Cristina Fernández de Kirchner se prepara para recibir un duro revés judicial: ¿puede ir presa?

La justicia federal argentina se prepara para escribir un nuevo capítulo en uno de los casos más resonantes de corrupción de la última década. El próximo miércoles, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificará la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

El equipo legal de la exmandataria ya adelantó que apelará la decisión ante la Corte Suprema, lo que extenderá el proceso judicial. La estrategia defensiva busca evitar que la sentencia quede firme, en un contexto donde la renovación del máximo tribunal podría influir en el desenlace del caso, tras la inminente salida del juez Juan Carlos Maqueda.

Los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña darán a conocer su decisión en una audiencia pública en Comodoro Py. Según circula en los pasillos tribunalicios, el fallo sería dividido: dos votos mantendrían la condena original, mientras que una postura minoritaria buscaría endurecer la pena incluyendo el delito de asociación ilícita.

La jornada estará marcada por un fuerte operativo de seguridad, ante la convocatoria a una clase pública frente a los tribunales. El acto, organizado por Juan Grabois y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, contará con la presencia de representantes del presidente brasileño Lula da Silva y denunciará lo que consideran un caso de persecución política.

A pesar de la confirmación de la condena, la expresidenta no enfrentaría la prisión efectiva en el corto plazo. Su edad, superior a los 70 años, le permitiría solicitar el arresto domiciliario en caso de que la Corte Suprema ratifique la sentencia. Sin embargo, la eventual aprobación de la ley de ficha limpia podría impedirle presentarse como candidata en futuras elecciones.

La causa, que involucra a 14 imputados, mantendrá las condenas originales dictadas en diciembre de 2022, incluidas las de Lázaro Báez y José López, ambos sentenciados a seis años de prisión como partícipes necesarios del fraude contra la administración pública. 

CON INFORMACION DE MDZOL.COM