Javier Milei tiene disponible un arma nueva para negociar las reformas

El Gobierno nacional apura la negociación con opositores amigos y enemigos para poder mostrar avances con la nueva ley ómnibus (o Ley Bases, como le gusta llamarla a los libertarios) antes que termine abril. Para Javier Milei es imprescindible renovar su capacidad de tomar medidas que vayan más allá de esquema motosierra-licuadora con la que el Ministerio de Economía viene domando el déficit fiscal.

El Gobierno avanza con la reducción de organismos y personal, pero necesita que el Congreso despeje las nubes sobre la capacidad de Milei de tomar decisiones. Algo que en suma no es otra cosa que gobernabilidad, para llevar adelante una reforma que perdure y sea viable. Algo que aún no está quedando claro para el público en general. Tampoco para el mercado y el propio FMI que admiran la dureza del presidente para llevar adelante el histórico ajuste del gasto, pero piden precisiones sobre el aguante que tendrá el cuerpo social del país para tolerarlo.

No fue casual que Rodrigo Valdes, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, pidiera hoy en una conferencia en Buenos Aires que "el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras".

El Fondo hace tiempo que cambió sus clásicas recetas. Un poco por convencimiento doctrinario de la ineficiencia de una ortodoxia irracional, pero también por el temor a volver a ayudar a que Latinoamérica se precipite en otra crisis como las que se vieron a fines de los '90. Argentina fue el mejor (o peor) ejemplo de eso.

Milei ajusta más que ninguno, pero necesita garantizarse las herramientas legales para hacerlo. Después del fracaso del primer intento por votar la ley ómnibus y que la Justicia le bloqueara el capítulo laboral dentro del DNU de desregulación, el presidente pareció comenzar a aprender a negociar o, lo que es igual, a hacer política.

De ahí que Guillermo Francos trajine desde hace tiempo en reuniones con gobernadores, diputados o senadores para armar una nueva mayoría que posibilite votar la nueva ley ómnibus, que en versión de dos textos el Gobierno ya tiene casi lista. La semana próxima habrá encuentro con gobernadores de la UCR y el PRO, hoy con los caciques del Norte en una cumbre salteña. El ministro  ya logró el primer poroteo de posibles votos sentándose con los diputados que lidera Cristian Ritondo. Los resultados por ahora son positivos.

Por lo pronto, habrá inclusión en la nueva ley ómnibus de todo el capítulo de la reforma laboral que la Justicia tiene bloqueado en el DNU, aunque con algunos cambios en la relación con los sindicatos. Los imprescindibles cambios laborales no tienen solo apoyo libertario, sino también del PRO e inclusive de algunos radicales y peronistas que hasta votaron en contra de la ley ómnibus, pero están de acuerdo en la necesidad de una reforma. Para la economía es una señal imprescindible dentro de las medidas que Milei si o si debe tomar para sacar a la economía del brutal parate en el que se encuentra ahora. Abrir el cepo más temprano que tarde es otro de los requisitos esenciales.

Para todo eso Milei necesita votos y ahora aprendió que no los tendrá si no acuerda con los gobernadores. El FMI tambien se lo dice indirectamente cuando le exige al libertario que garantice gobernabilidad.

En todo ese proceso Milei puede tener un arma que, curiosamente, surge de la propia crisis en la que esta metida la Argentina. El país hoy no tiene vigente una ley de Presupuesto Nacional 2024.

El cambio de Gobierno y la crisis del final de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa terminó por enterrar la posibilidad de aprobar una nueva ley de presupuesto.

El oficialismo hizo lo mismo que CFK debió hacer en el 2010, cuando no tuvo aprobado el presupuesto: firmó un decreto reconduciendo el Presupuesto 2023, tal como habilita la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control.
Y esto, le permite gastar hasta $ 40,2 billones, monto con que por el impacto de la inflación alcanza para llegar, a lo sumo, a cubrir partidas hasta la primera semana de mayo.

El problema no es que falten fondos en medio del ajuste que lleva adelante Luis Caputo, sino que la mayor recaudación que ingrese necesita de resoluciones del Jefe de Gabinete de un DNU para redistribuirla. Tal como hicieron casi todos los presidentes, desde Néstor Kirchner hasta Alberto Fernández (con la única excepción en Mauricio Macri que en una ocasión le pidió autorización al Congreso), Milei y Nicolás Posse deberán distribuir y asignar partidas por resoluciones y de forma discrecional.

Para ser más precisos: el Gobierno tiene el poder para definir desde ese momento cómo se distribuyen las partidas del presupuesto reconducido y a quienes van los fondos. Con esa herramienta, el diálogo del Gobierno con mandatarios provinciales, intendentes y cualquier funcionario cambia de manera rotunda. Milei lo sabe y también lo saben los gobernadores.

La negociación por la nueva norma que le habilite al Gobierno el uso de facultades extraordinarias, el poder para desregular y reformar el Estado y ahora también una reforma laboral por ley, tomará entonces otra velocidad. A Francos los gobernadores del PJ ya le pidieron flexibilizar el freno a la obra pública.

Esa es la prueba más acabada de la negociación que está en marcha. El interrogante ahora es saber si todos (Gobierno y gobernadores) aprendieron de los errores que cometieron en el pasado más lejano o en los últimos meses o volverán a tropezarse con la misma piedra.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM