El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, eligió la salida institucional al dilema que plantea Javier Milei con el nombre de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia. “Yo no tengo ninguna postura, creo que es una decisión del Presidente y que el Senado tiene que debatir”, dijo.
Que Llaryora elija el refugio de la corrección no significa la ausencia de una opinión sobre el tema, o bien, que no tenga una estrategia en el tetris del poder.
En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, su mesa chica se mueve con la misma mesura. Refuerzan la postura del jefe con matices aptos para todo público. Sin emitir consideraciones de valor sobre Lijo, el cordobesismo plantea el componente de género. Un guiño de paz al gobierno minarquista.
La senadora Alejandra Vigo presentó un proyecto ley sobre paridad en la Corte, en el marco del ciclo de diálogos interinstitucionales que organizó la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) en junio. Conversó con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tiempo más tarde diría que Lijo está flojo de papeles para semejante cargo. Una pista contundente, pero nadie sabe -ni siquiera Llaryora- la suerte de ese voto.
Llaryora también cree que el máximo tribunal debe tener mujeres. No propone nombres públicamente, incluso en su entorno se hacen los desentendidos. Sin embargo nadie ignora que, si de pergaminos se trata, las vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, María Cáceres de Bolatti y Aída Tarditti, pueden acreditarlos. La lista de candidatas sale fácil, pero no es sólo una cuestión de gracias y trayectorias.
La apuesta de Martín Llaryora y el silencio de Alejandra Vigo
La prescindencia llaryorista empieza a no serlo tanto cuando en encumbradísimos despachos del gobierno admiten que apoyarían una ampliación del número de integrantes de la Corte. “No nos parece mal”, opinan.
Esa concesión es toda una definición política. Marca una diferencia sustancial con la postura de su antecesor, Juan Schiaretti, y puede presumirse de la senadora Vigo. Pese al trabajo orgánico con Llaryora, no es un secreto en este punto del mapa el juego en tándem de la senadora cordobesista con su socio político y compañero de vida.
Schiaretti rechazó la ampliación de la Corte que propuso Alberto Fernández en junio de 2022. El argumento no tiene giros novedosos para quienes frecuentan el estilo del excandidato presidencial. “El kirchnerismo quiere colonizar la Corte Suprema”, repetían en ese entonces las principales espadas del cofundador del cordobesismo.
En los pasillos del Poder Judicial de Córdoba domina una opinión: abrirle la llave a los gobernadores en la designación de los magistrados, como propone ahora Milei, es un paso hacia la feudalización de la Justicia. “Empezará a funcionar como el Senado”, comparan encumbradas voces locales. Las objeciones sobre Lijo tampoco son una novedad.
Las vacantes de la Justicia de Córdoba, otra vez en la mira
Llaryora no iría en contra de esa cosmovisión, pero en los despachos centrales de la política cordobesa estas piruetas con la realidad judicial nacional terminan en Córdoba. “El gobernador quiere liberar vacantes en el Tribunal Superior de Justicia”, dicen en distintos extremos del establishment local.
La vacante que dejó la salida de Mercedes Blanc de Arabel sigue pendiente. Como contó Letra P, el vocal Luis Rubio ratificó que no piensa retirarse. Si llegase el momento de proponer nombres ante una eventual ampliación de la Corte, se da por descontado que Tarditti será el que Llaryora pondrá sobre la mesa. Si se diera, la apuesta saldría redonda.
Más allá de estas versiones circulantes, no hay elementos para asumir que Llaryora se subirá al pelotón de pares del peronismo nucleado en Unión por la Patria que desde hace años quieren mayor injerencia en el poder que se presume independiente. “No es un tema relevante para el gobierno de Córdoba”, insisten sobre el asunto que protagoniza Lijo y sus derivadas.
La necesidad detrás de los gestos a Javier Milei
Al menos, sobresale una intención de exponer una gestualidad con Milei, en momento de negociaciones de fondos. El Presupuesto nacional para 2025 es la gran pelea que dominará las próximas semanas. Para Llaryora, las asignaciones de esas partidas son asunto de Estado. La relación se amasa con lo que esté al alcance.
En el Panal no ignoran el giro reciente del esquema presidencial tras el consabido bochazo a Lijo, aunque no el de Manuel García Mansilla. “Los dos o ninguno”, soltaron las fuerzas del cielo esta semana, al tiempo que empezó a tallar el plan B para la ampliación de la Corte.
La Corte, el TSJ, las referencias amigables de Llaryora a los fuegos de artificio libertarios. Para el Círculo Rojo uno más uno es dos.
Lo cierto es que para otras figuras se trata de discusiones distintas. En el Senado, voces cordobesas empiezan a disparar las señales de alerta. Vigo se mantendrá en calculado silencio, mientras que Juez no objeta la ampliación, aunque advierte en privado sobre los peligros de una “Corte de oportunistas” que supone cambiar apoyos por postulantes.
Son varias las diferencias, las necesidades y los contextos de cada estratagema política. El schiarettismo mantendrá el hermetismo que, pese a las señales del gobernador, no transparenta si Milei contará con el voto de Vigo.
Por ahora, lo que importan son los gestos y los resultados fácticos de los acuerdos. Llaryora se encargó de dejarlo en claro.
Con información de Letra P, sobre una nota de Yanina PASSERO