Desaparece la AFIP: ¿en qué le cambia la vida a la gente?

La decisión del gobierno de eliminar la AFIP y crear ARCA, el nuevo ente recaudador de impuestos, tiene lógica en términos de reducir la cantidad de personal y los sueldos extravagantes que cobraban sus funcionarios.

Ahora bien, ¿en qué beneficia este cambio al contribuyente común y al ciudadano común? En rigor, el cambio para la gente se sentiría si se eliminaran formularios, se simplificara el sistema tributario y se bajara la carga impositiva. Tener un ente más chico para que cumpla con las mismas funciones que cumplía el ente más grande, tiene el beneficio de bajar el gasto público, pero su efecto en el bienestar de la gente y de la economía pasa a ser marginal.

Por eso el paso siguiente debería ser iniciar un proceso de simplificación del sistema tributario. Por ejemplo, en lo que va de 2024 la AFIP emitió 137 resoluciones generales, casi una por día hábil.

Esta cantidad de resoluciones implica un costo administrativo muy grande para las empresas y las personas físicas. Contadores, abogados tributaristas, personal que se encargue de completar formularios, etc.

En rigor, todo el sistema tributario está diseñado para que el contribuyente siempre esté en falta con el fisco y la ley de procedimiento fiscal es violatoria de los derechos más elementales del contribuyente.

En la era K tuve que soportar siete inspecciones de la AFIP, una verdadera persecución fiscal, y aprendí lo indefenso que está el contribuyente frente al fisco.

Cuando uno lee la ley de procedimiento fiscal, al contribuyente lo pueden fusilar al amanecer, en la plaza mayor y sin juicio previo. La AFIP fue creada en 1996 y su primer administrador fue Carlos Silvani que estuvo al frente de la AFIP hasta 2000.

Silvani venía del FMI y tuve la oportunidad de tratarlo personalmente. Me invitó a almorzar a la AFIP para intercambiar ideas luego de un debate muy respetuoso que tuvimos por radio América.

En ese almuerzo, que insisto fue muy cordial, me dijo que si se presionaba a la gente para que cumpliera todas las normas impositivas vigentes, creaba un caos social porque eran imposibles de cumplir. Esto ocurrió hace 24 años, así que hoy es mucho más grave la situación.

Al punto al cual quiero llegar es que redimensionar el ente recaudador está bien, pero esto debe ser completado con una simplificación del sistema tributario y una baja de la carga impositiva.

En particular yo empezaría por reducir los derechos de exportación para tener un mayor movimiento por el lado del sector externo. Lo que se deje de recaudar por derechos de exportación se recaudará por más IVA, ganancias y demás impuestos nacionales y provinciales por el movimiento que tendría el sector agropecuario como primer motor y el resto de los sectores económicos que exportan.

Es más, con tasas en los derechos de exportación más bajas pero más volúmenes exportados, los ingresos por derechos de exportación aumentarían.

El dato a tener en cuenta es que el mismo día que se anunció la disolución de la AFIP y la creación de ARCA, también se anunció que todos los medios de comunicación tienen que cobrar el IVA.

Puede haber todo un debate sobre si los medios de comunicación deben cobrar el IVA, que en realidad lo terminan pagando los consumidores. Es más, los medios van a tener crédito de IVA para compensar con lo que cobran.

Ahora bien, si esto se lo piensa como un principio de igualdad ante la ley, la pregunta es: ¿por qué IVA sí a los medios y el régimen de Tierra del Fuego es un derecho adquirido como sostuvo Milei cuando le preguntaron si lo iba a eliminar?

Incluso, si los medios van a cobrar el IVA, a mayor recaudación se debería bajar la alícuota del IVA en el monto que se recauda. El gráfico 1 muestra la evolución de los gastos tributarios como porcentaje del PBI en base a un trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Es decir, cuánto deja de recaudar el Estado de diferentes impuestos dado los regímenes especiales que le quitan carga tributaria a determinadas actividades. Como puede verse, en 2024 el gasto tributario llegó a 3,48% del PBI.

Como contrapartida el sector agrícola tiene una confiscación muy grande de su rentabilidad, que va hasta un 67% de la renta en el caso de la soja. En la medida que se siga expoliando al sector privado con alta carga tributaria, va a ser muy difícil que la economía entre en una senda de crecimiento.

Es más, el sector agrícola está pasando por un serio problema de sequía, en el caso de la soja tiene un impuesto del 34% de derechos de exportación, el tipo de cambio está atrasado y encima el precio de los granos viene bajando. Todos los factores le juegan en contra.

Con esa combinación, la cosecha del próximo año será, en el mejor de los casos, del mismo nivel que la de este año y, por lo tanto, no habrá tantos ingresos de dólares por el lado agrícola como se espera.

Finalmente, tanto Caputo como Milei, en IDEA, les pidieron a los empresarios que inviertan. La realidad es que no es función ni del presidente de la nación, ni del ministro de Economía pedirles a los empresarios que inviertan. El empresario invierte si ve condiciones adecuadas para hundir inversiones. Y esas condiciones adecuadas las tiene que dar el gobierno.

Es decir, el gobierno crea las condiciones de seguridad jurídica, impositivas, regulatorias, legislación laboral, cambiarias, etc. y los empresarios, si ven esas condiciones convenientes y ven negocios, lo que los economistas llamamos demandas insatisfechas, hunden inversiones.

Con lo anterior quiero decir que, me parece, el gobierno apela al voluntarismo en materia de inversiones cuando debería limitarse a generar el contexto para seducir al capital.

Esa desesperación por pedirle a los empresarios que inviertan muestra la necesidad imperiosa del gobierno para que entren dólares. Y nadie va a traer dólares mientras se mantenga el cepo.

Siempre terminamos en el mismo problema: el control de cambios y el cepo que frenan cualquier expectativa de inicio de un proceso de crecimiento.

Y al control de cambios hay que agregarle nuestra historia de violación de los contratos por parte del Estado, cambios arbitrarios en las reglas de juego, confiscaciones, etc.

En otros términos, atraer inversiones no depende solo de lo que haga el gobierno ahora. Argentina va a tener que demostrar durante varios años que, no importa quién gobierne, ciertas reglas de juego se mantienen inalterables. Lo que se conoce como seguridad jurídica.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM