Pidieron citar a indagatoria a Nicolás Maduro en Argentina por crímenes de lesa humanidad

El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) solicitó este lunes 29 de julio que se cite a declaración indagatoria en Argentina al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acaba de ser reelecto en medio de graves denuncias por fraude, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos bajo sus mandatos.

La presentación la hizo el abogado Tomás Farini Duggan ante el juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos, justo después de que se proclamara ganador de los comicios realizados ayer, aunque con la oposición y diversos organismos internacionales, hasta incluso varios gobiernos de otros países latinoamericanos, que denunciaron que hubo un fraude para impedir que ganara el candidato Edmundo González.

Por esta causa se investigan delitos cometidos en Venezuela como secuestros, torturas y hasta homicidios de dirigentes opositores. Por eso, el magistrado argentino ya le tomó declaración a una docena de testigos y libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos.

En ese marco, la querella ya reclamó la indagatoria de Maduro “bajo apercibimiento de disponer su captura internacional en caso de no presentarse sin debida justificación”. 

Qué dicen las denuncias contra Maduro en Argentina

En ese pedido, se cita a tres distintos informes de Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Se trata de una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.

Allí, en el primero de ellos, se detallaron casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, se advirtió que altos funcionarios estarían involucrados. También señalaron que esos actos fueron cometidos para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

En un segundo informe, se concluyó que el sistema de Justicia colaboró al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, se presume que 82 personas fueron torturadas.

Y en el último de los informes de la Misión incorporado a la causa, identificaron los patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas. Entre la violencia física aparece “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, o “cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas”, entre otros. Hay además casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas.

El pedido de indagatoria es basado en los principios de Justicia Universal que permiten juzgar en un país los crímenes de lesa humanidad que se cometen en otro pero que no se investigan. “La Ley 26.200 de Argentina, que implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece que los tribunales argentinos podrán ejercer la jurisdicción respecto de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el extranjero, siempre que así se establezca en los tratados y convenciones internacionales de los que sea parte Argentina. Argentina es parte de los Convenios de Ginebra y los Protocolos I y II, que obligan a la Argentina a juzgar o extraditar a autores de graves violaciones infracciones a las convenciones que se encuentren en el territorio del país”, expresaron en la denuncia.

Con información de Perfil