte del listado de reclamos de aprobaciones por parte de algunos legisladores que siguen a gobernadores, comenzando por los que acompañan al cordobés Martín Llaryora. 

¿Eliminación en un futuro cercano?
Sobre este punto, y tal como adelantó MDZ, Milei tiene una doble negativa a aceptar la repartición del impuesto con las provincias. Tanto este tributo como el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios tienen en su mente destino de eliminación en algún futuro dentro de su gestión, y cualquier apertura en la recaudación para compartir con los gobernadores implicaría su permanencia definitiva por siempre y para siempre.

Sabe Milei, y también cualquier persona que conozca algo de historia tributaria argentina que si hay una condición indispensable para que un impuesto de creación temporal permanezca para siempre y sea imposible de quitar, es invitar a los gobernadores a que gocen de ese dinero. Si esto ocurriera por ley, sólo una legislación similar podría dar marcha atrás, con votaciones positivas en diputados y el Senado. Serían así los propios legisladores provinciales quienes deberían votarse un autoajuste, y sólo para favorecer al gobierno nacional. Una utopía.

Pero, además, el propio Milei cerró ya una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la cual se incluye desmantelar todos los instrumentos más o menos artificiales articulados para sostener el precio del dólar por debajo del valor oficial, que debería marcar el mercado. Para el FMI se trata de una distorsión innegociable e imposible de discutir si se quiere tener un plan económico sustentable, algo en lo que coincidió sin mayores dudas Milei.

Sólo hubo (y hay) algunas diferencias sobre los tiempos para ese desmantelamiento. Para el FMI debería ser una decisión inmediata. Para Milei hay que tener paciencia, ya que hacerlo en los términos actuales implicaría una aceleración inflacionaria. Si bien no hay nada escrito sobre el tema, las partes se comprometieron a analizar el tema hacia fin de año, para que desde fines de este 2024 pero no más allá de fines del 2025 existan reminiscencias del cepo cambiario.

Pensar en este compromiso con una coparticipación del impuesto PAIS es contradictorio. Y prohibido por lo firmado con el FMI. Milei tiene la firme convicción de cumplir con todo lo pactado con el Fondo. O al menos, con lo que de él depende.

Los apuntados
Políticamente hablando sería, además, inaceptable formalizar en el tiempo un tributo creado en los olvidables tiempos de Alberto Fernández y con la única finalidad de controlar al dólar e intervenir en el mercado cambiario. Para peor hubiera sido aceptar una impostura de los gobernadores para conseguir más fondos con un costo ínfimo y pagado sólo por el presidente. Otra utopía. 

Ahora Milei tendrá unos días durante su viaje por Israel, Italia y el Vaticano para reflexionar acerca de su venganza. Curiosamente no tiene a los legisladores peronistas en su mira. Tampoco en particular a los gobernadores de esa extracción política. En su listado están los responsables de las provincias que deberían haber apoyado su proyecto Bases.

Hay nombres y apellidos, según el comportamiento de los legisladores en el Congreso. En la mente de Milei están en la mira las transferencias a Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sanz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).

Con informacion de MDZOL.com

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