Axel Kicillof y la oportunidad histórica de reconstruir la Suprema Corte

La magistratura de la provincia de Buenos Aires profundizó su crisis de vacancias. La salida del ministro de la Suprema Corte (SCBA) Luis Genoud pone nuevamente sobre el escenario uno de problemas que Axel Kicillof no puede resolver: la cobertura de cargos judiciales ahora agravada con una Corte que desde el 1 de junio funcionará con apenas tres integrantes.

La gestión judicial no parece estar presente en la agenda del gobernador. En su discurso del 4 de marzo ante la Asamblea Legislativa, que dio inicio al período de sesiones ordinarias, el tema estuvo ausente.

“Por el momento no hay acuerdos, Kicillof vive en Narnia. La Corte está desintegrada”, criticó ante Letra P un funcionario nacional del PRO que ocupa un cargo relevante en el gobierno de Javier Milei y tiene fuertes vínculos con la magistratura provincial.

Esta situación anómala desde el regreso de la democracia será emparchada. Ante la emergencia, está establecido que el cuarteto mínimo de funcionamiento será cubierto por quien esté al frente del Tribunal de Casación bonaerense. Será la exfiscal de La Plata y titular del cuerpo Florencia Budiño.

La Constitución provincial no establece cómo debe estar integrada la Corte. Eso está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se detalla que estará formada por “siete miembros”. Según la Carta Magna, las o los integrantes serán “designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros”.
Más allá de los nombres que suenan, la ausencia de acuerdo político entre oficialismo y oposición y lo que algunos ven como un funcionamiento deficiente del Senado complican el panorama.

La historia indica que las designaciones para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial en general y en la SCBA en particular siempre las definieron las cúpulas del peronismo y del radicalismo bonaerenses, con un último visado de los ministros cortesanos.

Ese mecanismo no escrito comenzó a crujir con el arribo del macrismo a la Cámara alta. Al punto que la exgobernadora María Eugenia Vidal logró imponer al exjuez federal Sergio Torres en uno de los sillones de la cima judicial, quien fue resistido por un sector del peronismo, un sector del Colegio de Magistrados y hasta por el exministro cortesano Eduardo De Lázzari (fallecido), quien sostuvo entonces que no cumplía con el requisito constitucional de ser nativo o tener domicilio en la provincia de Buenos Aires.

El oficialismo no tiene los votos necesarios para imponer postulantes. Tendrá que negociar con los bloques opositores. Unión por la Patria tiene 21 integrantes; el PRO, 11; UCR Cambio Federal, 8; La Libertad Avanza, 3; Derecha Popular, 1; Buenos Aires Libre, 1 y Libertad Avanza, 1. En estas 46 bancas está parte de la responsabilidad de ponerle coto a esta situación de extrema gravedad.

Axel Kicillof y los puentes en construcción
La foto del recinto no es buena por la carencia de diálogo, pero algunos puentes comenzaron a construirse. Desde hace varios meses, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, junto a otros actores políticos “están trabajando para destrabar las vacancias”, señalaron a este medio fuentes oficiales.

Voces del Ejecutivo dijeron que desde diciembre "se están acelerando los procesos de selección en el Consejo de la Magistratura", pero que "la nueva vacancia en la Corte acelera aún más todos los procesos". "Esta situación no le conviene a nadie”, dijo la fuente.

Los actores involucrados no pierden de vista que la designación para cubrir vacantes en la Corte es una discusión que va más allá de una gestión de gobierno, en virtud de que son cargos a perpetuidad.

Con todo, en las últimas reuniones hubo un punto de acuerdo. Según pudo saber Letra P, de las cuatro vacantes en la Corte, al menos dos deberán ser cubiertas por mujeres. Distintos actores consultados señalaron que hubo niveles de "diálogo profundo", con "más racionalidad". Todos coinciden en el prestigio del que goza la Corte, "muy superior al de la federal”.

El oficialismo podría mandar una primera terna para que el gobernador elija al o la postulante. La persona que surja de ese primer corte de nombres deberá luego ser sometida a juicio de los representantes de la Cámara alta. El radicalismo tiene también más de un nombre para proponer.

Quiénes se prueban la toga
Como es habitual cada vez que se produce una vacancia, se escuchan nombres en los pasillos de los distintos fueros provinciales. Nadie pica en punta, pero los posibles postulantes empiezan a sonar. Y varias son mujeres.

Una de las miradas está posada sobre la jueza Budiño, quien en otras oportunidades fue convocada por el máximo tribunal. Además, el último 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, fue distinguida por la Corte al ser la primera mujer en ocupar un cargo en el máximo tribunal del fuero penal provincial.

También suena el nombre de otra jueza que desarrolla sus labores en La Plata: se trata de la titular del Juzgado Contencioso Administrativo 4 de la capital bonaerense, María Ventura Martínez, quien tiene fuertes lazos personales con el intendente y extitular de la cartera de Justicia, Julio Alak.

En el radicalismo hay una postulante que suena desde hace varios años. Se trata de la concejala marplatense y abogada Marina Sánchez Herrero. La letrada, de amplia trayectoria en el terreno de la Justicia fue vicepresidenta del Consejo de la Magistratura nacional.

Para el cupo masculino se anotan el actual juez de Casación Víctor Violini, cuya postulación está en el ruedo desde hace varios años. Fue uno de los magistrados que, en un principio, no avalaba la llegada de Torres a la Corte, pero, luego de una reunión en la sede del Colegio de Magistrados bonaerense, esas diferencias parecen haber desaparecido.

El otro es Ulises “Coco” Giménez, titular de la Secretaría de Enjuiciamiento a Magistrados del Senado de la provincia de Buenos Aires. Su experiencia en derecho electoral y su buen vínculo con el oficialismo y gran parte de la oposición lo ubican en una situación expectante.

Desde la Fiscalía de Estado bonaerense y la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) analizan poner sobre la mesa de discusión al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Miguel Berri, un histórico de los comités radicales.

Uno sector del intendentismo peronista tiene su candidato. Se trata de Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de la municipalidad de Avellaneda y querellante en causas por delitos de lesa humanidad. Cuenta con el apoyo de los jefes comunales Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza (La Matanza) y Mario Secco (Ensenada).

¿Una silla porteña?
“No dejes de seguir lo que pasa con la cobertura de vacantes en la Corte de la Nación. Mirá que de ahí puede bajar una candidata”, alerta a este medio el abogado de un expresidente con muy buena llegada a la Corte provincial.

El letrado hizo referencia a la abogada especialista en derecho de Familia Marisa Herrera, una militante por la legalización del aborto y hermana de la destacada bailarina Paloma Herrera.

“Marisa fue propuesta por el kirchnerismo para la Corte federal, pero fue rechazada por el oficialismo libertario. El plan alternativo es su postulación en la provincia. En su lugar, para la Nación impulsaron a la abogada y docente universitaria Ivana Bloch”, detalló el interlocutor.

En parte, Herrera depende de la pulseada en la Corte Suprema. Tiene la resistencia del presidente Javier Milei, de su vice Victoria Villarruel y de la Iglesia. Como contrapeso, además del kirchnerismo, tiene el aval del senador porteño Martín Lousteau y del exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.

El porteñocentrismo tiene otro nombre para esta partida. Impulsa a Carlos Balbín, quien fue Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y Procurador del Tesoro de la Nación, expulsado del cargo por el expresidente Mauricio Macri. Se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.

Más vacantes que parecen estar fuera del radar
Completar la Corte no es la única tarea que el tiempo actual les demanda a Kicillof y al Senado que conduce Verónica Magario. Desde hace casi un año nadie ocupa el sillón del subprocurador general, que quedó vacío tras la jubilación del histórico Ángel de Oliveira.

A esto se sumará la designación del Defensor General de la provincia de Buenos Aires, espacio creado a instancias de la Suprema Corte que ordenó dividir el Ministerio Público en acusación (fiscales) y defensa (defensores oficiales).

Con esa decisión, la Corte recortó el poder del procurador general vidalista Julio Marcelo Conte Grand, quien tiene bajo su ala a los dos lados del mostrador del proceso penal, tal como este medio reflejó en diversas oportunidades.

Para el cargo de defensor general provincial siguen en carrera dos anotados: Andrés Harfuch, uno de los impulsores del mecanismo de juicio por jurados, y el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, quien obtuvo el máximo puntaje en el examen.

La Defensoría General es una estructura nueva. En ella hay muchos cargos letrados en juego que, no se descarta, también formen parte de la discusión.

Tiempo de ajedrez político
Se denomina estrategia al plan para alcanzar un objetivo. Táctica son las acciones que se llevan a cabo para lograr ese objetivo. En este tablero judicial, el oficialismo y la oposición por el momento no demuestran demasiado su juego.

En caso de seguir con el vaciamiento de tronos en la cúspide judicial bonaerense y más allá del perfil profesional buscado o deseado por el oficialismo, el gobernador deberá transitar un terreno que no es de su agrado, pero sí de suma relevancia política e institucional para la provincia que gobierna: construir una nueva Corte, verdaderamente independiente y con paridad de género.

Durante una entrevista con Letra P, en 2020, el entonces secretario general de gobierno, Federico Thea, señaló que el perfil buscado por el gobierno debe “conocer el derecho público provincial, entender el rol institucional como cabeza de un poder y tener trayectoria académica, además de entender la realidad social y las desigualdades que existen en la provincia. (Necesitamos) alguien preocupado por los derechos humanos, por la realidad de los más vulnerables”, dijo.

Sumar aliados, avanzar con concesiones, diálogo permanente y construir puentes es el manual básico de la denominada “rosca política”, otro de los factores centrales que dirá presente durante todo el proceso de designaciones, desde un juez de paz hasta llenar todos los casilleros vacíos de la Corte.

CON INFORMACION DE LETRA P.VBN