A un año del mega DNU de Javier Milei que sacudió al país: qué continúa vigente y qué no

Un año atrás, el presidente Javier Milei aparecía en cadena nacional rodeado por sus ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada para proclamar un hito fundacional de su Gobierno: el DNU 70/2023. Un día después, un 21 de diciembre, saldría publicado en el Boletín Oficial. El megadecreto imponía de un plumazo más de 350 reformas que iban desde una reforma laboral o la habilitación de la privatización de empresas públicas hasta la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes de fútbol. Sin embargo, la arremetida del libertario encontró resistencias, tanto en el Congreso como en la Justicia, y algunos de sus puntos hoy están suspendidos, mientras que otros fueron ratificados como leyes.

El decreto diseñado para "comenzar a destrabar el andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido el país" entró en vigencia a fines de diciembre pasado. Inmediatamente, distintos actores políticos y sociales acudieron a los tribunales para presentar amparos o pedidos de inconstitucionalidad que frenaran su avance mientras el Congreso discutía si debía dejar correr el decreto o tirarlo abajo. Otro protagonista en esta película es la Corte Suprema, que tiene en sus manos varios planteos al respecto y tiene los medios para desactivarlo, pero eso no parece que vaya a suceder pronto y hasta que eso ocurra el DNU perdurará.

Reforma laboral
Los planteos para impugnar el DNU en su totalidad no prosperaron, por lo que cada punto debía ser discutido individualmente por aquellos que se consideraran afectados. El primero en llegar fue el de la CGT contra el capítulo laboral, que entre otras cuestiones modificaba las condiciones de retención de la cuota sindical, imponía reglas para la negociación colectiva, reducía las indemnizaciones por despido y limitaba el derecho a huelga en actividades consideradas esenciales.

El amparo de la central obrera logró una medida cautelar que frenó ese apartado el 3 de enero en la Cámara del Trabajo, decisión que luego obtuvo sentencia definitiva de primera instancia en la Cámara de Apelaciones, que declaró la "invalidez constitucional" del Título IV del decreto.

El Gobierno apeló el fallo en febrero a través de los abogados de la Procuración del Tesoro y la supervivencia del apartado laboral pasó a depender de la decisión del máximo tribunal, que meses después todavía no se definió al respecto. Sin embargo, algunos puntos como la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo a la indemnización finalmente fueron sancionados por el Congreso como uno de los puntos dentro de la Ley Bases.

Sociedades Anónimas Deportivas
Otro punto frenado por la Justicia fue la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas, que desató un conflicto abierto entre el Gobierno y la AFA. El organismo que dirige Claudio 'Chiqui' Tapia, un gran opositor a la llegada de capitales privados a los clubes, impulsó una medida cautelar en el Juzgado Federal de Mercedes a través de una acción judicial de la Liga de Futbol de Salto. La misma suspendió los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023, que disponían la habilitación de las SAD dentro de las asociaciones civiles, además de los artículos del Decreto Reglamentario 730/2024.

 A fines de septiembre, el Juzgado Federal de Mercedes falló de fondo en favor de Tapia, pero el Gobierno cuestionó la legitimidad del tribunal y apeló la decisión. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín falló a principios de diciembre en favor de la AFA y ratificó el congelamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas "hasta tanto fuese dictada la sentencia definitiva".

Aumento de las Prepagas
Otra cuestión discutida fueron los artículos 267 y 269 que desregulaban los aumentos de las prepagas, que en los primeros 3 meses de Gobierno libertario acumularon un alza en sus cuotas del 89%, según datos de la consultora PxQ, contra una inflación que en ese periodo sumó un 71%.

La medida enfrentó una serie de cautelares que sólo beneficiaban a quienes llevaban adelante las acción, es decir, no suspendían la aplicación del DNU en todo el país ni les ordenaban retrotraer aumentos a todos los afiliados de estas prepagas. Sin embargo, en agosto la Cámara Federal de Paraná declaró inconstitucional el artículo en un caso particular contra OSDE cuyos efectos aplicaban para todos los usuarios de esa prestadora de medicina prepaga. Además, el fallo funciona como precedente para reclamos frente a otras empresas, quedando en manos de los jueces la decisión de la validez o no de los incrementos.

El aumento desmedido en la salud privada fue reconocido por el propio Gobierno, que la semana pasada imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación entre diciembre del año pasado y abril de 2024. 

Ley de Tierras
El artículo 154 del megadecreto planteaba la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, la cual había creado el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad para limitar la adquisición y posesión de tierras en manos de extranjeros. La medida desató polémicas y también tuvo repercusiones a nivel judicial.

Una de ellas fue llevada a cabo por el Centro de exCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal de La Plata. El juez federal de feria Ernesto Kreplak concedió la cautelar y suspendió el artículo el 29 de enero, pero tras finalizar el receso judicial el juez federal Alberto Recondo rechazó el planteo del CECIM y revocó la cautelar.

Sin embargo, la Sala III de Cámara Federal de La Plata finalmente decidió revocar esa sentencia de grado y declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en torno a la derogación de la Ley de Tierras, cuya vigencia continúa hasta el momento.

Pugna en el Congreso
La Ley N° 26.122 sostiene que para que un DNU deje de tener vigencia, este debe ser rechazado tanto por la Cámara de Senadores como la de Diputados. Esto es algo que solo ocurrió una vez en la historia, cuando el Congreso rechazó el pasado septiembre el Decreto 656/24 que le otorgaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fondos por $100 mil millones con carácter reservado.

En materia del DNU 70/2023, desde su anuncio desató discusiones entre los bloques de la oposición, que se debatían entre voltearlo por completo, como proponía Unión por la Patria, o dejarlo avanzar y eventualmente bloquear alguna parte en caso de considerarlo necesario. Esta posición era defendida por los bloques dialoguistas como la UCR, el PRO o el por ese entonces Hacemos Coalición Federal, que daban el visto bueno a algunas de las medidas.

En ese marco, Unión por la Patria hizo valer su peso en la Cámara Alta y logró el rechazo al decreto con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Sin embargo, el Gobierno ha demostrado a lo largo del año su éxito para bloquear iniciativas de la oposición en Diputados, tal como lo hizo con los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario o a la Reforma Jubilatoria. Lo mismo hizo con el decreto desregulador.

El único intento de debatirse en la Cámara Baja fue a fines de noviembre, en una sesión para modificar la ley de ludopatía y juego online. Allí, la legisladora del Frente de Izquierda Vanina Biasi solicitó tratar sobre tablas la derogación del DNU 70/2023, pero no logró los dos tercios necesarios que exige el reglamento en esos casos. La votación tuvo 113 votos a favor y 100 en contra, además de 11 abstenciones. Acompañaron el rechazo Unión por la Patria, el FIT, y legisladores aislados de la Coalición Cívica, el radicalismo y el ala socialista de Encuentro Federal.

"La decisión fue atacar legislativamente algunas cosas puntuales que podían presentar problemas y no ir en contra del DNU en su totalidad como sí lo hizo el Senado, porque queríamos que este corriera para ver cuál de los problemas de Argentina realmente resolvía", aseguró el diputado nacional radical Martín Tetaz, en diálogo con MDZ, y agregó: "Ahí tenés las dos oposiciones que hay en el Congreso, una constructiva que trata de que al Gobierno le vaya bien poniéndole frenos en las cosas que no van, como por ejemplo el ajuste de jubilados, la suba de impuestos, el ajuste de las universidades, y otra que directamente quiere que le vaya mal al gobierno y le desaprueba todo".

Vigencias
Pese a las mencionadas trabas, la gran mayoría de los puntos del Decreto 70/2023 continúan vigentes, como por ejemplo la derogación de la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Compre Nacional, la Ley de Promoción Industrial, la Ley de Promoción Comercial.

También rigen las derogaciones de las leyes que regulaban la actividad minera, la vitivinícola y el algodón, además de reformas en el sector energético como la entrega de facultades a la Secretaría de Energía para redeterminar la estructura de subsidios vigentes destinados a la energía eléctrica y el gas.

A su vez, continúan los cambios y desregulaciones en el Código Aduanero y el Código Civil y Comercial; pero también en las agencias de viajes; en los servicios de internet satelital; y las reformas en materia de salud, como el establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos, entre muchos otros más cambios que según el presidente "comenzaron el camino de la reconstrucción".

CON INFORMACION DE MDZOL.COM