El contraste de calles sin pesos y rutas con “agrodólares”

La llegada del primer cargamento de soja de la nueva cosecha es toda una tradición para la Bolsa de Comercio de Rosario. Ocurrió el 19 de marzo pasado. Fueron 27,5 toneladas que venían del norte de Corrientes, casi en la frontera con Misiones.

Con ese simbólico episodio, arrancó uno de los movimientos más esperados por el equipo económico que encabeza Luis Caputo: la ansiada liquidación estacional de las divisas del agro que, se supone, debería funcionar como combustible extra –tras varias temporadas de sequía– para atemperar los furiosos y rústicos movimientos del ajuste fiscal.

En los accesos al Gran Rosario hay colapsos, por el desfile de camiones con destino a los puertos donde opera el complejo oleaginoso. En la zona, calculan que circulan, en promedio, 18 mil unidades diarias que llevan soja para molienda y exportación. Son el equivalente a 750 vehículos pesados por hora.

Son “agrodólares” que viajan en camiones. Todo este movimiento abrillanta los ojos en el Banco Central, que entró en la fase de “shopping recargado”, con un volumen de compras diarias de dólares que no se veía desde hace dos años. El objetivo: terminar de sacar las reservas del sótano, mientras siguen las limitaciones sobre el pago de importaciones.

El efecto es doble, porque a través de las retenciones llega la sangre que no fluye por las arterias tradicionales de la recaudación impositiva. En el primer trimestre del año, los derechos de exportación dejaron 662% más que en igual lapso de 2023.

 
Junto con el impuesto Pais, son los únicos tributos que crecen en términos reales y que dejan todos los billetes en la caja nacional, porque no se coparticipan.

Lo que está pasando es como la esquina maldita de dos grandes avenidas con imágenes muy contrastantes, porque el ritmo de las cosechadoras y de los camiones que llevan granos choca con un mediocre nivel de actividad en la mayoría de los sectores y, por lo tanto, con muy pocos vasos comunicantes.

Lo mismo ocurre con los ingresos de los hogares, no sólo corroídos por la inflación acumulada desde la devaluación de diciembre, sino que ahora empiezan a masticar las duras actualizaciones en las tarifas de gas y de electricidad.

 
Es cierto que el proceso de desinflación se está produciendo a un ritmo mucho mejor que el esperado, a punto de haber desafiado la estacionalidad de marzo.

La consultora EcoGo calcula que, a fuerza de recesión, la inflación del mes pasado fue menor a la de febrero y habría cerrado en 12,5%, con un alza de 10,7% en alimentos y bebidas, cada vez más cerca del dígito mensual.

Pero la velocidad que el Gobierno le ha dado al ajuste, junto con un profundo freno productivo, es lo que adelanta, de manera dramática, el riesgo para miles de familias de caer en la pobreza, un estatus bajo el cual ya estaba un tercio de los hogares argentinos al cierre del año pasado.

El contraste
Mientras las rutas que atraviesan las principales zonas agrícolas cobijan la procesión de la cosecha inicial de granos gruesos, en las calles hay pocos pesos y el ánimo es diferente.

Los sindicatos y los movimientos sociales están cocinando futuros paros y protestas, aunque con músculos desvanecidos en la misma crisis de representatividad que le extendió un cheque en blanco al presidente Javier Milei.

El telón político de fondo es la negociación con los gobernadores para la segunda chance de lo que quedó en pie de la denominada “ley ómnibus”, como la antesala hacia el “pacto de mayo” que propuso el Gobierno.

Algunos dirigentes históricos, que saben de los jirones que arrastran estos procesos, advierten que los tiempos podrían estirarse, sobre todo porque las provincias pujan por captar algo más para sus estresadas finanzas.

Aunque cueste creerlo, la temperatura de la calle también está en la mira del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elogia las correcciones fiscales de Milei, pero sospecha de la teoría de la inmolación económica.

La posición del organismo es, si se quiere, esperable. Quiere señales de sustentabilidad para terminar de cobrar el capital y los intereses de los millones de dólares que prestó en tiempos de Macri. Y también garantías, si es que finalmente accede a otorgar los avales para blindar la salida del cepo cambiario.

El monitor de humor social y político que elaboran D’Alessio-Irol y Berensztein refleja que para el 76% de los consultados su situación económica es peor que un año atrás.

Pero destaca que, por primera vez desde octubre pasado, las perspectivas de mejora superan (por apenas un punto) a las de empeoramiento. Es el hilo del que tira el Gobierno, aunque tan fino y tenso que todavía no basta para alejar los nubarrones de la precariedad.

*Para La Voz del Interior