Qué dice la Ley Bases y cuáles son los artículos que podrían complicarle la votación a Victoria Villarruel

El Senado de la Nación finalmente tratará la Ley Bases este miércoles desde las 10. El megaproyecto de Javier Milei tendrá una serie de cambios de lo que se aprobó en Diputados. Si bien para la votación en general La Libertad Avanza asegura que tendrá los votos, se espera un final abierto en tres capítulos que tiene la ley, facultades delegadas, privatizaciones y Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Una vez aprobado en el Senado se espera que vuelva a la Cámara de Diputados para que se puedan aprobar las modificaciones que recibió en la Cámara alta. En caso de que alguna modificación se haga con la mayoría especial de los dos tercios, la Cámara baja no podrá desestimarla salvo que vuelva a repetir ese número, algo difícil para cualquiera de los dos sectores.

Las facultades delegadas serán el primer escollo 
En el primer artículo, se declaran las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. A diferencia del primer proyecto que se trató a principio de año en Diputados, que eran por cuatro años e incluía siete emergencias más. Además, se agregó un párrafo en el que se indica que el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas de formas mensual sobre qué hace con esas facultades.

El segundo capítulo es del de la delegación de facultades, y acá aparece uno de los puntos más ríspidos, en que muchos senadores, de distintos sectores se resisten a votar. El Gobierno tendría la facultad de intervenir y disolver distintos organismos públicos, a pesar de algunas excepciones, para "mejorar el funcionamiento del Estado". Además, suman como motivo para esto "la gestión pública, trasparente ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común.

Las declaraciones de Javier Milei sobre su odio al Estado y sus deseos de destruirlo desde adentro poco colaboraron para que más senadores se entusiasmaran en cederle estas facultades del Legislativo al Ejecutivo. "Si hay jefe de Estado que toma decisiones erróneas, hay otros dos poderes para contrarrestarlo. ¿Por qué le daríamos más facultades a alguien que quiere destruir el Estado?", planteó uno de los senadores que votaría en general a favor, pero no quiere votar estos puntos.

Entre los organismos que quedaron excluidos de la disolución está el Conicet, el Malbrán, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Incaa, la Conae, el Enacom, la Anmat, el Senasa, el Cenard, entre otros.

Aerolíneas Argentinas y el Correo se resisten a ser privatizadas
El otro capítulo importante en la reforma del Estado tiene que ver con las privatizaciones. El dictamen de oficialista, que al ser el de mayoría será el primero que se vote habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., y de Intercargo SAU. Además, deja sujetas a concesión y al ingreso de capitales privados a Correo Argentino, Aysa, Belgrano Cargas, Servicio de Operadores de Ferrocarriles SE y Corredores Viales S.A.

El principal temor de los senadores, principalmente de los patagónicos tiene que ver con la aerolínea de bandera y con Correo Argentino. El temor de quedar desconectados con el resto del país en el caso de que el ingreso de capitales privados derive en un peor funcionamiento de los servicios, hace que muchos legisladores no estén dispuestos a votarla.

Por eso, algunos radicales, como Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi (Chubut), le piden al Gobierno que si va a privatizar, los compradores informen cómo van a hacer para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. Algo de esto planteó Martín Lousteau en su dictamen,

"En el caso de de Aerolíneas la propuesta deberá asegurar la vinculación aerocomercial entre los distintos puntos del país. En el caso del Correo  deberá garantizar que el servicio postal se preste a precio razonable en todas las localidades del país", indica el proyecto del senador radical.

En el artículo 13 se indica que las privatizaciones deberán ser controladas por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que opera en el Congreso de la Nación. Además, la Auditoría General de la Nación también participará a posteriori de este proceso con la fiscalización de los aspectos legales y financieros de cada una de las compañías.

El RIGI podría ser corregido en el recinto
El Gobierno está dispuesto a avanzar con el RIGI, una de las piedras bases de esta ley. Entre la media sanción hay una serie de modificaciones que Martín Lousteau y el kirchnerismo consideraron "cosméticos". 

En el artículo 164, que legisla sobre los "objetivos prioritarios" de este régimen que apunta a traer inversiones que van entre 200 y 900 millones de dólares por dos años, se agrega un inciso que dice: "Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI".

Acá podría agregarse en el trabajo en el recinto un inciso para sea más específico el desarrollo de la cadena de producción local, y efectivamente se cumpla el plan. "Así como está las empresas solo van a tener que presentar un plan de desarrollo. Nada más. Ni se dice de ejecutarlo ni cuándo deberían hacerlo"

También, se eliminan los beneficios impositivos para la importación de los bienes de capital usados y sólo queda para los nuevos. Así sólo queda para lo que sean a estrenar. Este era uno de los cambios que se pedía sobre este régimen.

A diferencia de la media sanción, el dictamen oficialista, incorpora un nuevo inciso para justificar los rechazos a la incorporación al RIGI. Esta nueva cláusula de rechazo es si se considera la posibilidad de "una distorsión en el mercado local".

En el artículo 196 de la Ley Bases se modifica el plazo a partir del cuál entra en vigencia el beneficio en los derechos de exportación para las empresas que ingresen al RIGI. La media sanción indica "desde la fecha de adhesión al RIGI" y la modificación señala de la "puesta en marcha" del proyecto.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM