El conflicto docente ya acumula más de dos meses de presión, y amenaza con llegar a un nuevo estadio. Si el gremio consigue dar una demostración de fuerza contundente, alcanzando un amplio margen de adhesión en la doble jornada de paro y consiguiendo una movilización multitudinaria el martes, entonces seguramente conseguirá también modificar la naturaleza propia del conflicto. Convertir lo que nació como un conflicto sectorial en un problema que interpele a la sociedad en su conjunto. En un problema de Gobierno.
Para hacerlo, lo docentes encuentran (y encontrarán) serias dificultades. La primera de ellas es que el Centro Cívico cuenta con múltiples herramientas para operar en la marcha del conflicto. Puede dilatarlo, apelando a la conciliación obligatoria. O puede hacer girar el falso los mecanismos de consulta de la UEPC con ofertas que no marquen un aumento real de la dedicación presupuestaria a la revalorización de los salarios docentes. O incluso puede “puentear” a la representación gremial concediendo aumentos por fuera de la mesa paritaria, buscando una fractura interna en el gremio entre quienes ocupan las posiciones más bajas del escalafón y los demás. Sin embargo, el gremio también cuenta con un variable a explotar: la oposición al Gobierno Provincial.
Ya tras el rechazo de la última oferta, la delegación capitalina de la UEPC buscó y encontró el apoyo de los legisladores de la oposición. Primero, de los radicales, que ya habían salido a denunciar que el Estado Provincial sub ejecutó, el año pasado, el presupuesto destinado a financiar el Sistema Educativo, que la Ley Provincial de Educación fija en el 35 por ciento del presupuesto total. Luego, a ese respaldo se sumó también el juecismo, que por medio de una carta abierta publicada por Luis Juez cargó contra la gestión de Martín Llaryora e hizo propios los reclamos de la UEPC. O, al menos, a aquellos que la UEPC no dirige contra el Gobierno Nacional.
La validación de la oposición es un factor clave, porque legitima el reclamo ante la sociedad, y corre el foco que fijó la Provincia, que tras el rechazo de su segunda oferta salió a culpar a la interna de la UEPC como él único elemento que explicaba aquel rechazo. Además, puede volverse indispensable para el gremio. Porque si el reclamo no consigue legitimación, si a la presión propia que ejercen los docentes no se suma un reclamo transversal de la sociedad para solucionar el conflicto, entonces el Gobierno Provincial podrá insistir en una estrategia de desgaste que, con más resignación que convicción, termine inclinando hacia la aceptación a la Asamblea Provincial de la UEPC.
Para conseguir que el conflicto rompa el molde, los docentes -y principalmente la delegación Capital- ha salido a cuestionar la asignación de recursos que el Gobierno Provincial hace al sistema educativo, señalando una merma progresiva en la dedicación presupuestaria a la Educación.
Ahora bien, más allá de cómo quede dibujado el tablero tras el paro y la movilización de este martes, lo cierto es que la Provincia no puede prestar solo atención a solucionar el conflicto. Debe encontrar la manera correcta de hacerlo para que el actual cortocircuito con la UEPC no se convierta en un problema sistémico para el Centro Cívico. Vale entonces mirar el archivo.
Poco después de llegar al Palacio 6 de Julio, Llaryora aprovechó la pandemia para ir a una fuerte confrontación con el Suoem, recortando la jornada de los municipales, desarticulando los nodos de poder más importantes del sindicato y escindiendo la gestión del poder de fuego del gremio en carteras y oficinas clave del Gobierno Municipal. Pero a pesar de esta profunda avanzada, el entonces intendente no cargó contra la cabeza del Suoem. Sabía ya, por su experiencia previa en gestión, que un orden regido el criterio que fuere es preferible al desorden. A la anarquía. A la pérdida de referencia. Y eso es lo que explica la continuidad de Rubén Daniele al frente del Suoem.
Por eso, para el Centro Cívico es vital que la conducción provincial de la UEPC no salga herida de muerte de este conflicto. La oposición gremial, que nuclea a auto-convocados e independientes, pero que es mayormente liderada por agrupaciones de izquierda, ya plantó bandera en las dos principales delegaciones de la Provincia: Capital y Río Cuarto. Y tiene grandes chances de incrementar su representatividad en las elecciones de delegados escolares que tendrán lugar entre septiembre y octubre. De hacerse con el control del gremio, o siquiera de aumentar significativamente su gravitación en la Asamblea Provincial, alcanzará un poder de veto capaz de complejizar aún más el desarrollo de las próximas paritarias para la Provincia.
CON INFORMACION DE DIAIRO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.