Diputados avanza con una batería de proyectos que incomoda al Gobierno de Javier Milei

Es primero de mayo y la oposición más cruda al oficialismo ya redobla la apuesta. Este mes, la Cámara de Diputados querrá avanzar en las investigaciones por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, pero también con una serie de proyectos que va en contra de la motosierra libertaria: declarar la emergencia en discapacidad, tener un presupuesto universitario y marcar un nuevo régimen para la moratoria previsional vencida.

El Cuerpo interpeló al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el martes pasado; y tiene en miras convocar para la semana del 12 de mayo a los titulares de Justicia y Economía, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, respectivamente. Además, por esas fechas, el recinto deberá congregarse para también definir las autoridades de la Comisión Investigadora del criptoactivo. 

La agenda legislativa que proponen los bloques más críticos al Gobierno quiere incomodarlo. Por un lado, buscarán aprobar el proyecto de ley de Discapacidad en Emergencia, el cual recibió dictamen en Diputados este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda (sin la participación de su titular, José Luis Espert). Dicha iniciativa busca, principalmente, una recompensación de emergencia mensual en los servicios para el sector de discapacidad hasta diciembre del 2027. 

Después, intentarán avanzar en una actualización del presupuesto universitario, similar al proyecto que fue vetado el año pasado. Insistirán para que se convoque a la Comisión de Presupuesto e iniciar su tratamiento. La idea de esta iniciativa es actualizar las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales.

En tercer lugar, tienen en miras crear otro régimen previsional que reemplace la moratoria ya caduca. El mismo permitiría que aquellas personas en edad de jubilarse y que no reunieron los 30 años de aportes que dispone la ley, puedan percibir un ingreso proporcional a lo que sí llegaron a aportar. 

Por supuesto que La Libertad Avanza se opondrá a cada uno de estos proyectos. De hecho, las negativas ya comenzaron a llegar tras el dictamen a la iniciativa de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifestó, a través de un comunicado, su enérgico rechazo: "Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión".

Paralelo a ello, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Leandro Genua, se descubrió que 672 instituciones tienen pendientes rendiciones de fondos públicos en más de $33 mil millones. Dicha deuda se basa en programas y convenios que habían realizado con el Gobierno anterior, y los principales deudores son la UTN y la UBA.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM