Ascensos militares: obstáculos en el Senado para un brigadier

El 26 de diciembre de 2024, un día posterior a la Navidad, entraron al Senado los expedientes N°143,144 y 145 sobre el pedido de ascenso de oficiales superiores de las tres fuerzas armadas.

La solicitud del Poder Ejecutivo lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Luis Petri, y comprende la promoción de 155 oficiales al grado inmediato superior.

Se trata de personal militar de altas jerarquías, generales, coroneles, tenientes coroneles y grados equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea que integrarán la conducción castrense.

Hay pliegos de ascenso de la Fuerza Aérea que podrían obstaculizarse por requerir un estudio más detallado por parte de los senadores.

Es, por ejemplo, el caso del brigadier Marcelo Monetto, actual subjefe de la Fuerza Aérea. Está mencionado en una causa por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento que duerme desde hace 3 años en la fiscalía federal N°2 de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Casas Noblega.

El expediente de la denuncia cajoneada se arrastra de la gestión de Monetto como director de la Escuela de Aviación Militar en 2019/21. Allí se forman los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.

Se originó por acción de la entonces cadete de segundo año, Ángeles P., que promovió la denuncia penal mencionando al brigadier Monetto y otros oficiales de la cadena de autoridades y médicos del instituto porque según su testimonio, incumplieron deberes y obligaciones luego de que ella denunciara una agresión sexual cometida por 2 cadetes de cuarto año.

En octubre de 2024, la Cámara 2° del Crimen de Córdoba condenó a Julio Mauricio Méndez, uno de los excadetes, a tres años por abuso sexual agravado por la participación de más de dos personas.

El segundo imputado en la causa, Leonardo Espíndola, murió dos días antes del juicio y se investiga si fue suicidio. Era el más comprometido en los hechos.

La otra parte irresuelta que merece una respuesta de la Justicia y atención del Senado es el calvario institucional a que fue sometida Ángeles P. por haberse animado a denunciar el abuso.

Un día después de ocurrido el abuso sexual, y tras poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido, la cadete relató que recibió 12 sanciones de parte de sus superiores.

Sufrió obstáculos de todo tipo por parte de los cadetes más antiguos y autoridades, una agenda de exámenes de imposible cumplimiento por el reducido tiempo que mediaba entre materias, y el extremo de cumplir pruebas de rendimiento físico correspondientes a tres cursadas en un solo día. Todo apuntado a quebrar su voluntad y llevarla a la baja de la escuela.

En un escrito fechado el 27 de abril de 2022 con relación a un amparo para ser reincorporada, ya que Ángeles P. había sido separada del instituto, el juez Miguel Vaca Narvaja, a cargo del tribunal federal N°3 de la provincia de Córdoba, dijo: “De las constancias de la causa se refleja que ni las autoridades legales de la Fuerza Aérea Argentina ni las de la Escuela de Aviación Militar actuaron conforme protocolo para atención de víctimas que denunciaron una agresión sexual”.

El juez afirma en su dictamen que Ángeles P. “alumna del año inferior que denunció a alumnos de años superiores, no recibió la adecuada atención médica y mucho menos psicológica”.

“Se verifica que la Escuela de Aviación Militar no actuó conforme la obligación de debida diligencia asumida por el Estado Argentino, el abordaje en este caso resultó ser agresivo, estigmatizante y derivó en revictimización”, continúa.

En otro párrafo el magistrado concluye que “de las actuaciones se desprende que los intervinientes dudaron de la palabra tratándola de forma indigna conforme al hecho denunciado”.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM