Emergencia en seguridad en Santa Fe: La oposición mira con ojos de ganador

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Al mismo tiempo que arma comisiones, prepara su narrativa, estudia el nombre más conveniente, diseña líneas de acción y su arquitectura legal, el novel frente opositor santafesino cierra filas en la Legislatura entre los bloques que representan a las fuerzas políticas que lo componen. La ley de emergencia en seguridad en Santa Fe es la prueba inicial.

Radicales, socialistas y el PRO están decididos a introducir modificaciones al proyecto que envió el Ejecutivo para renovar la ley que venció el 31 de diciembre último. Sin embargo, el texto no conformó “porque sólo contempla los mecanismos administrativos para acelerar compras, pero deja de lado todo lo demás que tenía la ley de 2022”, explican en la oposición.

Además de pretender ampliar el contenido y los alcances de la normativa, la oposición prepara una contrapropuesta. Quiere una ley de emergencia de dos años de duración o de un año con cláusula de prórroga automática por otro, sin necesidad de aprobación legislativa. En cualquier caso, abarcaría el último año de Perotti y el primero del nuevo gobierno. Hasta el 31 de diciembre de 2024.

 Esa contrapropuesta parte del convencimiento de que lo que no se hizo hasta ahora no lo puede hacer el cuarto ministro que acaba de asumir, y con apenas diez meses de gestión por delante. Por lo tanto dan por sentado que se trata de un periodo de transición.

“La oposición tiene muchas probabilidades de ganar la provincia, y lo que nos mostró la última crisis que se llevó puesto al anterior ministro es que quien gobierne va a tener que hacerse cargo de este fierro caliente que va a dejar Perotti”, dijo la semana pasada un líder opositor.

 En el gobierno provincial no tienen posición definida sobre la contrapropuesta que, vale aclarar, hasta ahora no se formalizó. Esperan que el flamante ministro Claudio Brilloni termine de inventariar las necesidades para los 10 meses de gestión, antes de avanzar en las conversaciones previas y luego sí en la negociación de la letra de la ley.

 “Lo único que nos queda claro es que si la oposición ya se quiere asegurar leyes para el año que viene es porque creen que pueden gobernar la provincia pero en minoría”, lanza un funcionario provincial en alusión a las intenciones del gobernador Omar Perotti de presentarse como candidato a diputado provincial.

Por lo pronto, la Casa Gris desactivó la convocatoria a la Legislatura del ministro Brilloni para el próximo miércoles. Los enlaces de la Casa Gris le aclararon a los referentes legislativos de la oposición que primero se convocará a la Junta Provincial de Seguridad, para que sea en ese ámbito donde Brilloni explique los lineamientos de su gestión.

El gobierno intentó convocarla para el sábado pasado, pero hubo dificultades para la asistencia de los miembros del Poder Judicial y el MPA, por lo tanto a partir de este miércoles se definirá una nueva fecha, que no pasará de esta semana o la próxima.

 Una vez que se concrete ese encuentro –del que participan miembros de los otros poderes del Estado– recién ahí Brilloni irá a las cámaras a buscar un acuerdo por la ley de emergencia en seguridad en Santa Fe.

De la mesa electoral a la Legislatura
Los recientes acuerdos electorales que alumbraron al frente opositor, necesariamente deben traducirse al trabajo legislativo. Radicales, socialistas y PRO inician 2023 coordinando posiciones en los temas neurálgicos. En 2022 no sólo no existió esa comunión política, sino que en varios temas votaron divididos y en algún caso hubo serios cortocircuitos.

 Esta semana el arco opositor empezó a buscar posiciones comunes en materia de seguridad y otros temas que tallarán fuerte en el comienzo de año. Cabe recordar que las elecciones primarias serán el 16 de julio y el cierre de listas el 12 de mayo. Por lo tanto la actividad legislativa fuerte se concentrará en los primeros meses porque con la campaña electoral ya lanzada se dificultan los acuerdos.

 Seguridad es uno de los asuntos clave en los que el arco opositor empieza a medir el futuro. Si llegara a la gobernación, la herencia, según señalan las estadísticas del propio Observatorio de Seguridad, tendrá menos margen de maniobra que la que el Frente Progresista le dejó al peronismo, al menos en el sur y especialmente en Rosario donde la situación empeoró dramáticamente.

La llegada de Claudio Brilloni al Ministerio de Seguridad tiene cierto crédito dentro de la oposición. El perfil del excomandante de Gendarmería permite pensar una transición sin grandes confrontaciones hasta el próximo gobierno, sea cual fuere el signo político. Como se dijo, el ministro concurrirá primero a la Junta Provincial de Seguridad para mostrar los lineamientos de esta etapa de transición, y luego pasará por la Legislatura donde lo recibirán las comisiones de seguridad de Diputados y Senadores para trabajar la ley de emergencia.

El desarrollo del concurso de autoridades superiores de la Defensoría Penal y el Ministerio Público de la Acusación, en especial este último, es otro tema al que la oposición no le saca los ojos de encima, porque de allí surgirán los lineamientos y funcionarios responsables de llevar adelante la política de persecución penal fiscal durante todo el mandato del próximo gobernador.

 A pesar de que en la agenda pública no está muy presente, es el tema institucional más relevante a resolver en la provincia en los próximos tres meses. Quien gane la provincia deberá convivir con el fiscal general y los fiscales regionales, que son actores centrales en la persecución del delito y el abordaje de la seguridad pública, por lejos la principal problemática de Santa Fe.

Con información de Aire de Santa Fe, sobre una nota de DAVID NARCISO

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