En la antesala de la marcha en defensa a las universidades públicas, en Casa Rosada comenzó a circular la idea de un esquema especial que divida los gastos de funcionamiento de las casas de estudio públicas entre el Estado y un "fondo de egresados" a voluntad. Según explicó una alta fuente de Gobierno, fue una "propuesta" de funcionarios de la UBA, pero aún no hay nada concreto. Al mismo tiempo, fuentes de esa universidades explicaron a este medio que la postura que mantienen es en defensa de la educación pública y de un presupuesto que permita su correcto funcionamiento y desarrollo.
Bajo el lema "en defensa de la educación pública", este martes 23 se realizará una marcha -con principal concentración en Buenos Aires- en donde los alumnos, profesores y demás participantes saldrán a la calle para ir en contra del ajuste a las universidades y en exigencia del presupuesto que necesitan para seguir sus tareas que, hasta el momento, se encuentran obstaculizadas. A pesar de ello, el vocero Manuel Adorni confesó este lunes que se alcanzó un acuerdo con las autoridades máximas de las universidades para incrementar el presupuesto universitario en dos tramos, hecho que fue confirmado por el Ministerio de Capital Humano que anunció que se terminó "con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior" y que el 22 de abril las universidades recibieron un total de "$21.888 millones del Estado Nacional para su funcionamiento".
"Este Gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda la partida asignada", agregaron desde el organismo a cargo de la ministra Sandra Pettovello, en el medio de la polémica por la intención del Gobierno de querer realizar las auditorías correspondientes en cada área.
Un rumor que provoca incertidumbre
En Balcarce 50 no es la primera vez que una persona con gran poder dentro del círculo del Gobierno explica que la determinados funcionarios de la UBA (Universidad de Buenos Aires) han propuesto un "esquema especial, estilo americano" para cambiar la forma del financiamiento de las facultades públicas. En ese sentido, la misma fuente agregó que la propuesta en la que laburan se basa en que "los gastos del funcionamiento los paga el Estado y el resto de los gastos, como inversiones, desarrollo, obra, los pagan" los exalumnos a través de un "fondo de egresados" opcional. Es decir, el que quiere aporta.
"Es un modelo interesante", lanzó esta fuente en un pasillo de la Rosada, aunque aclaró que aún no hay nada certero y que es decisión de las universidades la implementación del mismo.
Es por esta razón que MDZ se comunicó con distintas fuentes de la UBA para consultar si realmente se estaba pensando un esquema como el mencionado anteriormente. Las respuestas fueron todas negativas y explicaron que eso debería ser una propuesta que solo las autoridades máximas de la universidad podrían hacer aunque aseguraron que "eso no vino de ellas".
Respuestas
"Me asombraría muchísimo, con este tema estamos muy alineados", confesó una fuente con años en la gestión de la UBA. Y agregó: "Cualquier propuesta de financiamiento alternativo dudo que venga de las universidades". Para algunas personas que caminan desde hace años los pasillos de la UBA la intención del Gobierno de "ir contra la educación pública" y proponer su auditoría se basa en querer que "se desvíe la atención pública porque estos temas convocan".
Otra fuente de la UBA también manifestó -como lo hicieron fuentes consultas del CIN- que la idea es llegar a acuerdos y diálogos con el Gobierno en el medio de tanta incertidumbre, hecho que podría ocurrir el próximo 30 de marzo, día que se eligió para que los representes de las universidades públicas y funcionarios del Ejecutivo se reúnan para aclarar sus posturas y hacer pedidos.
Desde el CIN negaron la propuesta de un "esquema especial" y enfatizaron en que su postura se basa en todo lo que comunican oficialmente, como lo que dijeron este lunes a las 17, en una conferencia de prensa en donde explicaron los puntos claves para avanzar en un acuerdo con el Gobierno, que -como expresó el vicerrector del organismo, Oscar Alpa- no se ha respondido ante los temas planteados desde el verano.
Entre los principales reclamos se encuentra la problemática de un acuerdo universitario relegado y no actualizado, el atraso salarial de los docentes, la incertidumbre del sistema de becas y apoyo estudiantil, que han sido abiertas en abril pero se encuentran con valores distorsionados y reducidos; la necesidad de financiar el CONICET y la investigación universitaria con desarrollo científico y la paralización de obras frenadas en las facultades. Las autoridades del CIN hablan de un "ahogo financiero" en el medio del silencio del Gobierno, que no permite que las universidades sigan con su normal funcionamiento.
Desde el Ejecutivo lanzan, luego de realizar el depósito del "100% de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales con el aumento del 70% y por un total de $10.075.851.995, que es necesario avanzar con las auditorías en las facultades porque "son autárticas pero las banca el Estado" y este "no puede controlar en que gastan la plata".
Asimismo, con estas declaraciones también se entienden los dichos del vocero presidencial Adorni que enfatizó que el Gobierno siempre "va a defender a los alumnos, a su derecho a educarse" pero que no está de acuerdo con la marcha porque creen que está "encentivada por la política" y los políticos de turno que "usan a las universidades" para beneficio propio.
CON INFORMACION DE MDZOL.COM